Casi toda América Latina está empeñada en reformar el sistema judicial, que se caracteriza por la discriminación social y de género, la cobertura limitada y un sesgo caritativo y asistencialista, entre otras falencias y vicios, según expertos de la región.
Un capítulo especial en la marcha de este proceso de reforma será el Foro Iberoamericano de Acceso a la Justicia, convocado para octubre en Santiago y para el cual el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Justicia de Chile elaboran un estudio que recogerá antecedentes sobre las buenas y malas prácticas judiciales en la región.
El proyecto se sustenta en la premisa de que el intercambio de formas, metodologías y experiencias de implementación jurídica, que respeten las necesidades y modalidades culturales de cada país, sumado a la elaboración de soluciones colectivas y participativas fortalecerá los lazos de solidaridad entre las naciones.
Isabel González, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia chileno y coordinadora del foro iberoamericano, dijo a IPS que el acceso a los tribunales implica posibilitar la tutela judicial y permitir un procedimiento efectivo, con el menor costo posible a todos los sujetos por igual.
Supone que los ciudadanos ejerzan sus derechos y se fomente una amplia y heterogénea red de solución de conflictos, con mecanismos resolutivos 'colaborativos', donde participen variados actores sociales y gubernamentales, añadió.
La colonización europea de América imprimió un patrón común a instituciones y legislaciones judiciales, según modelos de las potencias centrales de entonces, particularmente francés y español. Pero este sistema es hoy insuficiente para satisfacer las demandas de las sociedades modernas, donde el acceso efectivo a la justicia no es alcanzable ni disponible para todos.
Es un modelo sustentado parcial y débilmente en el Estado, en las universidades o corporaciones y fundaciones privadas, con abogados que patrocinan clientes individuales basándose en una mano de obra gratuita ejercida por los egresados de Derecho, apuntó la coordinadora del foro.
Los servicios de acceso a la justicia se caracterizan por un sesgo caritativo y asistencialista, de limitada cobertura, sin un grado importante de institucionalización estatal y con un quiebre entre la realidad jurídica prevista y la práctica, según la experta.
Para elaborar el diagnóstico judicial de la región se consideran factores como calidad, especialización, representación y reconocimiento de la asistencia jurídica, información del área, solución colaborativa, patrocinio judicial y atención a víctimas, entre otros puntos.
Además se evalúa la participación de gobiernos locales en materia de asesoría jurídica y la existencia de políticas especiales para grupos desfavorecidos, indígenas, mujeres, jóvenes y personas privadas de libertad.
Esos indicadores ubican a Chile, Costa Rica y Colombia, como los sistemas jurídicos mejor evaluados, por ser los únicos países que implementan políticas de acceso a la justicia desde el Poder Ejecutivo.
Chile cuenta con un sistema de asistencia jurídica orientado a la población que no puede procurársela por si misma, que abarca casi todas las materias, utiliza diversas formas de intervención y tiene presencia en todo el país.
A juicio de González, Costa Rica presenta la Defensa Pública que mejor ha funcionado históricamente en la región, gracias a programas especiales para poblaciones desfavorecidas, en especial a las personas privadas de libertad.
En tanto, en Colombia se promueve el programa Casas de Justicia en todo el territorio, para desconcentrar los servicios judiciales y promover las mediaciones en la resolución de litigios.
Las mayores dificultades de orden jurídico en la región se encuentran América Central, Bolivia, Ecuador y Paraguay, donde con dificultad se atiende a la población imputada en materia penal mediante defensa pública, pero no existe cobertura en otras áreas, explicó González.
La pobreza es el principal factor de segregación y exclusión en la justicia latinoamericana. Le siguen la formación paternalista de jueces y abogados, el elitismo de juristas, el desconocimiento de los derechos y las formas de ejercerlos por los ciudadanos y la nula intervención de líderes de la sociedad civil en la resolución de conflictos, según la evaluación en marcha.
Se agregan la discriminación contra la mujer, el desconocimiento del derecho indígena y de la cosmovisión de los pueblos originarios del continente, el costo económico, trámites burocráticos, y las barreras lingüísticas y culturales.
La escrituración, formalización y secreto de los procedimientos impiden la transparencia, comprensión y la total participación de las partes en sus procesos, se añade.
Estudios sobre percepción del usuario, realizados por el Instituto Gallup en Argentina, el Centro de Estudios Públicos en Chile y el Tribunal Superior de Justicia de Costa Rica, calificaron a la justicia en general como mala, insatisfactoria, lenta e inoportuna.
Allí se destacaron los aspectos negativos como lentitud, burocracia, privilegio por los ricos, corrupción, impunidad, dependencia, injusticia y politización, además de la existencia de leyes blandas y desactualizadas.
En este escenario y teniendo como punto de partida la presentación en 1987 de un proyecto de Código Procesal Penal y una Ley Orgánica Federal en la justicia federal de Argentina, la región inició un proceso de reformas del área, predominando las reformas constitucionales y el tránsito del sistema escrito al oral en los procesos penales y civiles.
Las reformas incluyen proyectos de redistribución y especialización de los jueces en tribunales de familia, laborales o de previsión social y creación de organismos como los consejos de magistratura, el defensor del pueblo y escuelas de capacitación judicial.
Guatemala fue el primer país en adoptar un nuevo código procesal penal. Le siguieron El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia y Paraguay. Colombia y Perú se encuentran en proceso de implementación, mientras que México prepara una reforma del denominado Procedimiento Penal Federal.
En Chile, además, se busca democratizar el acceso a la justicia mediante reformas constitucionales y la firma de tratados de derechos humanos, la reforma procesal penal, la resolución alternativa de conflictos, la reforma de la justicia de familia y la asistencia jurídica gratuita.
Los juicios públicos y una separación de funciones entre los actores configuran un nuevo sistema de controles y contrapesos entre las instituciones y los particulares.
Luego de los ribetes dramáticos que había alcanzado en Chile la administración de justicia durante la dictadura (1973-1990), desde que se inició la transición a la democracia existen esfuerzos para mejorar la situación, como la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal y la creación de las Defensorías Públicas, explicó a IPS el abogado Felipe González..
En los últimos 15 a 20 años, la región experimentó diversas reformas judiciales con mayor o menor intensidad y eficacia según los países, produciendo ciertos avances, pero dispares, sostuvo González, quien se desempeña como profesor en la Escuela de Derecho de la privada universidad chilena Diego Portales .
En general, es una situación precaria, que descansa (en cuanto a acceso a la justicia) en los egresados y estudiantes de derecho, los que representan a quienes no cuentan con recursos para pagar a un abogado, concluyó.
A fines de 2004, González coordinó el estudio sobre Sistemas judiciales y racismo contra afrodescendientes en Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú, llevado a cabo por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas por encargo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Las conclusiones de ese trabajo confirman el déficit en el nivel de defensa pública para los descendientes africanos, quienes tienen limitaciones económicas para acceder a la justicia. Se trata de una dificultad de los colectivos vulnerables no sólo para acceder a la justicia, sino a la salud, educación y al Estado mismo, recordó el académico chileno.
Esto se agrava cuando los grupos más desfavorecidos expresan una escasa visibilidad y las personas ni siquiera se animan a llevar los casos hasta los tribunales, precisó.
Según González, ocurre en muchos países respecto de las personas discapacitadas, donde se asume la discriminación como un dato de la causa y no se levanta en los tribunales, en circunstancias que hay muchas prácticas discriminatorias.
