La iniciativa del gobierno de Chile de cobrar regalías a las compañías privadas que explotan cobre no sólo puso fin a la luna de miel del presidente Ricardo Lagos con los empresarios sino que además derribó el mayor símbolo de la política de los consensos, que acompaña desde 1990 la transición democrática.
El conflicto tiene uno de sus epicentros en el cogobernante Partido Socialista (PS), cuyo secretario general, Gonzalo Martner, confirmó en la noche del martes la renuncia a esta colectividad del ex ministro Enrique Correa, quien en los últimos años se convirtió en el mayor lobbista (defensor interesado) de empresas transnacionales y figuras políticas en Chile.
Correa, un ex seminarista y ex miembro de la también cogobernante Democracia Cristiana que fue ministro de la Secretaría General de Gobierno en el primer gobierno de transición (1990-1994), encabezado por Patricio Aylwin, fue requerido por empresarios mineros para que ejerciera influencia en el parlamento contra el proyecto de ley sobre regalías.
El presidente Lagos, del PS, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para aplicar un royalty (regalía) de tres por ciento a las utilidades de las empresas mineras y calificó el proyecto con extrema urgencia, lo cual implica que esa rama legislativa debe votarlo en 10 días, para que pase al Senado, que debería despacharlo en un plazo similar.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, admitió el martes la posibilidad de un plazo mayor, con una urgencia simple, siempre y cuando los diputados aprueben la llamada idea de legislar. Es decir, que acojan la iniciativa y no la rechacen sin debatirla.
El mandatario justificó el apuro en tramitar el proyecto para no darle connotaciones políticas a un debate que, si se alarga, podría influir tanto en los comicios municipales de octubre próximo como en las elecciones presidenciales y legislativas de diciembre de 2005.
Juan Claro, presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), tenaz opositor al royalty, insistió en que las autoridades tienen un propósito político populista al proponer este cobro, que a su juicio es inconstitucional y rompe las normas que sirvieron para atraer grandes inversiones a la actividad minera.
La pugna en torno a este asunto generó un distanciamiento al parecer sin retorno de Lagos con Claro, un empresario de perfil liberal que desde 2001 venía trabajando con el gobierno de centroizquierda en una Agenda pro crecimiento, cuestionada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El gobierno de Salvador Allende (1970-1973) nacionalizó los grandes yacimientos de cobre de Chile el 11 de julio de 1971, pero en 1983 la dictadura del general Augusto Pinochet, que derrocó a ese gobierno y se extendió hasta 1990, expidió un nuevo Código Minero que reabrió la actividad a los privados, con fuertes estímulos tributarios.
En la actualidad, la minería en manos privadas, tanto de empresas transnacionales como de grandes consorcios locales, aporta 70 por ciento de los 4,7 millones de toneladas de cobre que se extraen cada año en Chile, que es el mayor productor mundial de este mineral, del cual posee 40 por ciento de las reservas existentes en el planeta.
El 82,54 por ciento de los chilenos no está de acuerdo con la privatización del cobre, dijo a IPS Edgardo Condeza, un médico socialista que encabeza el Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, que realizó un sondeo sobre el asunto en Santiago y en la ciudad costera de Viña del Mar (130 kilómetros al oeste de la capital).
Condeza, al igual que la dirección del Partido Socialista (PS), es partidario del cobro de la regalía, en una posición mayoritaria en los otros tres partidos de la coalición gobernante, la Democracia Cristiana, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata.
Pero la gobernante Concertación por la Democracia controla poco más de 50 por ciento de los escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo cual es insuficiente para aprobar leyes de quórum calificado, como es el caso del proyecto para aplicar royalty, que requiere del voto a favor de cuatro séptimos de los 120 diputados y los 48 senadores que componen el cuerpo.
Sin embargo, el cobro de la regalía tiene también respaldo en parlamentarios de la opositora Alianza por Chile, de derecha, especialmente entre aquellos que representan en el Poder Legislativo a las zonas del norte del país, donde se concentra la explotación minera.
Chile es uno de los pocos países que no cobra una regalía por la explotación de recursos agotables, como son los mineros.
El royalty es un derecho que el Estado soberano cobra al concesionario por la explotación de sus riquezas naturales. Noción equivalente a la de patente, que el Estado, dueño de una riqueza natural no renovable cobra al concesionario por explotar dicho bien, explicó a IPS el economista Héctor Vega.
Condeza acotó que entre 17 países no industrializados reconocidos como productores mineros, Chile es el que menos impuestos aplica a esta actividad.
Los opositores a la regalía plantean que gracias al régimen de estímulos aplicado desde los años 80 Chile ha recibido inversiones en la minería por unos 20.000 millones de dólares.
Francisco Costabal, vicepresidente del empresarial Consejo Minero, sostuvo el martes que en los últimos 14 años la minería privada pagó un promedio anual de 128 millones de dólares en impuestos y que si se aplicara el royalty su contribución superará los 900 millones de dólares.
José Luis Daza, un economista chileno que trabaja como consultor en Wall Street, el mercado financiero de Nueva York, dijo el lunes al diario El Mercurio, de Santiago, que no tiene sustento el argumento de que el cobre es un recurso agotable, esgrimido por los partidarios del cobro de una regalía.
El argumento de que el cobre se va a acabar está totalmente desacreditado. Las reservas de cobre pueden durar cien o mil años, nadie lo sabe. Depende, entre otras cosas, de los riesgos que tomen las mineras en prospección y de la tecnología que traigan o desarrollen en el país, dijo.
Mientras se acentúa el debate económico, en el frente político la renuncia de Correa al PS evidenció un complejo escenario, donde los gestores de la transición a inicios de los años 90 se han desplazado como consultores hacia las esferas empresariales.
El mérito del ex ministro Correa es reconocerse como lobbista, actividad no normada en Chile. Pero no es el único que cubre este frente, donde también se destacan el sociólogo Eduardo Tironi, secretario de Comunicaciones de Aylwin, y el ex diputado y candidato a alcalde de Santiago-Centro, Jorge Schaulsohn, ambos del Partido Por la Democracia.
Correa fue sondeado por empresarios mineros para dirigir una estrategia contra el royalty a través de su empresa Imaginacción, pero declinó hacerlo cuando la directiva del PS amenazó con llevarlo al Tribunal Supremo del partido, hecho que a la vez gatilló su renuncia.
Como secretario General de Gobierno de Aylwin, este ex seminarista fue uno de los operadores políticos más notables de los primeros años de la transición, como gestor de la política de los consensos que eludió disputas con la derecha y con el ex dictador Pinochet, quien se mantuvo hasta marzo de 1998 en la comandancia en jefe del Ejército.
En 1997, Correa fue objeto de críticas de los ecologistas, cuando comenzó a hacer lobby (presión) para que se autorizara en Chile operaciones del American Monarch, un gigantesco barco-factoría que pretendía extraer recursos pesqueros de este país.
En los últimos años el ex ministro ha sido contratado por empresas transnacionales, como Telefónica de España, para conseguir aumentos de tarifas, asesoró también a compañías tabacaleras, siderúrgicas, empresas de gas, firmas alimenticias, y grandes tiendas comerciales.
Como asesor de imagen, Correa trabaja desde abril para el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), virtualmente refugiado en Chile, y con la canciller Soledad Alvear, de la Democracia Cristiana y una de las precandidatas presidenciales en la coalición de gobierno, que tiene como principal rival a la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, del PS.
