Los tres estudiantes llevaban a casa a unas compañeras tras un examen de matemáticas cuando fueron detenidos en una calle de la capital venezolana. Mostraron sus carnés universitarios y rogaron clemencia, pero sus atacantes, armados y algunos encapuchados, los maniataron, golpearon y acribillaron a balazos.
La justicia inculpó de estos asesinatos registrados en un callejón de Kennedy, un barrio pobre del sudoeste de Caracas, a agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), encabezados por el mayor del ejército José Peña y el teniente de navío Jorge Escalona, a cuatro efectivos de la policía judicial (detectives) y uno de similar fuerza municipal. Varios con rango de inspectores.
El grupo de seguridad buscaba a los asesinos de Eduin Toussaint, un joven agente de la DIM que había sido abatido en la zona donde fueron abordados los estudiantes y dos días antes, cuando unos delincuentes le atacaron para despojarle de su arma, e improvisaron un puesto de control en una vía que serpentea por la barriada.
Según testimonios, el automóvil con seis ocupantes fue interceptado por un agente, vestido de civil, encapuchado y con un arma larga. Los jóvenes, temerosos de un asalto, siguieron de largo, bajo el fuego de armas largas y cortas que hirió a una de las jóvenes.
Con los tres estudiantes de la de la Universidad Santa María viajaban en el pequeño vehículo tres compañeras de estudio que también fueron baleadas, aunque sobrevivieron, y se suman a familiares, vecinos y algunos policías que han revelado este crimen a manos de uniformados.
Ello ayudó a reconstruir la tragedia desatada la noche del 27 de junio. Cuando se detuvieron un poco más adelante para pedir ayuda para la joven herida, los policías les dominaron, asesinaron a los varones, Leonardo González, Edgar Quintero y Erick Montenegro, e hirieron a las acompañantes. La mayoría de los vecinos se ocultó en sus casas, temerosos de más muertes.
Los agentes entonces aprovecharon para montar una escena de crimen diferente: colocaron algunas armas en el suelo y en el auto, y recogieron los casquillos de las balas, incluso arrancando a martillazos algunos incrustados en paredes cercanas. De ese modo simularon un enfrentamiento con presuntos delincuentes.
Horas después, una segunda comisión policial, orientada por testimonios de familiares y tras llevar a las heridas a un hospital, logró develar el montaje del grupo encapuchado, y los medios de comunicación, la fiscalía y el gobierno descubrieron la verdad de lo sucedido.
Desde hace mucho tiempo en Venezuela se utiliza este procedimiento para transformar homicidios en enfrentamientos. Es una práctica histórica, admitió el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, en conferencia de prensa en la que describió la secuencia del crimen.
No tenemos forma ni manera de reparar el daño causado a esas familias por el asesinato de los jóvenes. Sólo podemos investigar para que se sepa la verdad, llevar los responsables ante la justicia y tomar las medidas que podamos para tratar de que esos hechos no se repitan, dijo Chacón al anunciar la destitución de seis jefes policiales.
El presidente Hugo Chávez dijo que no podemos tener en la calle asesinos con carné, matando gente. Uno entiende que un policía armado puede cometer un error, pero ahí no lo hubo. Pretendieron 'sembrar' armas para fingir un enfrentamiento. Eso da dolor e indignación. Hay que limpiar las policías.
Chávez se preguntó cuántas veces habrá ocurrido eso en Venezuela, aludiendo a la muerte de presuntos o reales delincuentes en enfrentamientos. A su vez, Chacón comentó que, si con la policía judicial y la DIM tenemos problemas, lo que pasa en las policías estaduales (de los 23 distritos en que está dividido el país) no tiene nombre.
Según Provea, una organización no gubernamental de derechos humanos, de los 12.000 homicidios al año que se cometen en este país de 25 millones de habitantes, al menos 18 por ciento û2.300 casos señalados— corresponde a lo que oficialmente son presentados como enfrentamientos entre bandas de delincuentes con policías.
Lo que pasó en Kennedy es un patrón sistemático de las policías y cuerpos de seguridad del Estado. Los funcionarios policiales no actúan bajo el esquema de seguridad de un Estado democrático, dijo Correa a IPS.
Agentes de inteligencia militar y de la policía judicial (su nombre exacto es Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) no deben actuar en labores de control y alcabala (puesto de vigilancia), o encapuchados. Pareciera que en vez de justicia, estaban buscando venganza porque se había asesinado antes a un funcionario, comentó.
En medio del dolor, Isauro González, padre de Leonardo, recordó a periodistas que en Venezuela no tenemos pena de muerte, pero los cuerpos policiales se han encargado de ejecutarla. Eso ocurre con mucha frecuencia.
Si uno analiza las cifras oficiales de enfrentamientos entre policías y delincuentes, por cada funcionario muerto fallecen 45 civiles, observó Correa.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2004 perecieron víctimas de excesos policiales 269 personas, en su gran mayoría a manos de agentes de fuerzas de seguridad de los estados, y admitió que en muchos casos se altera la escena donde ocurre el ajusticiamiento y se traslada la víctima a un lugar diferente de donde sucedió el hecho.
En el parlamento se cursa una investigación sobre crímenes atribuidos a la policía del estado de Guárico, en las llanuras centrales al sur de Caracas, pero su discusión se enfrió después que el gobernador, Eduardo Manuitt, seguidor del presidente Chávez, alegó que la pesquisa era parte de una confabulación política en su contra.
Fernando Fernández, de la sección venezolana de la organización humanitaria Amnistía Internacional, abogó porque se apruebe un código de conducta policial, en tanto el gobierno defiende la tesis de crear una policía nacional, a la que se supediten las regionales y municipales.
Los abusos policiales forman parte de una cultura. Vamos a tomar medidas, pero no nos pidan resultados de la noche a la mañana, concluyó el ministro Chacón.
