En una contradictoria jornada, la justicia de Chile dio paso este martes al posible proceso del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por sus cuentas bancarias secretas en el exterior y al mismo tiempo lo absolvió del juicio por crímenes del Plan Cóndor, aduciendo una vez más su supuesta demencia senil.
El pleno de 25 magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó en votaciones divididas que existían fundamentos para retirar al ex dictador de 89 años la inmunidad penal de que goza como ex gobernante, según un estatuto especial, y que puede ser enjuiciado por cuatro cargos vinculados a enriquecimiento ilícito.
La abogada Carmen Hertz, acusadora de Pinochet, dijo a IPS que el juez Sergio Muñoz puede dictar ahora el auto de procesamiento del ex dictador y ordenar su arresto, por sus cuentas secretas en el banco estadounidense Riggs y en otras entidades financieras en las que acumuló una fortuna estimada en 17 millones de dólares.
El fallo del tribunal, anunciado al promediar la mañana, fue recibido con satisfacción en círculos humanitarios que, pasado el mediodía, sufrieron una honda decepción cuando los tres jueces de la cuarta sala de la misma Corte de Apelaciones absolvieron a Pinochet en el juicio por nueve secuestros y un homicidio en el marco del Plan Cóndor.
Los magistrados Cornelio Villarroel, Juan Muñoz y Alfredo Pfeiffer estimaron que el ex dictador padece "afecciones neurológicas" que le impiden defenderse procesalmente en el juicio por su responsabilidad en la creación del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano en los años 70 y 80.
Los jueces dijeron que, en esas condiciones, se vulnera el derecho de Pinochet "al debido proceso legal", el mismo argumento con que la Corte Suprema lo absolvió definitivamente el 1 de julio de 2002 de los 57 homicidios y 18 secuestros de la llamada "caravana de la muerte", una misión militar que actuó en octubre de 1973.
"Tal parece que a los jueces no les parece permisible que Pinochet sea un ladrón, pero no les importa que sea un asesino. Es decir, millones de dólares valen mucho más que la sangre de miles de chilenos que cayeron en la operación Cóndor", dijo el abogado Eduardo Contreras, al comparar este fallo con el del caso Riggs.
Pinochet estaría así en condiciones de librarse por tercera vez de ser procesado por crímenes de lesa humanidad gracias a su supuesta demencia senil, ya que la Corte Suprema lo absolvió el 24 de marzo último en el proceso por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, cometido en septiembre de 1974 en Buenos Aires.
La propia Corte Suprema había ratificado el 4 de enero el enjuiciamiento del ex dictador por el Plan Cóndor, aprobado también en mayo de 2004 por la Corte de Apelaciones, que este martes acogió un recurso de la defensa de Pinochet para que se lo excluyera del proceso por razones de salud.
El desafuero o retiro de la inmunidad penal significa en rigor que el Poder Judicial estima que hay fundamentos para investigar judicialmente a un inculpado que goza de fuero especial, pero no implica un pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia.
Con el argumento de la demencia senil y del debido proceso se ha impedido investigar a fondo la responsabilidad de Pinochet en la "caravana de la muerte", en el asesinato del general Prats, su predecesor en la comandancia del ejército chileno, y ahora podría ocurrir otro tanto con su papel en el Plan Cóndor.
"Me parece (que la absolución) es extremadamente grave. Es un fallo que habrá que estudiar porque, además, la sentencia se ha dictado mientras estaban pendientes escritos, implicancias y recusaciones que no están resueltos", alegó el abogado Contreras, quien representa a las familias de las víctimas del Plan Cóndor.
Es probable que el jurista, acusador también del ex dictador en el fallido proceso de la "caravana de la muerte", presente ante la Corte Suprema un recurso de revocación del fallo emitido este martes por el tribunal de apelaciones.
El dictamen sobre las cuentas secretas de Pinochet y sus familiares amerita que sea juzgado por asociación ilícita, además de los cargos por delitos tributarios, ocultamiento de bienes e información, falsificación de pasaportes y por eludir medidas cautelares internacionales, señaló la abogada Hertz.
En agosto de 2004 una investigación de un subcomité del Senado de Estados Unidos permitió establecer que el banco Riggs mantuvo cuentas secretas de dictadores de América Latina y de África, entre ellos de Pinochet.
El ex dictador chileno vio caer así su imagen de incorruptible, que mantuvo a veces bajo medidas de fuerza durante el régimen militar, con el encarcelamiento de la periodista Mónica González, quien denunció a comienzos de los años 80 el traspaso a Pinochet de una propiedad adquirida con fondos públicos.
En su fallo, la Corte de Apelaciones desestimó los cargos precisamente por ese caso, conocido como "el escándalo de El Melocotón", en referencia a la localidad cercana a Santiago donde están situadas las propiedades traspasadas al entonces dictador.
La abogada Hertz dijo que sin duda el desafuero de Pinochet será confirmado por la Corte Suprema, si la defensa del ex dictador apela en esa instancia, porque las evidencias de los otros cuatro delitos "son demoledoras".
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien es también portavoz del presidente Ricardo Lagos, dijo que con el dictamen judicial en el caso Riggs "una vez más se demuestra que en Chile nadie está sobre la ley".
"En democracia todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes", apuntó Puccio. "La justicia ha actuado de acuerdo a su buen saber y ha tomado las medidas que ha considerado prudentes", agregó.
"El fallo demuestra que tarde o temprano todos deben responder por sus actos", comentó a su vez la ex ministra de Defensa Michelle Bachelet, candidata presidencial de la gobernante coalición de centroizquierda para los comicios del 11 de diciembre.
Bachelet, del Partido Socialista, quien encabeza las encuestas sobre intención de voto, es hija del general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, un militar constitucionalista fallecido tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 como consecuencia de las torturas que sufrió como preso político.
"Aquí somos todos iguales ante la ley y la justicia tiene que cumplirse, cualquiera que sea el caso", señaló Joaquín Lavín, candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente, de derecha, y antiguo apologista de Pinochet.
Sebastián Piñera, candidato de la llamada derecha liberal, indicó que "estamos en Estado de derecho y todos tenemos que someternos a él, desde el más poderoso hasta el más humilde. Así es la democracia".
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