Cuando todo indicaba que Cuba quedaría enfrentada al resto de los países representados en la XIV Cumbre Iberoamericana, la intervención de México facilitó este jueves en la capital costarricense un acuerdo para rechazar el indulto a cuatro cubanos que estaban presos en Panamá por tratar de asesinar a Fidel Castro.
La delegación de La Habana presentó el martes una propuesta de declaración en la reunión de coordinadores nacionales de la Cumbre, en la que se condenaba enérgicamente el indulto otorgado, consignando el nombre de los cuatro condenados por preparar un atentado contra la vida del mandatario cubano durante la X Cumbre, celebrada en noviembre de 2000 en Panamá.
Esa propuesta, fue criticada por varias delegaciones por entender que, en caso de expresar una condena, se desconocería el derecho soberano de Panamá a aplicar su legislación, como lo hizo al conceder los indultos.
Tras esa oposición se presentaron varias alternativas, procurando satisfacer a Cuba, sin ofender a Panamá ni hacer un planteo contrario al derecho internacional.
La delegación española propuso que el documento consignase que se observaba con preocupación el reciente indulto otorgado a cuatro conocidos terroristas de origen cubano.
Asimismo, Madrid justificó que se incorporase ese texto a la declaración final de la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica porque el hecho delictivo por el que fueron condenados los cuatro se produjo en el marco de un anterior encuentro de este tipo.
Tras largas horas de discusión, Cuba se negó a aceptar la proposición española, motivo por el cual los coordinadores resolvieron en un principio pasar el tema a la reunión de cancilleres. El encuentro se inició con el temor de que por segunda vez en la historia de estas Cumbres se aprobase una declaración sin haberse logrado consenso sobre la misma.
El único caso en que eso ocurrió se produjo precisamente en la Cumbre de Panamá, donde el gobierno español presidido entonces por el centroderechista José María Aznar propuso una declaración de condena al grupo terrorista español ETA y rechazó una modificación propuesta por Castro, que agregaba una condena a los cuatro detenidos y actualmente indultados.
En esa oportunidad, todas las delegaciones votaron a favor del texto propuesto por España y Cuba se abstuvo.
Pero esta vez, apenas iniciada la reunión de cancilleres, el mexicano Ernesto Derbez propuso que en el texto español, en vez de lamentar el indulto, se pusiese que los gobiernos representados en la Cumbre se suman al rechazo expuesto en su día por el actual gobierno de Panamá a ese indulto, aprobado por Mireya Moscoso días antes de dejar la presidencia.
Moscoso entregó el gobierno a fines de agosto a Martín Torrijos, hijo del fallecido general Omar Torrijos, quien gobernó Panamá entre 1968 y 1978 y que en 1974 restableció las relaciones diplomáticas entre su país y Cuba.
La amnistía concedida por Moscoso benefició a los cubanos Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo, quienes abandonaron de inmediato la prisión y el país centroamericano. Los cuatro habían sido sentenciados por planificar la colocación de explosivos de alto poder en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Panamá para detonarlos durante un acto que encabezaría Castro.
Las autoridades cubanas consideran a Posada Carriles el principal responsable de la voladura en Barbados, el 6 de octubre de 1976, de un avión de la compañía Cubana de Aviación con 73 pasajeros a bordo. Esa acción terrorista no dejó sobrevivientes.
Ante la iniciativa de Derbez, su homólogo cubano, Felipe Pérez Roque, aceptó el texto, que fue aprobado por todos los demás, incluido Panamá, y que pasará este viernes a consideración de los mandatarios iberoamericanos, cuya aprobación se da por descontada.
El borrador de la declaración final expresa la adhesión de los 21 países al Derecho Internacional, a los propósitos y los principios consagrados en la Carta de (la Organización de) las Naciones Unidas.
También el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, el principio de no intervención, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la protección y promoción de todos los derechos humanos.
Además, prometen fortalecer el multilateralismo a través de una reforma amplia e integral de las Naciones Unidas, buscando la eficiencia, transparencia, representatividad y democratización, mediante el perfeccionamiento y actualización del sistema del foro mundial, que otorgue a sus distintos órganos, sus agencias y organizaciones, la capacidad para cumplir con el papel que les corresponde en la prevención de amenazas, la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación para el desarrollo económico y social.
El amplio capítulo dedicado a este tema comienza señalando que la educación es un derecho humano fundamental e inalienable y tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales y es un instrumento fundamental para promover el desarrollo y la equidad.
Porque, agregan, una educación democrática, accesible y de calidad es la base fundamental para lograr un desarrollo sostenible, elevar la productividad, aprovechar el avance científico y tecnológico, reforzar las identidades culturales y consolidar los valores de convivencia democrática, pacífica y solidaria para reducir la pobreza y la brecha social.
Ese objetivo exige otorgar a la educación el carácter de política de estado y requiere de una visión multisectorial que permita ubicar la educación en el contexto económico, político, social y cultural de cada país, propiciando la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural.
En consecuencia, reafirmamos la responsabilidad del Estado en la formulación y aplicación de políticas y programas educacionales, añade el borrador de la Declaración.
Asimismo, reconocen que la educación es una responsabilidad de todos, por lo cual, es conveniente continuar los esfuerzos por lograr alianzas entre el Estado, el magisterio y la sociedad civil para consolidar las políticas de Estado que permitan mejorar la calidad de la educación.
La declaración de los países iberoamericanos subraya que la inversión eficiente en educación determinará las posibilidades de afrontar con éxito el desempleo que obstaculiza el crecimiento y desarrollo de nuestros países y amenaza con la exclusión social a amplios sectores de población.
Por ello, se comprometen a potenciar la cooperación iberoamericana en materia de educación y a trabajar conjuntamente para fortalecer las distintas instancias y mecanismos de cooperación internacional en materia de educación, a fin de que ningún país se vea frustrado por la falta de recursos en el empeño por alcanzar las metas de Educación para Todos.
En ese plano se comprometen también a promover en los distintos foros multilaterales, el examen y la adopción de mecanismos financieros innovadores; inclusive la conversión de un porcentaje de los servicios de la deuda por inversión en los sistemas educativos de nuestros países u otras iniciativas que permitan gestionar recursos financieros que constituyan fondos adicionales al presupuesto en educación.
Otras declaraciones que aprobarán los ministros se refieren a ambiente, las islas Malvinas en poder de Gran Bretaña y reclamada por Argentina, transporte aéreo, academias diplomáticas, migraciones, puertos, la lucha contra la corrupción, subvenciones agropecuarias, la situación de Haití y la cooperación con países de renta media.
