La renuncia del presidente del Congreso legislativo de Bolivia, Hormando Vaca Díez, a sus aspiraciones de suceder al dimitente mandatario Carlos Mesa parece un paso hacia la distensión de un conflicto interno que tuvo este jueves su primera víctima fatal, un minero muerto a balazos por fuerzas de seguridad.
Los enfrentamientos entre la policía y los mineros manifestantes acabaron con un muerto y tres heridos de bala en las afueras de Sucre, la capital del país ubicada a 700 kilómetros de La Paz, el centro administrativo boliviano y donde está la sede parlamentaria también asediada por manifestantes.
Dos días después de que Mesa presentara su dimisión imposibilitado de resolver el complejo conflicto social que estalló hace más de dos semanas, el Congreso legislativo aún esperaraba para instalarse en Sucre.
Vaca Díez, primero en la sucesión presidencial y quien había alterado los ánimos opositores al buscar apoyo político para ocupar el cargo, renunció este jueves por la noche a sus aspiraciones, pero condicionó la instalación de la sesión legislativa para considerar la renuncia de Mesa, a la suspensión de los bloqueos y la desmovilización de los manifestantes en todo el territorio nacional.
Vaca Díez responsabilizó a Mesa y al diputado Evo Morales, líder del izquierdista y opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), de promover un clima violento para impedir las sesiones del Congreso.
La sesión parlamentaria que debía tratar la renuncia de Mesa, cuyo mandato se considera caduco recién después de que sea aprobada por este cuerpo, se mantuvo en suspenso durante toda la jornada e iba a realizarse a última hora de este jueves.
Mientras, los jefes militares señalaron que estaban en estado de alerta y movilizaron tropas para proteger la oriental ciudad de Santa Cruz, hacia la cual marchaban campesinos con la intención de sitiarla.
La Constitución establece que al presidente lo sucederá en caso de renuncia, por su orden, el vicepresidente, el titular del Senado y por extensión del Congreso Nacional, luego el de la Cámara de Diputados y el de la Suprema Corte de Justicia.
La vicepresidencia de Bolivia está vacante desde el 17 de octubre de 2003, cuando Mesa dejó ese cargo que había asumido un año antes para ocupar, por orden del Congreso, la presidencia abandonada por Gonzalo Sánchez de Lozada, quien pocas horas después huyó hacia Estados Unidos acosado por otro levantamiento social y acusado de actos de corrupción y de represión.
Pero Vaca Díez no goza del respaldo popular porque pertenece a un sistema corrupto de partidos que saquearon al país y postula un proyecto de gobierno autoritario, sostuvo en rueda de prensa el sociólogo y ex oficial del ejército Juan Ramón Quintana.
Vaca Díez es senador del oriental departamento de Santa Cruz por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) que gobernó entre 1989 y 1993 a través de su líder, Jaime Paz Zamora, y luego formó coalición con el gobierno Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Bolivia cerró el miércoles por la noche una ronda de consultas con los poderes del Estado, partidos políticos y organizaciones sociales, en busca de una salida a la crisis y concluyó que la mayoría de los consultados apuesta por una convocatoria inmediata a elecciones generales anticipadas.
La renuncia de Mesa, dos años antes de finalizar su mandato, es interpretada como el primer paso en esa dirección y el MAS ganó apoyo al proponer que el proceso electoral sea dirigido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez.
Para que eso se concrete, deben renunciar a sus aspiraciones Vaca Díez y quien le sigue en la sucesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, del MNR. Sólo estas dos renuncias pueden habilitar a Rodríguez para asumir la presidencia del país.
El analista político Álvaro García Linera aseguró que el senador santacruceño realizaba gestiones orientadas a reactivar el pacto gobernante entre el MIR y MNR, conocido en el pasado como la megacoalición.
Ante ello, el jefe del MAS, el partido que quedó segundo en las últimas elecciones de 2002, asegura que un gobierno apoyado por partidos de derecha estaba orientado a dejar en suspenso el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus entonces ministros por la muerte de 67 personas en la represión ordenada durante la llamada guerra del gas previo a su renuncia.
El comunicado de la Iglesia Católica expresa que la mayoría de los sectores consultados apoyan las elecciones generales anticipadas, para encontrar un nuevo equilibrio social y político que facilite la gobernabilidad.
Se pide que el Congreso Nacional encuentre una solución conforme a sus normas y tomando en cuenta el sentir de la gente, expresa el documento que reitera la urgencia de atender las demandas de realización de referéndum sobre autonomías departamentales, asamblea constituyente y nacionalización de los hidrocarburos.
A la misma hora, en la comuna de la ciudad de La Paz comenzaba la huelga de hambre de la primera autoridad municipal, Juan del Granado, y de un grupo de representantes de organizaciones civiles. La medida de presión tiene por finalidad exigir a Vaca Díez y a Mario Cossío que renuncien a sus aspiraciones presidenciales y faciliten el llamado a elecciones.
Siete alcaldes de capitales departamentales, con excepción de los titulares de los sudorientales Santa Cruz y Tarija, que reclaman la autonomía, firmaron un pronunciamiento en el cual respaldan la designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia en la conducción del Poder Ejecutivo.
El presidente Mesa había hecho el martes por la noche un dramático llamado a Vaca Díez para que declinara sus aspiraciones personales de sucederlo en el cargo.
Estamos frente a un polvorín que podría estallar. Te lo dice un presidente que se va. Es una exhortación ante un país que está al borde de una guerra civil. Frenemos esta locura, salvemos al país, evitemos derramar sangre, expresó Mesa.
La tensión social, tanto en el oriente como en el occidente de Bolivia, alcanzó su nivel crítico con la interrupción del tráfico vehicular en más de 100 puntos del país y el desabastecimiento de alimentos y carburantes en La Paz y su vecina El Alto.
Hace dos semanas, una denominada y hasta ese momento desconocida Unión Juvenil Cruceñista, que apoya las acciones del Comité Pro Santa Cruz, atacó a golpes a un grupo de campesinos que intentaba ingresar en manifestación hasta el centro de esa capital departamental.
La reacción causó indignación entre organizaciones humanitarias y alentó a nuevas movilizaciones de habitantes de las zonas rurales de Santa Cruz.
En la localidad de San Julián, a 140 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz se instaló un grupo que bloquea la ruta y se teme un nuevo enfrentamiento con la juventud cruceñista que se declaró dispuesta a reprimir por mano propia la movilización campesina.
Empresarios y terratenientes de Santa Cruz, rica en petróleo y gas natural y en producción agrícola, piden la realización de una consulta popular sobre las autonomías departamentales, mientras en el empobrecido occidente las marchas y bloqueos de caminos es en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Las Fuerzas Armadas están dispuestas a mantener el orden sin sacrificar la vida humana de los manifestantes, pero en el momento que ejerzan represión en obediencia al nuevo presidente, quien ejerce una capitanía general sobre la institución castrense, perderán la viabilidad institucional, dijo Quintana.
De realizarse una asamblea constituyente, la sociedad civil pedirá la disolución de las Fuerzas Armadas como respuesta a una acción violenta, sentenció. (
