BOLIVIA: Batalla electoral entre partidos y autonomías

Partidos y agrupaciones ciudadanas e indígenas preparan estrategias para disputar las primeras elecciones bolivianas de prefectos departamentales el 12 de agosto, mientras el presidente Carlos Mesa apuesta a controlar, por vía democrática, el poder político de las regiones con candidatos propios.

Los prefectos, que representan al poder central en cada uno de los nueve departamentos en que se halla dividido políticamente el país, han sido hasta ahora nombrados bajo un criterio de afinidad partidaria, familiar o amistosa con el presidente de la República.

Por ello, sus gestiones expresan directamente el punto de vista del mandatario en ejercicio y hasta gozan del título de ”prefecto y comandante departamental”, un rango que les otorga atribuciones para dirigir el orden interno a través de la policía.

Una movilización de los grupos de poder económico del centro-oriental departamento de Santa Cruz, en enero, demandó la autonomía de la región que en 2004 aportó 1.228 millones de los 2.159 millones de dólares de exportaciones del país.

En respuesta, Mesa emitió un decreto convocando a elecciones de prefectos sólo para su periodo constitucional que concluye en agosto de 2007, y dejó el debate sobre autonomías regionales dentro de la agenda de la Asamblea Constituyente.

Pese a la crisis de representatividad que viven los partidos políticos tradicionales, acentuada con la renuncia y huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, éstos volverán a escena en busca de los espacios de poder perdidos, y para ese propósito no descartan la presencia de líderes nacionales en competencia por las prefecturas departamentales.

La pérdida de representatividad se ha visto reflejada en la caída de los caudales electorales de los partidos, en el ascenso de nuevas agrupaciones, como el izquierdista Movimiento al Socialismo del diputado indígena y cocalero Evo Morales y, sobre todo, en las revueltas que pusieron término al gobierno de Sánchez de Lozada y a su polémica política energética, favorable a las compañías transnacionales.

El ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y actual jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) anunció su postulación a la prefectura de Tarija, en el sur del país, el más rico en reservas de gas natural.

Los adherentes de la derechista Nueva Fuerza Republicana (NFR) piden a su líder, el militar retirado Manfred Reyes Villa, que ingrese a la carrera por la prefectura de la central Cochabamba.

En medio del creciente interés de los partidos por dejar atrás el descrédito, Mesa (un ex periodista que gobierna sin partido) pretende controlar la mayor parte de las reparticiones departamentales colocando como candidatos a ciudadanos notables y agrupaciones ciudadanas, dijo una fuente de gobierno a IPS.

De acuerdo con encuestas independientes, Mesa tiene el respaldo de 60 por ciento de la población, un respaldo que pareció verse ratificado con manifestaciones públicas en las principales ciudades en los primeros días de marzo, cuando el mandatario presentó su renuncia y quiso adelantar las elecciones generales ante una ola de conflictos.

Presionado por la opinión pública, el Congreso legislativo lo ratificó en sus funciones. Pero el presidente tendrá más dificultades pues se opone al tratamiento parlamentario de un proyecto de ley que incrementa las cargas impositivas a las compañías transnacionales petroleras hasta 50 por ciento y obliga a revisar los términos de sus contratos.

Mesa quiso renunciar alegando que esa ley dejaría al país aislado del financiamiento externo, del cual Bolivia depende para cubrir un déficit fiscal anual estimado en unos 450 millones de dólares.

Pero la incertidumbre sobre sus probables sucesores lo convierten en mandatario de una transición política hasta 2007.

Mientras, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas que hicieron su primera incursión electoral en los comicios de diciembre, deben superar una prueba de popularidad antes de participar en la contienda.

La Corte Nacional Electoral exige como requisito la recolección de firmas equivalentes a dos por ciento del padrón electoral del departamento en cuestión.

Hasta la semana pasada, 14 agrupaciones expresaron interés en participar con candidatos propios y, en algunos casos, en alianza con partidos políticos tradicionales. El plazo para la inscripción vence el 14 de este mes, mientras los candidatos pueden registrarse hasta el 13 de junio.

El resultado de las elecciones de agosto podría reducir el poder estatal centralizado, por el control que ejercerán los nuevos prefectos sobre los recursos naturales, incluido el valioso gas natural, cuyas reservas de 53 trillones de pies cúbicos colocan a Bolivia en segundo lugar en América del Sur, después de Venezuela.

”El proceso es un avance para el país, y los nueve departamentos sentían la necesidad de desconcentrar el aparato estatal y otorgar legitimidad en las urnas a las nuevas autoridades”, dijo a IPS el sociólogo y especialista en temas de descentralización, Porfirio Cochi.

El departamento de Tarija posee 87 por ciento de las reservas de gas natural y el pasado año obtuvo por regalías a su explotación 65,9 millones de dólares. Brasil y Argentina son los principales mercados para el hidrocarburo extraído de los campos petroleros San Alberto, San Antonio, Margarita e Itaú.

Tarija y Chuquisaca comparten los principales campos gasíferos y tienen una actividad agrícola en crecimiento.

Con grandes reservas de gas y petróleo, Santa Cruz lidera la actividad productiva del país y concentra las grandes empresas cultivadoras de soja que en 2004 exportaron 397 millones de dólares. Además también obtiene otros ingresos fiscales por la explotación forestal.

En el oriente, Santa Cruz ejerce hegemonía, con una economía sustentada en la agroindustria y el potencial petrolero, y, a continuación, se ubica el ganadero departamento de Beni.

En la zona occidental y montañosa, los departamentos de Potosí y Oruro comienzan a recobrar importancia por el aumento de los precios internacionales de estaño y zinc, mientras La Paz posee el mayor mercado de consumo con dos millones de habitantes y la actividad generada por la administración pública.

En la zona central, el departamento de Cochabamba posee recursos naturales y petroleros, además de una industria en crecimiento.

En el extremo norte y en la frontera con Perú y Brasil, Pando es el más joven de los departamentos, con grandes riquezas forestales.

El sociólogo Cochi señaló preocupación por las corrientes secesionistas, subrayando la necesidad de que los futuros prefectos conserven la unidad nacional y busquen el desarrollo de las regiones en un ambiente de diversidad cultural.

Acerca del uso de recursos que obtendrán los tres departamentos productores de gas natural, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, Cochi propone que esas regiones articulen acciones con el resto del país, considerando el potencial industrial y los mercados de consumo existentes.

La Paz, Oruro y Cochabamba concentran a sectores productivos y pequeños empresarios que podrían beneficiarse con el uso del gas natural y su transformación, dijo Cochi.

Actualmente, los prefectos formulan y ejecutan los planes locales de desarrollo económico, y administran los servicios de salud y educación bajo un modelo de descentralización administrativa.

El turismo, las actividades agropecuarias y la construcción de infraestructura vial están entre sus actividades, pero en estricto cumplimiento de las políticas centralizadas por el Estado.

La modificación de funciones para los prefectos, impulsadas por el secesionista Comité Cívico Pro de Santa Cruz, propone crear tributos regionales, planificación del presupuesto departamental y control del orden público mediante la policía local.

Desde una óptica de autonomía departamental, la región oriental desea controlar la migración interna ”cuando ésta afecte a su territorio”, según la propuesta del Comité Cívico.

Además reclama competencias sobre las aguas superficiales y subterráneas, la caza, pesca, organización de cooperativas, desarrollo forestal, educación, energía, ferrocarriles y carreteras, fomento del desarrollo económico, hidrocarburos y minería, impuestos departamentales, ambiente y ecología, obras públicas, tierras, trabajo y empleo. (

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