Analistas políticos y defensores de los derechos humanos cuestionan al gobierno de Ecuador por asegurar que lleva adelante una política de neutralidad respecto de la guerra civil en Colombia mientras colabora con fuerzas del país vecino en la represión a guerrilleros.
Mientras el canciller de Ecuador, Antonio Parra Gil, reitera que su país es neutral ante el conflicto interno colombiano, activistas recordaron que en un operativo policial conjunto fueron capturados en Quito supuestos integrantes de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que eran atendidos de heridas de bala en un centro de salud.
Pero Parra Gil había sido criticado por otros sectores ecuatorianos de utilizar en este asunto la calificación de neutral, en lugar de asumir la no intervención. El temor en este caso es que ello se tome como un reconocimiento de fuerza beligerante ûsujeto de derecho internacional— a la guerrilla izquierdista colombiana y no como mero grupo armado irregular como dice Bogotá.
Al ser consultado sobre el tema, el canciller ecuatoriano confirmó que la posición del gobierno que integra es de neutralidad, pues, según indicó, en Colombia hay un conflicto entre dos partes, y Ecuador no está con ninguna de las dos, por lo tanto es neutral.
Explicó que esa política se basa en que ha sido reconocido internacionalmente que en Colombia existe desde hace 40 años un conflicto armado e, incluso, las FARC han sido recibidas en distintos países como una parte de ese enfrentamiento.
En Colombia, además de las FARC, opera el también insurgente Ejército de Liberación Nacional, enfrentados a las fuerzas de seguridad estatales militares y policiales— y a los paramiltares ultraderechistas.
Empero, esa postura quedó en cuestión hace dos semanas, cuando en un operativo coordinado de inteligencia de las policías de Ecuador y de Colombia fueron ubicados y capturados en Quito presuntos guerrilleros de las FARC que estaban internados en una clínica de Quito.
Tras esas capturas fue el propio presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, quien le informó del asunto por teléfono a su par de Colombia, Álvaro Uribe, de visita entonces en España.
El ministro de Gobierno (interior), Mauricio Gándara, tras realizar diferentes cambios en la cúpula policial inmediatamente después de asumir el cargo en abril, reconoció que la policía ecuatoriana había venido coordinando con su similar de Colombia en la persecución de guerrilleros de ese país y con la de otros países.
Sin embargo, eso se terminará, aseguró entonces el funcionario del gobierno que sucedió a Lucio Gutiérrez, derrocado por decisión parlamentaria ese mismo mes en medio de un grave conflicto social.
Tal cooperación había quedado en evidencia en enero de 2004, con la captura también en Quito del dirigente de las FARC, Ricardo Palmera, conocido por su nombre falso Simón Trinidad.
En esa oportunidad el entonces ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, declaró que la captura del guerrillero contó también con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, confirmando la participación de fuerzas de los tres países.
Este es el resultado de una acción ejemplar de nuestras fuerzas del orden, policía y ejército en este caso, y con el apoyo vital del alto gobierno y de la policía de Ecuador, así como del gobierno norteamericano, señaló Alberto Uribe.
Esa operación conjunta fue criticada por Gándara, precisamente por entender que de ese modo Quito se involucraba en el conflicto armado colombiano.
Pero las contradicciones no se quedan ahí. Tras la reunión con la canciller colombiana, Carolina Barco, del lunes 25 en Quito, Parra Gil reafirmó el cuestionamiento a las fumigaciones de las plantaciones de coca ordenadas por Bogotá en la línea fronteriza común, que afectan zonas ecuatorianas.
Aún cuando Colombia sostiene que toman todas las precauciones, que no fumigan sino cuando están seguros del tema viento y cuando reducen las posibilidades de que pase a territorio nacional, que de hecho ha pasado, según informes no sólo de las Fuerzas Armadas, afirmó Parra Gil.
Una cantidad de organizaciones me han dicho que las fumigaciones aéreas son peligrosas para la salud humana, informó el canciller para luego agregar que la existencia del llamado principio de precaución obliga a que, si existen pruebas fehacientes y científicas de que algún químico afecta la salud, el Estado debe abstenerse de utilizarlo.
En cambio Barco, luego de la cita con Parra Gil, había confirmado a la prensa que Ecuador votaría por el colombiano Luis Moreno como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cual se concretó el miércoles 27, ratificando así un acuerdo previo establecido para respaldar dicha candidatura.
Moreno, embajador de Bogotá en Washington desde hace más de siete años, es cuestionado por participar en la gestación del Plan Colombia, de lucha antidrogas y antiinsurgente con financiación de Estados Unidos.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Ecuador hizo pública una carta en la que se indica que había informado al gobierno de Palacio sobre los antecedentes de Moreno, quien contó con el decisivo apoyo de Washington.
En la carta dirigida al presidente y a su canciller firmada por el portavoz de la APDH, Alexis Ponce, señala que, al votar por Moreno, Ecuador actuaría en contra de su propia política exterior frente al gobierno de Colombia y contrariaría los intereses del país frente a los efectos de la política exterior del Estado colombiano en nuestro territorio y la subregión.
Es de suponer que el presidente Palacio y la cancillería conocen la trayectoria de Luis Alberto Moreno, sobre todo como embajador en Washington, donde desde 1998 fue, y lo es aún, el principal artífice del diseño, cabildeo y la puesta en práctica del Plan Colombia, cuyos efectos han impactado negativamente en nuestro país, argumentó la APDH.
Moreno, ya elegido para suceder al uruguayo Enrique Iglesias al frente del BID, es conocido en círculos por su extensa relación no sólo en su propio gobierno estadounidense sino con el Congreso de ese país.
Ponce también afirmó que el propio Palacio instruyó a su ministro de Economía, Rafael Correa, para que votara por Moreno, pues en caso contrario debía dejar el cargo.
Correa, crítico de las políticas neoliberales del BID habría sido conminado por el propio mandatario a que votara por el embajador colombiano, debido a que empeñó su palabra con Uribe en la reunión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) realizada este mes en Lima, apuntó el activista humanitario.
Por su parte, Correa justificó su votación a favor de Moreno a través de un comunicado enviado desde Washington, sede del BID. Allí señaló que el diplomático colombiano era el representante andino con más opción y de mayor consenso, sin desmentir la denuncia realizada en Quito por la APDH de que fue condicionado a apoyarlo por el propio Palacio.
Según lo publicado en el portal informativo Ecuador Inmediato, Correa señaló que luego de varias semanas de negociaciones, la candidatura colombiana prevaleció sobre las otras andinas presentadas por Venezuela y Perú, que junto a Bolivia completan los cinco miembros de la CAN.
Con Luis Moreno, electo presidente del BID, mantuvimos una fructífera conversación en la que se asumieron compromisos de gran beneficio para el Ecuador, concluyó Correa.
