La decisión del gobierno de Argentina de vender una reserva natural de la noroccidental provincia de Salta para destinarla a cultivos tiene, además de impacto ambiental, un efecto determinante para una comunidad que no quiere abandonar su tierra a ningún precio.
No es que vivan con holgura. Al contrario, los más de 3.000 habitantes de Pizarro, el pueblo situado en esa ex área fiscal del departamento salteño de Anta, apenas si sobreviven y encima ahora son considerados intrusos por la justicia. Acá, aunque tenga tierra y ganado, el productor es pobre o indigente, señala a IPS Carlos Ordóñez, representante de los vecinos.
No obstante las carencias, ninguno quiere dejar las tierras heredadas de sus ancestros, que además en 1995 fueran declaradas reserva natural para proteger los bosques nativos de esa región de que alberga especies vegetales y animales amenazadas.
Representantes del gobierno de Salta llegaron tres veces en los últimos dos meses hasta Pizarro para proponerles a los campesinos un traslado, para poder entregar las tierras a los productores agrícolas que la adquirieron para plantar soja en el remate realizado luego de que fuera desafectada el área protegida.
La decisión de quitarle la condición de reserva natural a esa zona fue tomada este año, una medida sin antecedentes en el país, muy criticada por ambientalistas y especialmente resistida por los ocupantes de siempre.
Yo nací acá en el monte, el pueblo no es para mí, le comenta a IPS Nicasia Reyes, acodada en el cerco de troncos en el que mantiene a su ganado vacuno. Cada vez que le traen los papeles, para que acepte apenas 10 hectáreas en otro lugar, ella no firma. No es que no sepa leer, dice, es que no veo bien las letras, aclara.
Reyes, de 46 años, enviudó dos veces y tiene 12 hijos. Su primer esposo murió de meningitis a los 42 años y el segundo fue apuñalado por el hermano, relató. El único ingreso familiar proviene de la producción de queso que ella elabora manualmente con la leche escasa que producen sus vacas, alimentadas en el monte.
Cada vaca le da entre tres y cuatro litros de leche por día. Si tuviera animales de raza lechera o mejores pastos, el rendimiento sería de 15 litros diarios, explicó Ordóñez. Para una horma de tres o cuatro kilogramos de queso que destinará a la venta, la mujer necesita ordeñar al menos ocho vacas, calcula.
Con lo que comen estos animales no le pueden dar más que eso, aquí haría falta asistencia técnica oficial para que se pueda mejorar el rendimiento, opinó Ordoñez. Pero los vecinos de Pizarro no conocen de avances tecnológicos ni de eficiencia productiva.
Para Casimira Gómez, de 73 años, la idea de dejar Pizarro es un asunto que tampoco la atrae. No quiero irme de acá, si nos llevan a un pueblo ¿qué vamos a criar?, pregunta retórica a IPS. La mujer tiene vacas y cabras. El ganado anda suelto por el monte en busca de alimento.
Como única instalación tiene un pequeño corral de troncos en el que se amontonan las cabras. Ella distingue a cada uno de los animales por su fisonomía y los controla cuando vuelven. Algunas veces falta uno, atacado por un animal del monte. Son los riesgos del pastoreo errante.
Si se diera apoyo técnico, los puesteros (como se llama aquí a los campesinos) podrían hacer alambrados, mejorar los pastos y criar un ganado que les dé buena leche y buena carne, pero con lo que tienen, aún con 100 animales y 2.000 hectáreas, viven muy pobremente, aseguró Ordóñez..
Lorenzo Cosme es otro productor que engaña al observador apurado. Parece que tuviera una gran unidad económica con acceso al agua, pero a medida en que se ingresa en su campo, las instalaciones son de una precariedad absoluta, que denota que sobrevive en la indigencia.
Cosme cultiva maíz para su sustento, tiene animales también en terreno sin alambrar, y elabora sogas con el resistente cuero del tapir. Con esas sogas enlaza al ganado, cuando algún animal queda atrapado en zonas del monte de difícil acceso. También lo usa para sujetarlo cuando tiene que curarlos o vacunarlos.
Desde que recibe la visita de IPS, manifiesta estar preocupado por el agua. Y es que hay un gran establecimiento de capitales españoles y franceses, La Moraleja, que está asentada en la parte alta del monte, fuera del área desafectada de la reserva, y amenaza con dejarlos sin agua para su subsistencia y la del ganado.
Tenemos que patalear (reclamar) antes, le recomienda Ordóñez, que incentiva a los vecinos a protestar para que se anule la venta de la reserva, cuyas tierras están por ahora preadjudicadas. Falta que se resuelvan cuestiones judiciales y que se desaloje a los pobladores para que los nuevos dueños tomen posesión.
Cosme asegura que criar ganado a campo abierto resulta más caro que si tuviera alambrados, porque se hace difícil controlar de cerca al animal enfermo. Pero el alambre no está entre las opciones posibles. Cuesta 180 pesos (60 dólares) los 1.000 metros, asegura el hombre.
De todos modos, ni piensa irse de allí adonde vivió siempre. La gente sufre en silencio, tiene miedo de protestar, explicó Ordoñez. El gobierno dice que es Greenpeace (la entidad ambientalista internacional) que está contra la venta, porque prefiere ignorar que somos miles los que queremos proteger esta reserva, remarcó.
Ordoñez se dedica a la apicultura y tiene además un almacén en Pizarro junto a su esposa, Beatriz Ponce. Los dos coinciden en que el negocio hace agua. No tengo como expandir el mercado, que está en permanente retracción, imagínese lo que será cuando todos estos campos sean de soja, propone Ordóñez.
Su almacén vende alimentos básicos y gas envasado. Pero más de 80 por ciento de los pobladores usa leña para cocinar y calentarse, precisó Ponce. Para cultivar miel pidió un crédito bancario que canceló con altísimos intereses. Nos ofrecen préstamos para irnos, pero yo ya sé lo que es pagarlos, dice.
Finalmente, las 25 familias de la etnia wichi que viven en la reserva, tampoco están dispuestas a mudarse. Las mujeres y niños no hablan español. Los hombres un poco, pues lo aprendieron a la fuerza para conseguir trabajo en obrajes o recogiendo leña para algún productor vecino con la reserva.
Ahora el español les sirve para reclamar. Donato, uno de los líderes de la comunidad, está preocupado por la venta de la reserva y participa de las reuniones de vecinos que se organizan para resistir. En diálogo con IPS, cuenta que las mujeres hacen artesanías con fibras vegetales y semillas del lugar.
Los hombres venden leña seca y recolectan seis tipos distintos de miel. Mielamos, inventa Donato cuando se le pregunta por su actividad principal. También cazan animales para alimentarse. Ahora está pensando cultivar zapallo, pero la desafectación de la reserva coarta sus proyectos.
Si se vende esto, ¿dónde vamos a sembrar?, pregunta señalando el monte que rodea el caserío wichi. Si me lo quitan, ¿dónde vamos a ir? En esta tierra tenemos miel, tenemos quirquincho, iguanasà si la quieren vender, que al menos nos dejen un poco, propone.
Lo que necesitaría Donato para su comunidad es bastante más que lo que quieren darle. Les ofrecen 10 hectáreas, pero él necesitaría 2.000 para la recolección y caza, que es una actividad extensiva. Nosotros no tenemos sueldo como los criollos. Si esto se vende ¿cómo nos mantenemos?, dice el hombre. (
