ARGENTINA: Aldeas de remate

El gobierno argentino apeló este viernes a la justicia para frenar un inminente remate de tierras en la norteña provincia de Santiago del Estero, habitadas por unos 4.000 descendientes de pueblos indígenas. La subasta excluye la iglesia, el cementerio y otros espacios de uso público.

El defensor del Pueblo de la Nación y el defensor de Santiago del Estero presentaron ante la justicia un recurso de amparo para detener el remate de 10.000 hectáreas, previsto para el jueves 30 de junio, alegando que en ese predio hay seis parajes en los que viven miles de pobladores con derechos. Antes de esa fecha deberán pronunciarse los tribunales.

Los parajes son San José de Boquerón, El Ceibal, Tres Varones, Santa Luisa, Nueva Simbolar y Villa San Juan, muy próximos unos de otros, en el límite con la septentrional provincia de Salta, y a unos 900 kilómetros de Buenos Aires. Los defensores presentaron documentos que acreditan la presencia de pobladores desde al menos 100 años atrás.

Las tierras van a remate porque fueron colocadas como garantía de un crédito millonario tomado en el Banco Platense, muy lejos de allí, en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La entidad, que pertenecía a un dirigente político santiagueño, quebró hace algunos años y ahora hay 2.000 ahorristas reclamando sus depósitos.

La justicia ordenó ejecutar la garantía a sabiendas de que los campos están ocupados. Se estima que el valor de la propiedad es de un millón de dólares. Un interesado en adquirirla intentó convencer a los pobladores de permanecer en sus parajes y trabajar para él.

Pero los campesinos no quieren ceder los derechos generados por la permanencia continuada en el lugar. La ley permite reclamar la posesión de un predio a quien pueda probar que lo ha ocupado y laborado por más de 20 años.

”Ellos siempre vienen con el cuento del trabajo, pero los campesinos son los verdaderos dueños de esas tierras y no deben dejar que nadie ponga un pie allí”, dijo a IPS la presidenta del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase), Nelly Veliz.

Con el fin de detener la subasta, el Mocase organizó en las últimas semanas una serie de protestas con apoyo de otras organizaciones sociales de la provincia. El movimiento quiere una solución de fondo para un problema cotidiano: amenazas de desalojo, acoso policial y persecución política contra indígenas y campesinos.

El gobierno nacional envió en 2003 una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos a Santiago del Estero para investigar denuncias sobre formación de grupos paramilitares que, armados y con perros, amedrentan a los pobladores con el fin de forzarlos a abandonar la tierra en la que viven. Se documentaron numerosas irregularidades.

Veliz recordó que dos años atrás hubo otro remate de tierras del mismo Banco Platense, por el cual fueron expulsadas decenas de familias de otra zona de Santiago. ”Es un problema interminable, los campesinos no tienen dinero para costear abogados y agrimensores, pero son los auténticos poseedores de las tierras”, sostuvo.

En general, el conflicto se plantea de manera similar: están los propietarios ”de laboratorio” —como se llama a quienes efectúan compras inmobiliarias sin ver los campos— y al momento de tomar posesión de la propiedad se revela que hay miles de personas viviendo en ella.

La mayoría de esas familias descienden de indígenas. El comisionado municipal de El Boquerón, uno de los parajes afectados, se llama Juan Cuellar, mismo nombre y apellido del comandante designado por la corona española en 1753 para organizar allí una reducción indígena (pueblo de nativos convertidos al cristianismo).

El apellido Cuellar se repite mucho en las seis aldeas. En una de ellas hay incluso una pequeña iglesia construida por los jesuitas en el siglo XVI. La historia afirma que después de la expulsión de esos religiosos de los dominios españoles, el comandante Cuellar fue encargado de organizar a los indígenas de la zona.

”Este caso tiene el mérito de hacer público un asunto de años que se repite en todo el noroeste de Argentina, Bolivia y Paraguay, que es el problema del uso y la tenencia de la tierra”, dijo a IPS el abogado Pablo Muratore, de la organización no gubernamental El Ceibal, que trabaja con campesinos de la provincia.

Muratore se incorporó a la organización para brindar asesoramiento en el Proyecto Arraigo, de capacitación en uso y tenencia de la tierra y ciudadanía rural.

Lo primero que le plantearon los campesinos fue la necesidad de regularizar la tenencia de sus campos, ante el acecho de agricultores de soja que expanden sus plantíos comprando campos en operaciones de laboratorio fuera de la provincia, por lo general en la central provincia de Córdoba o en Buenos Aires.

El proyecto permitió que los campesinos compartieran los gastos de mensura de las tierras. Pero el juicio por ”prescripción adquisitiva de dominio”, el paso siguiente para obtener el reconocimiento de la propiedad, está demorado. Ese proceso les permitiría establecer su derecho de posesión por ocupar y trabajar las tierras por más de 20 años.

”Este es un asunto con mucha historia y sin solución de fondo”, dijo el abogado. ”Hace muchos años, el negocio de moda eran los obrajes de quebracho, luego las perforaciones en busca de petróleo, más tarde, en los años 90, se usó poner estas tierras como garantía de créditos millonarios, y ahora es la soja”, relató el abogado, sintetizando los sucesivos intereses económicos sobre las tierras.

Ante la multiplicación de casos de desalojo en Santiago y en otras provincias, El Ceibal y otras organizaciones que trabajan con los campesinos han hecho hincapié en reivindicar el modo de vida que se desarrolla en estas comarcas.

”El martillero (rematador) cree que la gente se siente amenazada por el remate de su casa y su potrero, pero en realidad ellos desarrollan un modo de vida que es lo opuesto al del latifundio común en la región pampeana (centro del país), de campos alambrados, ganado concentrado y un dueño que es el patrón”, describió Muratore.

”Aquí no hay infraestructura y todo es de uso comunitario: las pequeñas represas, los pozos de agua, las tierras de pastoreo, todo lo comparten”, aseguró. Los animales de los seis poblados pastan sueltos y mezclados en una superficie mucho mayor a la requerida por la ganadería intensiva.

Las organizaciones sociales se proponen defender ese modelo y reclaman la intervención del Estado nacional y provincial, no sólo interponiendo recursos para suspender la subasta, sino apoyando a los campesinos en el reconocimiento legal de sus derechos a usufructuar las tierras. (

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