La crisis desatada por dos asesinatos hace 13 meses en la provincia argentina de Santiago del Estero derivó este jueves en la intervención del gobierno federal, que trata de desmontar el férreo poder montado en 50 años por una familia acusada de corrupción, persecución brutal a opositores y violaciones de los derechos humanos.
El gobierno de Néstor Kirchner designó al efecto a su ministro de Justicia, Pablo Lanusse, inmediatamente después de que este jueves por la madrugada el Congreso Nacional aprobara la medida para intervenir los tres poderes provinciales por 180 días, prorrogable por otros seis meses.
Lanusse no tiene antecedentes de militancia en el Partido Justicialista (peronista), al que pertenecen tanto el gobierno nacional como el intervenido, pero cuenta con una importante trayectoria judicial en la investigación de casos de corrupción estatal.
Después de resistir mediante todo tipo de maniobras dilatorias, la gobernadora Mercedes Aragonés y su esposo Carlos Juárez se preparan para abandonar la provincia que controlaron directamente o a través de dirigentes afines desde 1948, cuando Juárez fuera elegido por primera vez. Sin embargo, la justicia ordenó de inmediato la captura de ambos por diversos delitos.
Ubicada en el nordeste de Argentina, Santiago del Estero tiene 720.000 habitantes, 58 por ciento de los cuáles viven en la pobreza y 8,6 por ciento son analfabetos, un indicador este último que casi triplica la estadística nacional.
Más de la mitad de la población provincial depende del empleo público o de subsidios gubernamentales, un sistema considerado la base del clientelismo político que permitió la permanencia del matrimonio Juárez en el poder de un modo u otro por tantos años, incluidos los siete de dictadura inicios en 1976.
Este régimen de corte feudal se había resquebrajado ya una vez en 1993, cuando en medio de una profunda crisis económica que provocó el atraso en el pago de salarios públicos, pobladores enardecidos prendieron fuego a las sedes de los tres poderes provinciales y a casas de funcionarios acusados de corrupción, entre ellos la residencia del propio Juárez y esposa.
Pero luego de una intervención de dos años, dispuesta por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), Juárez volvió a ser elegido en las urnas.
Casos de regímenes familiares todopoderosos similares al juarismo se repiten en otras provincias argentinas, la mayoría de ellos asociados al peronismo como en Santiago del Estero, otros de origen conservador, y todos amparados por las sucesivas dictaduras que soportó el país en el siglo XX.
Es el caso de la familia Saadi en la provincia de Catamarca, ahora golpeada por un escándalo de corrupción y muerte parecido en los años 90, los Rodríguez Saá, en San Luis, donde son hostigados en estos días por reclamos sociales, los Romero en Salta, los Sapag en Neuquén, los Romero Feris en Corrientes, los Bravo en San Juan y los Menem y Yoma en La Rioja.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es receptora desde hace dos años de constantes denuncias de campesinos de esa provincia que aseguran ser objeto de incursiones de grupos paramilitares para amedrentarlos y torturarlos con el fin de que entreguen las tierras en las que viven desde hace décadas a grandes propietarios.
Pero recién luego de la muerte de Leyla Nazar y Patricia Villalba, en febrero de 2003, fue que se inicia una investigación clave para determinar si en ese y otros actos de violencia estaban involucrados familiares de dirigentes políticos del régimen juarista.
Así, la justicia finalmente llega hasta el ex jefe de inteligencia provincial Musa Azar, quien es detenido y procesado en relación al asesinato de las dos jóvenes y, abandonado a su suerte, comienza a acusar al matrimonio Juárez de distintos delitos.
Las repercusiones del caso motivaron la intervención del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, que en octubre de 2003 tras sucesivos viajes de funcionarios a la provincia- derivaron en un informe con más de 500 denuncias sobre inacción judicial, arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos y apremios ilegales, incluso en niños de entre 9 y 12 años.
La policía provincial no tiene otro método de combatir el delito que mediante las detenciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, con una complicidad judicial que deja hacer sin intervenir, denunció en ese momento el secretario nacional de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, junto al secretario Lanusse.
El informe de estos funcionarios provocó una catarata de denuncias de funcionarios judiciales, legisladores, periodistas, campesinos y religiosos que revelaron las prácticas dictatoriales y el terror que imperaban en Santiago del Estero.
Delegados del gobierno de Kirchner encontraron un depósito con fichas individuales de unas 40.000 personas, en las que figuras políticos, agentes judiciales y religiosos, que eran espiados y perseguidos por la policía y el servicio de inteligencia local.
Pero entre las acusaciones más graves contra los Juárez se destaca la de familiares del obispo Gerardo Sueldo, quien murió en un presunto accidente automovilístico en 1998.
Los familiares del prelado creen que éste fue víctima de un homicidio. Sueldo sufría constantes amenazas por criticar el estilo feudal de los Juárez y denunció los atropellos del régimen en sus homilías y también ante el propio papa Juan Pablo II.
Asimismo, familiares del ex gobernador César Iturre (1987-1991) aportaron datos sobre la sospechosa muerte de este ex mandatario, que había sido aliado de Juárez y luego se pasó a filas opositoras.
Iturre apareció muerto en un apartamento en 1996 en Asunción, donde vivía tras exiliarse, según declaró ahora su hijo Carlos, quien dijo haber obtenido el testimonio de un informante ante la justicia, donde declaró que miembros de la policía y de la secretaría de inteligencia santiaguina viajaron a Paraguay en 1996 por orden de Aragonés para asesinar a su padre.
El presunto asesino del ex gobernador, actualmente preso por otra causa, se jacta en prisión de tener comprobantes de gastos realizados en la capital paraguaya durante esa misión, apuntó Carlos Iturre.
Asimismo, surgieron denuncias por la desaparición de cuatro personas en vísperas del golpe de Estado de 1976, cuando Juárez gobernaba la provincia. Por esa causa, el ex mandatario debería presentarse a declarar en marzo, pero su esposa lo designó ministro de Economía en una maniobra destinada a protegerlo con los fueros que devienen del cargo. Empero, ahora deberá presentarse a la justicia.
Sobre la gobernadora Aragonés también penden diversas acusaciones. Una de ellas la señala como instigadora del atentado contra la residencia del diputado opositor José Figueroa.
También el delegado de la Administradora Nacional de la Seguridad Social en Santiago del Estero, Juan Baracat, acusó a la gobernadora de cobrar una jubilación, al tiempo que ocupaba distintos cargos de gobierno. Aragonés calificó a Baracat de beduino hijo de puta y el funcionario pidió este martes protección nacional por temor a atentados en su contra o su familia.
