El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está ante varias encrucijadas sobre su futuro y el de su Partido de los Trabajadores (PT), aunque simula tranquilidad en medio del intenso escándalo de corrupción que amenaza a su gobierno.
Su dilema inmediato es destituir o no al jefe de la Casa Civil de la Presidencia (jefe del gabinete), José Dirceu, involucrado en el escándalo por el diputado Roberto Jefferson, presidente del aliado Partido Laborista Brasileño (PTB por sus siglas en portugués), quien lo acusa de participar en el pago de mesadas a diputados de colectividades que forman parte del oficialismo.
En su testimonio ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados el martes Jefferson recomendó a Dirceu que dejara pronto el gobierno para no convertir en reo a un hombre inocente, en referencia al presidente Lula.
Después de esas palabras, una renuncia sonaría a confesión de culpa y a sumisión al ex aliado, cuyas múltiples denuncias iniciadas el 5 de junio desataron una grave crisis política en el país.
Dirceu fue el brazo derecho de Lula desde la campaña electoral de 2002 en la que, como ex presidente del PT, contribuyó decisivamente con el triunfo. Pero perdió poder a partir de febrero de 2004, cuando un video mostró a uno de sus asesores negociando sobornos con un empresario de juegos ilegales.
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Una amplia reforma ministerial, que no implique sólo la sustitución de Dirceu, es señalada por muchos políticos y analistas como indispensable para que Lula recupere condiciones para gobernar. El senador Tiao Viana, del PT, sugirió una renuncia colectiva de los 18 ministros del partido, para facilitar los cambios.
Pero nombrar a nuevos ministros ahora probablemente no ayude a superar la crisis, y puede crear nuevos problemas, si la distribución de puestos no corresponde a las fuerzas coaligadas en el oficialismo. De hecho, las investigaciones parlamentarias sobre corrupción tienen como blancos iniciales a cuatro partidos oficialistas.
Jefferson acusó a la máxima dirigencia del PT, su presidente José Genoino, su tesorero Delubio Soares y su secretario general Silvio Pereira, de sobornar, con aval de Dirceu, a diputados de los partidos Liberal (PL) y Progresistas (PP) para asegurar sus votos en favor del gobierno.
Como Jefferson sigue siendo presidente del PTB, al menos hasta la reunión de su dirección nacional prevista para este viernes, es incierto el papel que jugará ese partido.
El diputado justificó sus denuncias como reacción al intento gubernamental de destruir al PTB, involucrándolo en un caso de corrupción en la empresa estatal de Correos, ventilado poco antes.
La crisis alteró la correlación de fuerzas dentro del PT, fortaleciendo las corrientes izquierdistas que se oponen a la política económica y a las alianzas forjadas por Lula. Aunque son minoritarias, sus críticas pueden haber conquistado muchas adhesiones entre los moderados, alterados por la situación que causaron los partidos conservadores aliados.
Esta encrucijada también afecta al PT en otros aspectos: puede perder su imagen de defensor de la ética en la política, y puede quedar por el camino su actual dirección, que deberá someterse a elecciones internas en septiembre, a las que llegará muy debilitada o con los acusados por Jefferson ya expurgados.
Aunque divididos en medio de la crisis, Lula, su gobierno y el PT tendrán que tomar decisiones difíciles en las próximas semanas o meses, que afectarán el futuro político y económico de Brasil.
No faltan sentencias según las cuales el gobierno de Lula se terminó, y sólo le resta concluir su periodo como una suerte de presidente interino, sin fuerzas para impulsar iniciativas propias. La reelección de Lula en octubre de 2006 parece menos posible que nunca. Pero para otros analistas no está descartada.
En la economía se encuentra otra disyuntiva para Lula, aunque no parece probable un cambio de orientación. El mercado financiero reaccionó hasta con alivio ante las acusaciones de Jefferson, porque afectan a Dirceu, un crítico de la actual política económica.
En cambio, está libre de sospechas el ministro de Hacienda, Antonio Palocci, otro colaborador estrecho de Lula y garante de la política de extrema austeridad fiscal y altas tasas de interés fijadas por el Banco Central.
Pero en una eventual reforma ministerial debería caer el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, investigado por presunta evasión de impuestos, lo que abriría una oportunidad para alterar la política monetaria.
Ante la pérdida de popularidad que les traerán las denuncias de corrupción, Lula y su gobierno podrían verse tentados a promover cierta expansión económica antes de las elecciones de octubre del próximo año.
Esto incluiría la ampliación de las inversiones públicas, el relajamiento de la austeridad en los gastos y la reducción de la tasa de interés, a riesgo de elevar la inflación.
Esta alternativa, que muchos economistas y políticos llaman populista, fue descartada por Lula, pero antes de la actual crisis que puede dejar a su gobierno en la inmovilidad.
Las presiones no se limitan a las perspectivas coyunturales.
El senador del PT, Cristovam Buarque, crítico del gobierno desde que fue destituido como ministro de Educación a fines de 2003, describió al diario O Estado de Sao Paulo el domingo su mayor preocupación: que este gobierno termine el próximo año sin dejar ningún legado al país.
