Juan Pagnotta es un joven asesino a sangre fría de un hombre que intentó defender a su hija en un robo. Pero además es uno de los tantos ejemplos de connivencia con policías de la oriental provincia argentina de Buenos Aires, que el nuevo secretario de Seguridad prometió este martes desarticular.
El jurista León Arslanián vuelve al cargo, del que debiera renunciar hace seis años, con un plan de reestructura a fondo de la policía provincial y del propio sistema de seguridad ciudadana, que incluye la sustitución de oficiales formados en la fuerza por civiles en algunos puestos claves.
Al asumir la secretaría de Seguridad del distrito más grande y poblado de Argentina admitió que la corrupción es el problema más grave de la estructura policial, a la que calificó de autoritaria, burocrática, esclerosada y disfuncional.
También señaló que existen fuertes sospechas de que ese cuerpo de seguridad libera zonas para el delito y da cobertura a malhechores, una práctica habitual en tiempos de la última dictadura militar (1976-1983) para realizar los operativos de asesinatos y desaparición forzada de personas.
Esa corrupción es fruto del modelo autoritario, la falta de control, la connivencia con dirigentes políticos y la herencia de militares que manejaron la fuerza durante la dictadura, añadió el nuevo funcionario.
Arslanián presidió en 1985 la Cámara Federal que juzgó y condenó por delitos contra la humanidad a los jefes dictatoriales, luego indultados por el presidente Carlos Menem (1989-1999), fue ministro de Justicia entre 1991 y 1992 y en ese papel fue uno de los impulsores para implantar los juicios orales como forma de acelerar los procesos, y ocupó el actual cargo provincial en 1998.
Gabriel Lerner, de la Coordinadora contra la Represión Policial y abogado de familiares de víctimas del llamado gatillo fácil, explicó a IPS que los postulados de Arslanián son democráticos y progresistas, aunque prefiere ser cauto hasta saber si hay voluntad política de poner en marcha las reformas anunciadas.
También Gustavo Palmieri, experto en temas de seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, destaca la trayectoria de respeto a la ley de Arslanián y celebró la decisión política de convocarlo a pesar de algunas resistencias a su nombramiento desde distintos sectores.
Las reservas de los expertos tienen que ver, además, con lo complejo del problema. La connivencia entre policías y delincuentes es un fenómeno naturalizado en la provincia de Buenos Aires y registra un crecimiento exponencial en los últimos años, en particular con el robo y desguace de automóviles, secuestros con fines extorsivos, asesinatos y prácticas de gatillo fácil con jóvenes.
Las denuncias de todo tipo contra la llamada en su momento maldita policía, que llevó a su descabezamiento en más de una oportunidad desde fines de los años 90, parecieron no hacer mella hasta el secuestro y posterior asesinato a fines de marzo de Axel Blumberg, de 23 años, que provocó una gran indignación tras la campaña pública iniciada por su padre.
Si bien esa situación no logró frenar la ola de violencia, marcó un antes y un después en esa asociación ilícita entre delincuentes y policías.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, reconoció que el problema de la inseguridad ciudadana fue puesto en el tope de la agenda por la movilización social que logró la arenga de Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, y se comprometió a eliminar el sistema de corrupción e ineficiencia de la policía que vamos a enfrentar. Incluso, si es necesario se reemplazará ese cuerpo, añadió.
La convocatoria de Blumberg, con ayuda de los medios de comunicación, llevó el 1 de abril a unas 200.000 personas frente a la sede del Congreso para pedir leyes penales más severas contra los autores de delitos graves y cambios en la organización de la policía en el país, en particular la de la provincia bonaerense.
En la última semana, las fuerzas de seguridad detuvieron a quienes se confiesan autores del asesinato del joven Blumberg, y también a Pagnotta, de 20 años. En los dos casos las investigaciones se centran ahora en las conexiones policiales que permitieron a los delincuentes actuar protegidos.
En el caso Blumberg, los vecinos habían alertado a la policía sobre los pedidos de auxilio del joven que estuvo secuestrado seis días antes de ser asesinado. Luego los vecinos denunciaron que la policía los intimidaba para que no declarasen. Finalmente el fiscal ordenó la detención de un suboficial de la Policía Federal, que tiene jurisdicción en la capital argentina y delegaciones en todo el país.
En cuanto a la circunstancias que derivaron en la muerte del comerciante Daniel Bogani, asesinado el jueves de la semana pasada por Pagnotta, también hay sospechas de connivencia policial.
Pagnotta secuestró a la hija de Bogani, y mientras sus familiares pedían ayuda a la policía su secuestrador la llevó a retirar plata a distintos cajeros bancarios automáticos.
Insatisfecho con lo recaudado, Pagnotta junto a otros dos cómplices fue a la casa de la joven e intentó ingresar apuntándole a la cabeza. El padre quiso proteger a su hija y Pagnotta lo baleó a quemarropa e hirió a su hija. La policía nunca llegó.
Días después, familias de dos personas asesinadas en abril y mayo de 2003 al parecer por el mismo delincuente, revelaron entonces su calvario desde que lo identificaron. Sus testimonios eran ignorados por la policía, y antes de que los testigos declaren ante la justicia recibían amenazas de muerte telefónicas.
La consecuencia más destacada del movimiento social logrado por Blumberg fue el cambio en el Ministerio de Seguridad provincial, aunque no en línea de mano dura como pretendían algunos comunicadores y políticos, como el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual diputado Carlos Ruckauf.
El nuevo secretario de Seguridad es un experto en derecho penal que ya intentó llevar adelante en 1998, cuando gobernaba la provincia el ahora también ex presidente Eduardo Duhalde, una profunda reforma policial, que incluyó la descentralización con la división del distrito en 18 departamentales y la expulsión de unos 1.000 oficiales en ese entonces.
También se dispuso entonces a desarticular los bolsones de corrupción policial, en una época donde proliferaban las denuncias judiciales y periodísticas de casos de gatillo fácil y de otros tipos de asesinatos, como el que le costó la vida al reportero gráfico José Luis Cabezas.
No obstante esos antecedentes, Palmieri advirtió a IPS que espera que las medidas de corto plazo sean coherentes con las de mediano y largo plazo. Si se va a convocar a civiles para que sean miembros de la policía, se avanza en un sentido, pero si junto con eso se apela a los militares para que den apoyo logístico se estaría cometiendo un grave error, alertó.
Palmieri aludió así al ofrecimiento del Ministerio de Defensa nacional para que se utilicen dependencias militares para que funcionen como cárceles, en reemplazo de las comisarías, se usen helicópteros y sistemas de comunicación. Pero la ley de Defensa impide que los militares se involucren en asuntos internos de seguridad.
Arslanián anunció este martes, además, que el esquema jerarquizado de la policía será reemplazado por uno descentralizado que tendrá el control de foros vecinales, se creará una división específica para delitos de secuestro y narcotráfico, y se creará un sistema de llamadas de la comunidad a la policía que no dependerá de la institución.
Este último anuncio resulta clave. En los casos de delitos de secuestros o robos seguidos de muerte, es habitual que los vecinos revelen que llamaron a la policía para denunciar un episodio de violencia en ciernes, pero que los uniformados no hacían caso presentando argumentos pueriles.
También anticipó que trasladará a cárceles a 5.600 personas hoy detenidas en comisarías y que son un foco de descomposición, por la connivencia que se genera entre delincuentes y policías.
El flamante ministro dijo que se premiará a los buenos policías y se investigará a los malos, se eliminará el sistema de ascensos automáticos y se promoverá solo a los que muestren liderazgo, capacidad e iniciativa, incluso con mejores salarios.
La formación de los policías también se modificará, se premiará a los que se especialicen y se permitirá el ingreso de civiles expertos en seguridad a la institución policial. (
