Una subsidiaria de Halliburton, la empresa de servicios petroleros antes liderada por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, ganó un contrato por 30 millones de dólares para construir una nueva prisión destinada a sospechosos de terrorismo en la base naval estadounidense de Guantánamo, al extremo oriental de Cuba.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que esa firma subsidiaria Kellogg, Brown and Root (KBR) construirá una cárcel de dos pisos con aire acondicionado e instalaciones médicas y deportivas.
Este proyecto confirma que el gobierno del presidente George W. Bush está decidido a mantener en operación e incluso ampliar la prisión de Guantánamo, a pesar de las duras críticas de grupos defensores de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional.
En su último informe anual, esa organización señaló que el centro de detención en Guantánamo era el Gulag de nuestro tiempo.
El Gulag era el antiguo sistema soviético de prisiones de trabajos forzados, la mayoría de ellas en la fría y nororiental región rusa de Siberia. Amnistía lo comparó con Guantánamo, donde permanecen recluidos cientos de combatientes enemigos detenidos durante las invasiones estadounidenses a Afganistán, en 2001, y a Iraq, en 2003.
El gobierno de Bush se niega a reconocerles el carácter de prisioneros de guerra, pero tampoco formula cargos penales contra ellos ni les permite defensa legal.
Amnistía sostuvo que mantener la prisión en Guantánamo es una decisión incorrecta que aumentará la preocupación mundial sobre los casos de tortura, malos tratos y humillaciones a detenidos por su confesión religiosa, que se filtran a la prensa desde esas instalaciones.
Al menos 15 personas murieron el mes pasado en diversas protestas callejeras en países musulmanes luego de que la revista estadounidense Newsweek informara que soldados en Guantánamo arrojaron a un inodoro un ejemplar del Corán, el libro sagrado del Islam, para hacer que los prisioneros hablaran. La revista se retractó poco después.
El gobierno de Bush pretende inmortalizar con ladrillos su decisión de operar fuera de la ley, señaló el subdirector ejecutivo de Amnistía, Curt Goering.
El grupo pidió una investigación independiente sobre las políticas y prácticas estadounidenses de detención e interrogatorio, incluyendo las torturas y los malos tratos, pues sólo así Washington le podría demostrar al mundo que no tiene nada que ocultar.
Halliburton, una de las pocas compañías estadounidenses que recibieron contratos para la reconstrucción de Iraq, ha sido acusada de despilfarro y fraude por sus negocios en ese país árabe.
La empresa, de la que Cheney fue gerente general entre 1995 y 2000, firmó contratos por 8.200 millones de dólares con Washington para brindar diversos servicios a las fuerzas estadounidenses.
Auditores militares y del Congreso legislativo acusaron en varias ocasiones a Halliburton de haber ganado millones de dólares mediante sobrefacturación.
La combinación de saqueo y conflicto de intereses hace que la elección de Halliburton para la construcción de una nueva prisión en Guantánamo sea algo que uno espera ver en 'Doonesbury' (la tira cómica iniciada en 1970, que suele incluir referencias sarcásticas a personajes políticos), no en un mundo real, señaló a IPS el analista Edward Herman, de la Universidad de Pennsylvania (noreste).
Legisladores del opositor Partido Demócrata anunciaron que presionarán al Congreso para investigar a fondo las políticas de Washington sobre detenidos, pese a que el gobierno insiste en que la administración de Guantánamo está a cargo de los militares.
Paradójicamente, Guantánamo se ha convertido en la mayor herramienta de propaganda para reclutar terroristas en todo el mundo, ya que desata la ira de los musulmanes contra Estados Unidos, afirmó el senador demócrata Joseph Biden, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
El legislador propuso una investigación independiente sobre Guantánamo a cargo de una comisión similar a la creada para analizar lo ocurrido antes y después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), premio Nobel de la Paz, también instó al gobierno de Bush a cerrar la prisión de Guantánamo.
Carter señaló que las denuncias de torturas en Guantánamo son una terrible vergüenza y una mancha en la reputación de los estadounidenses.
La semana pasada, en una audiencia en la Comisión Judicial del Senado, legisladores del gobernante Partido Republicano reconocieron que el Congreso fue demasiado pasivo al permitir que los prisioneros pasaran años sin recibir atención legal.
Algunos senadores protestaron cuando un funcionario del gobierno señaló que los detenidos podrían permanecer en prisión el resto de sus vidas. Otros legisladores, sin embargo, sostuvieron que las críticas a Guantánamo socavan la imagen de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
La Constitución explícitamente le confiere al Congreso el poder de definir el trato apropiado a extranjeros detenidos como sospechosos, dijo el presidente de la Comisión, el republicano Arlen Specter.
Por su parte, el también republicano Lindsey O. Graham, ex juez militar, sugirió que el Congreso debería definir la condición de combatiente enemigo y legislar sobre políticas y técnicas de detención.
Bush no ha descartado la posibilidad de cerrar la prisión, pero tanto él como su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, defendieron el trato dado a los prisioneros de Guantánamo y señalaron que el gobierno necesita un lugar dónde enviar a los sospechosos de terrorismo.
Varios senadores afirman que las políticas de detención de Estados Unidos socavan la autoridad moral del país y estimulan la ira del mundo islámico.
Es una vergüenza internacional para nuestra nación y para nuestros ideales, y a su vez supone una amenaza para nuestra seguridad, afirmó el demócrata Patrick J. Leahy.
Por su parte, el también demócrata Edward M. Kennedy, sostuvo que la situación en Guantánamo ha avergonzado a la nación ante los ojos de todo el mundo y ha hecho más difícil ganar la guerra contra el terrorismo.
Nuestra autoridad moral está en caída libre, añadió.
Varios prominentes republicanos, entre ellos el senador Mel Martínez, coincidieron en que la prisión de Guantánamo daña la imagen de Washington y debería ser clausurada.
El senador republicano Chuck Hagel alertó que la situación en esa base naval terminará en un desastre.
Pero algunos observadores sostienen que cerrar la prisión no ayudaría mucho a estas alturas.
El analista Beau Grosscup, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de California, dijo a IPS que clausurar la prisión sería lo más fácil, pero sólo tendría valor simbólico si las torturas no cesan.
Por su parte, Brian Foley, de la Escuela de Leyes del sudoriental estado de Florida, dijo a IPS que, a estas alturas, cerrar Guantánamo sería un gesto vacío a menos que se juzguen las repugnantes políticas de tortura y de detención.
De otra manera, sería sólo un juego para ocultar la realidad, y estas actividades continuarán en otra parte, añadió.
