La conmemoración en Chile de los 30 años de la Operación Colombo terminó de desarmar el montaje mediático que ocultó en 1975 los asesinatos de 119 personas, pero la prensa y los periodistas que se prestaron a esa maniobra se niegan aún a admitir sus responsabilidades.
Desde el jueves hasta este sábado se mantuvo en la Plaza de la Constitución, frente al palacio de gobierno de La Moneda en Santiago, una presentación artística y multimedial con que culminaron 10 días de homenajes a los 100 hombres y 19 mujeres que sufrieron uno de los mayores actos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que permanecen desaparecidos.
Todos eran militantes de izquierda que habían sido detenidos o secuestrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, y a los cuales se hizo aparecer como muertos en territorio argentino por pugnas internas de grupos guerrilleros.
El 23 y el 24 de julio de 1975 la filial chilena de la estadounidense agencia UPI (United Press International) y los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y La Tercera difundieron en riguroso orden alfabético la nómina de los 119 como muertos por rencillas internas, divulgada a su vez en la edición del día 15 de la revista Lea de Buenos Aires, y el 17 en el diario O'Dia, de Curitiba, Brasil.
Fue un sórdido montaje, señala un folleto del Comité 119, de familiares de las víctimas, en el cual se recuerda que tanto la revista argentina como el diario brasileño tuvieron vida efímera: una única edición cada uno en los días mencionados.
Lea fue publicada por la editorial Codex, de propiedad estatal y entonces bajo el control de José López Rega, fundador de la Triple A, un escuadrón de la muerte que adelantó la represión contra opositores continuada poco después por la dictadura argentina (1976-1983).
La Operación Colombo, como la bautizó la propia DINA, fue en alguna medida precursora del Plan Cóndor, el operativo de coordinación de los aparatos represivos del Cono Sur montado desde octubre de 1975, ya que en ella actuaron los servicios secretos de las dictaduras militares de Argentina, Brasil y Chile.
Exterminan como ratas a miristas, fue el titular con que el vespertino La Segunda, del consorcio periodístico El Mercurio, se hizo eco de las presuntas revelaciones de los supuestos medios argentino y brasileño, aludiendo al hecho de que la mayoría de las víctimas eran militantes del proscripto MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).
Lucía Sepúlveda, presidenta del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile, estableció a través de una minuciosa investigación que 94 de las 119 personas eran militantes del MIR, nueve eran comunistas, otros nueve socialistas y los restantes del Movimiento de Acción Popular Unitaria o independientes.
Eran luchadores sociales y políticos, 25 eran dirigentes en sus partidos. Seis habían sido de la escolta del presidente Salvador Allende. Eran sobre todo jóvenes: 102 con edades entre 18 y 30 años y 13 entre los 30 y 40 años. Entre los 119 hubo seis parejas, señaló Sepúlveda en un encuentro con estudiantes de periodismo.
Entre todos las víctimas de la Operación Colombo sumaban 97 hijos, pero 13 de ellos nacieron después de que su padre cayó en manos de la DINA y por tanto nunca lo conocieron, agregó Sepúlveda, viuda a su vez del periodista Augusto Carmona, dirigente del MIR, asesinado por la represión dictatorial el 7 de diciembre de 1977.
El periodista Mario Calderón y el estudiante de periodismo Luis Durán forman parte de la lista de los 119, así como Sergio Lagos y José Jara, quienes junto a Durán habían creado una agencia de prensa clandestina para enviar información hacia el exterior.
Desde comienzos de 1975, mientras aumentaba la presión internacional para que el régimen de Pinochet respondiera las denuncias sobre desapariciones forzadas, la prensa oficialista chilena comenzó a difundir versiones sobre la presencia de guerrilleros chilenos en Argentina.
Tras el golpe de 1973 sólo siguieron circulando en Chile los diarios proclives al régimen, en particular de la cadena El Mercurio, a la cual pertenecen también Las Últimas Noticias y La Segunda, y del Consorcio Periodístico S.A. (Copesa), propietario del matutino La Tercera.
Estos medios se prestaron a la campaña que creó un clima propicio para la Operación Colombo, en la que la revista Lea y el diario O'Dia fueron engranajes finales que dieron cobertura y justificación mediática a una maniobra montada por las dictaduras.
Treinta años después, se sigue debatiendo en Chile la responsabilidad de la prensa, mientras que desde el punto de vista político y penal las investigaciones que llevó a cabo el juez Juan Guzmán mostraron de modo inequívoco la responsabilidad de la dictadura de Pinochet.
Con base en las indagaciones del magistrado, que se acogió a retiro el 30 de abril de este año, el 7 de julio el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en una estrecha votación de 11 contra 10, aprobó el levantamiento del fuero penal del ex dictador para investigarlo como posible responsable de estos crímenes.
En la conmemoración de los 30 años de la Operación Colombo, el Comité 119, y la Corporación Comité de Derechos del Pueblo presentaron una demanda al Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas para que se pronunciara sobre la actitud de los profesionales involucrados en el caso.
Entre los partícipes del montaje se cuentan dos galardonados con el Premio Nacional de Periodismo. Uno es Arturo Fontaine Aldunate, subdirector de El Mercurio en 1975, que recibió el reconocimiento ese mismo año, y el otro es Héctor Olave, premiado en 2003 y actual jefe de informaciones de El Mercurio, que en esa época era subdirector de La Tercera.
La demanda ante el tribunal de ética menciona también a Mercedes Garrido, actual redactora política de El Mercurio, quien en 1975 era subdirectora de La Segunda y a quien se atribuye el titular Exterminan como ratas a miristas, considerado uno de los más violentos en los anales del periodismo chileno.
El Comité de los 119 reclamó también una reparación a los diarios que se hicieron eco de la maniobra, pero solo consiguió que El Mercurio publicara de manera parcial en su sección de lectores una carta pública, que fue completamente ignorada por la empresa Copesa.
IPS intentó recabar la opinión de los máximos dirigentes del Colegio de Periodistas, pero uno de los consejeros de esa organización señaló que están inhabilitados para pronunciarse antes de que el Tribunal de Ética emita un fallo.
La periodista Lidia Baltra, quien fue presidenta de ese tribunal hasta 2004, dijo a IPS que lo menos que debieran hacer (diarios como La Segunda y La Tercera) es una declaración desmintiendo sus dichos de hace 30 años y pidiendo disculpas a los familiares de los desaparecidos y a su público lector.
Para Baltra, la responsabilidad de los diarios chilenos es mayor que la de los que inventaron Lea y O'Dia, ya que se trata de órganos establecidos. Los medios se deben a la búsqueda y entrega de la verdad y es inconcebible que se presten para propaganda política, peor aún, para encubrir un acto de genocidio, dijo.
Ernesto Carmona, dirigente de un sector de izquierda minoritario en la mesa del Colegio de Periodistas, apoya el enjuiciamiento ético a los periodistas y medios involucrados. Así como los delitos de lesa humanidad jamás prescriben, las faltas éticas de los periodistas no tienen caducidad, dijo a IPS.
Los medios de Agustín Edwards (propietario de El Mercurio) y Álvaro Saieh (presidente del grupo Copesa), que controlan prácticamente toda la prensa nacional, le deben una explicación no sólo a los familiares de los 119, sino a toda la ciudadanía de este país llamado Chile, dijo Carmona.
