La vigencia real de la Corte Penal Internacional en América Latina y el Caribe está amenazada por las presiones de Estados Unidos, que tienden a vincularse con las negociaciones de tratados comerciales, advirtieron este miércoles en la capital ecuatoriana activistas humanitarios y un parlamentario indígena.
Los principios que en 1998 dieron origen a la Corte Penal Intenacional (CPI), establecida formalmente en julio de 2002 y con sede en La Haya, están propiciando logros en la lucha contra la impunidad de delitos represivos en la región, fue otro aspecto destacado en uno de los seminarios en el marco del Foro Social de las Américas, inaugurado el domingo en Quito.
Hay un panorama alentador, con acciones legales por crímenes contra los derechos humanos en México, Chile, Perú y Argentina, dijo el peruano Francisco Soberón, dirigente de la Coalición por la CPI, una red mundial que agrupa a 2.000 organizaciones no gubernamentales, que convocó el encuentro.
Soberón agregó que Colombia es la situación más lacerante que se vive en la región, como escenario de un conflicto donde se producen crímenes de guerra, crímenes de contra la humanidad y actos de genocidio, que configuran los delitos bajo jurisdicción de la CPI.
El 17 de julio de 1998 se aprobó en Roma el Estatuto de la CPI, firmado por la mayoría de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La Corte nació oficialmente el 1 de junio de 2002, luego e que 60 países completaron el proceso de ratificación del acuerdo.
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Al contrario de otros tribunales internacionales, la CPI no juzga a Estados sino a individuos y ejerce jurisdicción sólo sobre delitos cometidos luego de su entrada en vigencia.
Hasta ahora son 94 los Estados que ratificaron la CPI, pero entre los que no lo han hecho se incluyen Estados Unidos, China y Rusia, tres de los cincos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Israel y 16 países latinoamericanos y caribeños.
Los países de la región que no adhirieron todavía a la Corte son Bahamas, Chile, Cuba, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas y Surinam, señaló Mariana Rodríguez, coordinadora de los servicios informativos de la Coalición por la CPI.
Por su parte, Ricardo Ulcuango, diputado ecuatoriano en representación del pueblo Cayambe y presidente del Parlamento Indígena de América, recordó que el 6 de mayo de 2002 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, retiró la firma del tratado constitutivo de la Corte que había estampado su antecesor, Bill Clinton.
Bush está exigiendo a los países que ratificaron el Estatuto de Roma la firma de acuerdos bilaterales, para que se abstengan de procesar a militares estadounidenses que incurran en crímenes de guerra como miembros de contingentes de paz de la ONU o participen en las llamadas guerras preventivas, como la lanzada por su gobierno en marzo de 2003 contra Iraq.
En segundo término, indicó Ulcuango, los acuerdos que exige Bush obligarían a los Estados parte de la CPI a no entregar a esa Corte a ciudadanos estadounidenses, sino que los remitan a la justicia de su país.
Estados Unidos está saboteando la CPI y quiere imponer dos estándares de justicia: inmunidad para sus ciudadanos y responsabilidad penal para los ciudadanos de los demás países, sentenció el parlamentario ecuatoriano.
Ulcuango y Soberón advirtieron que Washington puede encauzar las presiones para que los gobiernos latinoamericanos firmen ese tipo de acuerdos a través de la negociación de tratados bilaterales o regionales de libre comercio.
Bush está dando prioridad a esos tratados luego de las dificultades para una negociación general para crear el Area de Libre Comercio de las Américas, cuya meta era reunir en una sola zona de liberalización desde fines de 2005 a 34 países del continente, todos menos Cuba.
Estados Unidos firmó ya tratados bilaterales con México y Chile y con los cinco países del Mercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y negocia otro acuerdo con Colombia, Ecuador y Perú. También prevé hacer lo mismo con Bolivia, que junto a Venezuela conforman la Comunidad Andina de Naciones.
El gobierno de Estados Unidos intentará convencer a los países latinoamericanos de que, si quieren beneficiarse de los tratados comerciales deben firmar estos acuerdos de inmunidad e impunidad, en una campaña frontal contra la CPI, advirtió Soberón.
Ulcuango señaló que un grupo de diputados está promoviendo una resolución para que el Congreso legislativo de Ecuador exija al presidente de este país, Lucio Gutiérrez, que se abstenga de suscribir acuerdos bilaterales con el gobierno de Bush que vayan contra la CPI.
Una campaña similar se realiza a través del Parlamento Indígena Americano, creado en 1987, para impulsar la ratificación de la CPI en aquellos países que no lo han hecho y demandar la plena aplicación del Estatuto de la corte en los Estados que ya lo ratificaron, añadió el diputado.
Ulcuango y Soberón coincidieron en que la acción parlamentaria será insuficiente si no hay una movilización activa de la sociedad civil de rechazo a los acuerdos que podría imponer el gobierno de Bush.
En el seminario se recordó que Colombia, al ratificar en agosto de 2002 la CPI, estableció una reserva por siete años para acatar las normas del tribunal sobre crímenes de guerra, aunque esta medida obedeció más bien a facilitar el diálogo de paz que el gobierno encaminaba entonces con la guerrilla.
La ecuatoriana Ana Lucía Herrera, dirigente de la Coalición de Mujeres por la CPI, recordó que gran parte de los actos de violencia que tienen lugar en Colombia entran en la tipificación de delitos contra la humanidad y genocidio y por lo tanto pueden ser llevados ante ese tribunal mundial.
Herrera resaltó la lucha que las organizaciones de mujeres en Colombia están llevando a cabo para denunciar los crímenes de violencia sexual que cometen en ese país, tanto militares como insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha.
La activista recordó que en los primeros borradores del Estatuto de la Corte no se aludía a las violaciones de derechos humanos vinculadas a la violencia de género y que su inclusión se logró gracias a la presión del movimiento feminista, labor en que se destacó la costarricense Alda Fazio.
Sin perspectiva de género, en la justicia internacional se dejaría fuera a la mitad de la humanidad. El Estatuto de la CPI es uno de los más avanzados en términos de justicia de género según las normas de derecho internacional humanitario, dijo Herrera.
La violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto incluye violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos y abortos forzados, mutilaciones genitales y de los pechos y otros delitos, vinculados a menudo a las llamadas operaciones de limpieza étnica.
En el conflicto de Ruanda en la década del 90 en Africa hubo unas 500.000 mujeres violadas, un delito también recurrente en las guerras de la ex Yugoslavia.
Sin embargo, la violencia de género permaneció bajo la invisibilidad, silenciada, incluso en las Convenciones de Ginebra y gracias a la CPI es hoy un tema de atención, comentó Herrera.
Así, la Comisión de Verdad y Reconciliación en Chile no dio visibilidad en su informe de 1991 a los crímenes contra las mujeres bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), señaló la activista.
Una comisión similar en Guatemala documentó en 2000 que miles de mujeres, en su mayoría indígenas, fueron violadas antes de ser asesinadas por la represión militar en ese país, pero no hizo recomendaciones para juzgar esos casos.
En Perú, la también llamada Comisión de Verdad y Reconciliación, que documentó crímenes contra los derechos humanos desde 1980 a 2000, tanto por parte de agentes del Estado como de los grupos subversivos, incluyó por primera vez los actos de violencia sexual como parte de su informe final.
Esto fue posible gracias a los avances creados por la Corte Penal Internacional, afirmó Herrera.
