Tenía seis meses cuando falleció, en mayo de 2004. La madre la alimentaba sólo con el agua en la cual hervía el zapallo (calabaza) que le daba al resto de sus hijos. La beba murió de desnutrición.
Este drama no pasó en un lugar aislado de Africa, azotado por algún conflicto bélico o desastre natural, sino en el norte de Uruguay, que históricamente se ha sentido orgulloso de su avance en derechos humanos y seguridad social, y que en las primeras décadas del siglo XX fue llamado por ello la Suiza de América.
Los tiempos han cambiado. La grave crisis económica que llegó a su punto más alto en 2002 terminó por romper el ya deteriorado tejido social y, mientras los indicadores socioeconómicos se agravan, los uruguayos perciben en las calles cómo año tras año este país deja de ser el menos desigual de América Latina.
La cita inicial es del informe 2004 del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), presentado este viernes en Montevideo en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, y refiere en este caso a la crítica situación social en el septentrional departamento de Artigas, donde la mortalidad infantil se disparó en los últimos años.
A menudo me preguntan cuál es la forma más grave de violación de derechos humanos en el mundo actual, y mi respuesta es siempre la misma: la extrema pobreza, dijo una vez la irlandesa Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sus palabras fueron citadas este viernes en Montevideo, cuando se celebran 56 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta vez, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Serpaj hicieron un llamado de alerta sobre la violación de derechos económicos y sociales en este país.
La lucha contra la pobreza es fundamental. Tiene que ser el eje de todos los esfuerzos para la protección de los derechos humanos, dijo a IPS el coordinador residente de la ONU en Uruguay, Pablo Mandeville.
Quienes se encuentran en situación de pobreza sienten disminuidas sus márgenes de libertad y sus oportunidades, sus posibilidades de opción y de ser protagonistas de su propio destino. En definitiva, ven mermada su dignidad, señaló.
La recesión económica se instaló en Uruguay de 1999 a 2002, cuando la crisis se acentuó al punto de que colapsó el sistema financiero, el desempleo trepó al récord histórico de casi 20 por ciento de la población económicamente activa, las exportaciones cayeron a niveles de los años de la dictadura militar (1973-1985), el salario se deterioró y las reservas internacionales casi desaparecieron.
En la actualidad y tras la recuperación económica constante registrada desde 2003, gracias en especial a la mejora de los precios internacionales de los productos primarios que exporta el país como la carne y la soja, el desempleo bajó hasta poco más de 13 por ciento de los activos.
Mandeville, en un encuentro con la prensa, subrayó que se requieren esfuerzos públicos y privados, mecanismos sociales, instituciones y, por supuesto, marcos jurídicos que garanticen las libertades humanas, incluyendo la de tener acceso a más opciones y oportunidades.
La noción de ciudadanía integral, en ejercicio pleno de todos los derechos, supone abordar la pobreza, ya no como problema de falta, carencia o escasez de lo material, sino que pasa a tener un carácter multidimensional, donde ya no es posible abordar un aspecto separado del conjunto, añadió.
En la reunión de este viernes también participó el oficial de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Vera.
Mientras, Serpaj presentó su informe 2004 sobre la situación de los derechos humanos en Uruguay, en el que hace especial énfasis sobre la exigibilidad del respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estamos ante un país que se quebró. Si esto no lo percibimos a tiempo, luego ya no lo podremos reconocer, alertó analista político Gerardo Caetano, director del Instituto de Ciencias Políticas de la estatal Universidad de la República, invitado a la presentación del informe.
Se ha roto la noción del Estado como escudo de los débiles. Debemos volver a exigir que el Estado sea garante de los derechos humanos, añadió.
Serpaj señaló que hoy hay 41.768 puestos de trabajo menos y 25.461 desocupados más que cuando asumió en marzo de 2000 el presidente Jorge Batlle, del centroderechista Partido Colorado.
El informe indica además que Uruguay está muy lejos de generar empleos decentes, esto es, en la economía formal, con buenos niveles de remuneración y con las garantías debidas.
Hay un proceso de precarización general, sobre todo en determinados sectores de la sociedad, señaló Fernando Willat, miembro del equipo de Derechos Económicos de la organización.
Willat indicó que 32 por ciento de los 3,4 millones de uruguayos viven en la pobreza, y 75.000 de éstos en la indigencia. Mientras, la tasa de mortalidad infantil pasó de 13,6 muertes por 1.000 nacidos vivos en 2002 a 15 por 1.000 en 2003.
Serpaj subrayó que la crisis de 2002 provocó un aumento de la desnutrición, particularmente en los niños menores provenientes de hogares pobres o indigentes.
En particular, la mortalidad infantil en Artigas pasó de 13 muertes por 1.000 nacidos vivos en 2002 a 28,9 por 1.000 en 2003.
Por su parte, Caetano subrayó la necesidad de no perder la capacidad de indignación sobre esta realidad, y consideró inaceptable y equivocado el argumento de que Uruguay sea el país menos desigual de la región.
Podemos tomar un ómnibus en (el barrio residencial montevideano de) Pocitos, donde la mortalidad infantil es de cuatro por 1.000, similar a la tasa europea, y bajarnos en (el barrio suburbano de) Nuevo París, donde la mortalidad infantil sube a 40 por 1.000, que es la tasa africana, señaló.
En otro aspecto, Serpaj también hizo un nuevo llamado a cumplir con el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que obliga al Poder Ejecutivo investigar el destino de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Esa norma, refrendado por consulta popular en 1989, alejó de los tribunales de justicia a los militares y policías acusados de violar los derechos humanos en ese periodo.
La Comisión para la Paz, creada por el gobierno de Batlle, concluyó en sus investigaciones que 26 uruguayos murieron por torturas en el país durante la dictadura, y que sus restos fueron sepultados o incinerados y arrojados al mar.
Otros 128 uruguayos fueron detenidos y desaparecidos en Argentina, siete en Chile, dos en Paraguay y uno en Bolivia, en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur de América.
No es que vivamos con el ojo en la nuca, como nos dicen, sino que queremos que este país no sea una isla de impunidad. La Comisión para la Paz logró avances en su momento, pero no son del todo satisfactorios, apuntó Willat.
