Si alguien quiere conocer la pobreza extrema, puede visitar los cinturones de desplazados por la guerra en torno de esta bella ciudad turística sobre el mar Caribe colombiano.
Cinco años atrás, la septentrional Cartagena tenía poco más de 600.000 habitantes, hoy tiene cerca de un millón, debido al desplazamiento forzado por la guerra.
Aquí 20 litros de agua cuestan 20 centavos de dólar y se obtienen de una bocatoma recientemente instalada en un acueducto, distante entre 300 y 500 metros de las improvisadas chozas de los desplazados sobre terrenos robados a una ciénaga.
El agua no es potable y debe ser hervida para beberla. El daño que el asentamiento provoca a la ciénaga es evidente.
Según la estatal Contraloría General de Colombia, entre 2000 y 2004 1,4 millones de personas huyeron de sus hogares por la guerra, y según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde 1985 la población afectada asciende a 3,2 millones.
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Los desarraigados reclaman que se sepa qué fue lo que pasó, para que nosotras sepamos qué tenemos que perdonar, dijo a IPS una integrante de la Liga de Mujeres Desplazadas en Cartagena.
La Liga agrupa a 350 mujeres que tuvieron que huir, y también a algunas receptoras, aquellas que fungen de anfitrionas, compartiendo pobreza con las desplazadas.
Mediante la oficina Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), IPS dialogó con una treintena de integrantes de la Liga, varias de ellas amenazadas de muerte. Por eso se omiten sus nombres.
Cartagena se ubica en el Caribe colombiano, dominado por milicias paramilitares de derecha, uno de los actores armados del conflicto.
Las entrevistadas son mujeres comunes y corrientes, que lo perdieron todo. Algunas llevan 10 años escapando, otras, tres o cuatro. Viudas, huérfanas, o madres con hijos muertos en la guerra, están cansadas de relatar sus casos individuales.
Advierten que sólo lo harán en el marco de un proceso judicial nacional. Y si éste resulta insuficiente, reclamarán ante la justicia internacional.
Lo que menos queremos es olvidar, porque en el olvido está la impunidad, afirman.
Queremos saber quiénes son los responsables de este desastre humanitario que vive Colombia, y acusan de su situación tanto a los paramilitares como al ejército y a la guerrilla izquierdista, en armas desde hace más de 40 años.
Hay paramilitares en varias zonas del país. Una de las denominaciones bajo la cual se agrupan es la de Autodefensas Unidas de Colombia. En la insurgencia izquierdista se distinguen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo armado ilegal, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Liga lleva una agenda de investigación en la que se consigna qué ocurrió a las mujeres, dónde denunciaron los hechos y quiénes fueron los presuntos autores de los crímenes.
Cada vez tenemos más elementos probatorios que nos permitan llegar algún día a que el Estado colombiano repare, y a que se busque a los responsables individuales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, dijo a IPS Patricia Guerrero, jurista que asesora a la Liga.
Mientras, la cotidianeidad se impone.
Lo que para cualquier mujer en los países desarrollados apenas implica abrir un grifo, para nosotras significa la vida, la vida de los niños, apuntó una de las mujeres. La lucha es por el agua, los alimentos y la escuela para los hijos. El trabajo es informal. Vivimos del rebusque, dicen.
A pesar de las amenazas, pertenecer a la Liga les cambió la vida, aseguran. En sus sedes, los logos de Acnur y del Programa Mundial de Alimentos de la ONU son nuestros escudos, afirman.
Ahora acarician el sueño de construir su propia vivienda con ayuda de la cooperación internacional, que atiende 60 por ciento de las necesidades de los desplazados colombianos. El Estado se ocupa sólo de 30 por ciento de los que huyen.
Uno sale correteado (perseguido) por los bombardeos y no le quedan ganas de volver. Y llega acá, y siente un vacío. La gente lo mira a uno con discriminación, afirma una mujer.
Perdí mi finca de 150 hectáreas, dice otra, y se encoge de hombros ante la pregunta ¿quién está allí ahora?.
Soy desplazada del actual conflicto armado, que el presidente (Álvaro) Uribe no quiere reconocer. Soy sobreviviente de muchas masacres (matanzas), dice otra.
Nos queman los ranchos (fincas), perdemos la tierra. Yo tenía mi estabilidad económica, y quedé sin empleo cuando llegó el paramilitarismo a Urabá, región bananera del noroeste donde también la guerrilla cometió crímenes de guerra, según una integrante de la Liga.
Ella dice que en la zona hay fosas comunes. Los dueños de Urabá no quieren que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo, afirma.
Algún día tiene que haber justicia y reparación. Hay miles de viudas. ¿Dónde están los desaparecidos? Queremos saber la verdad sobre los muertos, agrega.
Verdad, justicia y reparación son tres palabras muy reiteradas por estos días en Colombia.
Gobierno, parlamento, activistas de derechos humanos y académicos buscan definir su contenido en proyectos de ley, propuestas, foros y documentos, con miras a establecer un marco legal para el ya iniciado proceso de desarme de los paramilitares.
También presiona por una definición el G-24, un grupo informal de donantes internacionales de Colombia, conformado entre otros por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la banca multilateral.
En la Declaración de Cartagena, expedida el jueves pasado, los donantes condicionaron su financiación de la desmovilización paramilitar a la existencia de un marco legal aceptable para el derecho internacional.
Desde diciembre de 2003 se desmovilizaron 4.699 paramilitares en nueve entregas masivas de armas.
Pero se ignora cuántos más podrían sumarse al proceso, pues no existe un censo de esas fuerzas irregulares creadas por narcotraficantes, ganaderos, comerciantes y agricultores. Los paramilitares reconocen que las primeras armas que obtuvieron, a principios de los años 80, fueron estatales.
Cada desmovilizado puede salir libre con el compromiso de no volver a violar la ley, siempre que no tenga un proceso judicial abierto.
En caso de nueva infracción, recibiría una pena mínima de 14 años de prisión, dijo a IPS alto comisionado para la Paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, quien sostiene una negociación secreta con los jefes paramilitares, muchos de ellos capos del narcotráfico, en Santa Fe del Ralito, noreste del país.
Si posteriormente se descubriera que el desmovilizado es responsable de un crimen de lesa humanidad, la justicia irá por él, de acuerdo con el diseño provisional de Restrepo.
La ONU afirma que los paramilitares son responsables de 80 por ciento de atrocidades que se cometen en la guerra. El resto corresponde a la guerrilla izquierdista y a las fuerzas gubernamentales.
Aunque la desmovilización se lleva a cabo sólo con los paramilitares, el marco legal que se elabore deberá regir también para un eventual proceso de paz con la guerrilla.
El gobierno presentará este jueves al parlamento su proyecto de ley sobre verdad, justicia y reparación. El punto, según Restrepo, es lograr la desmovilización de los grandes jefes paramilitares.
Un marco jurídico sin hechos de paz tiene incertidumbre. Uno con base en hechos permite su credibilidad, alegó Uribe ante los donantes al explicar el inicio de la desmovilización sin reglas claras.
Para el senador del Partido Liberal Rafael Pardo, ex ministro de Defensa, se trata de desarticular la esencia del paramilitarismo, al cual considera un proyecto de acumulación de poder político y de riquezas económicas a través de las armas.
Los paramilitares están montando un proyecto político desde los campamentos. Están decidiendo a quiénes van a apoyar en las próximas elecciones. Y a quiénes vetan, añadió el senador.
Un grupo de parlamentarios de distintas vertientes, Pardo incluido, intentó durante un año conciliar su proyecto de ley con el que preparaba el Poder Ejecutivo. Pero la negociación terminó en fracaso el 2 de este mes.
Los legisladores radicaron su iniciativa, despertando la iracundia de Restrepo, que acusó a parlamentarios y a la prensa de tender una emboscada al proceso.
Según Pardo, los desacuerdos giran en torno a que los grupos armados se desmonten de verdad, pierdan las bases de poder que han acumulado con las armas y, también, las riquezas obtenidas por la vía violenta.
Una de las mujeres de la Liga reclama como reparación que nos devuelvan las tierras que nos quitaron. Que se puedan volver a cultivar, que haya una seguridad.
El retorno como fórmula abstracta no funciona. ¿De qué nos vale retornarlos (a sus tierras), si uno u otro grupo armado vuelve a poner en jaque a esa comunidad?, dijo a IPS el funcionario de Acnur, Roberto Meier.
El Acnur pide, agregó Meier, que haya servicios y presencia del Estado, como salud y educación en las regiones hoy tomadas por la guerra.
