Largas colas se forman en los aeropuertos de Brasil a causa de medidas tomadas por policías en demanda de un aumento salarial, mientras el meridional puerto de Paranaguá cumple cinco días de paralización y otras huelgas estallan en todo el país, agravando la tensión política y económica.
Cerca de 5.000 camiones estacionados en 70 kilómetros de carretera y 46 buques fondeados en el mar esperan el fin la huelga portuaria que impide el embarque de soja en Paranaguá. En consecuencia, cerca de 75.000 toneladas del grano dejan de ser exportadas cada dia.
Los trabajadores, representados por una docena de sindicatos, reclaman la sustitución de los directores del puerto, acusados de adoptar medidas que redujeron sus sueldos y dañaron las condiciones de trabajo y las operaciones portuarias.
Paranaguá es el principal puerto exportador de soja brasileña y paraguaya. Su paralización provocó alzas en el precio internacional de la leguminosa, ante el atraso de las entregas brasileñas.
Por su parte, agentes de la Policía Federal iniciaron hace 15 días una peculiar acción por aumentos salariales, la operación modelo, que consiste en cumplir todos los procedimientos previstos en el control de las fronteras.
El movimiento causa molestias a los pasajeros internacionales, que se ven obligados a esperar varias horas para la inspección de pasaportes y equipaje. La medida fue interrumpida la semana pasada y se reanudó este martes, ampliada a los vuelos domésticos, lo que, se prevé, aumentará las colas.
Los inspectores sanitarios del Ministerio de Agricultura también iniciaron el 15 de marzo una movilización para reclamar aumento salarial de 30 por ciento. El gobierno se dispuso a negociar, ofreciendo 20 por ciento y logrando una tregua que evitó mayores daños a las exportaciones agrícolas, que dependen del control de estos funcionarios.
Otros funcionarios públicos, como los del Instituto Nacional de Seguridad Social que responden por las jubilaciones y pensiones, los profesores del meridional estado de Paraná y los fiscales y defensores públicos adhirieron a la ola de huelgas con que tratan de romper la contención salarial impuesta por el gobierno hace varios años en su política de austeridad.
Algunos sectores, especialmente en el sector público, empiezan a manifestar su descontento ante los efectos de la política económica del gobierno actual, evaluó para IPS el secretario general de Fuerza Sindical, Joao Carlos Gonçalves, mas conocido por el apodo Juruna.
Esta organización, la segunda central sindical brasileña, convocó para este miércoles manifestaciones en 11 capitales estaduales del país, en protesta contra el elevado desempleo.
El Dia Nacional de Lucha busca contraponerse a la presión conservadora de los economistas que siguen el Fondo Monetario Internacional y que impulsan una política que agrava el desempleo, señaló Gonçalves. La sociedad tiene que presionar del otro lado, acotó.
Hasta ahora hubo tolerancia con el gobierno presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), pero después de casi 15 meses ya es momento de reclamar cambios, sostuvo el sindicalista.
El gobierno del PT ya desempleó a 800.000 trabajadores que se juntaron a los 12 millones de desempleados, y su política económica está llevando a una situación desesperadora, según Paulo Pereira da Silva, presidente de Fuerza Sindical.
Las huelgas que tienden a multiplicarse, especialmente entre funcionarios públicos insatisfechos con sus salarios, amplían las tensiones que afronta el gobierno desde el mes pasado, con la proliferación de críticas a la política económica por empresarios del sector productivo e incluso políticos del oficialismo.
La divulgación de que el producto interno bruto cayó 0,2 por ciento el año pasado intensificó las críticas a los altos intereses fijados por el Banco Central y el ajuste fiscal acordado con el FMI, que impone un elevado superávit en las cuentas públicas, sin considerar los intereses de la deuda.
El escándalo iniciado el 13 de febrero agregó una crisis política en el gobierno. Una revista reveló que un alto funcionario de la Casa Civil de la Presidencia, Valdomiro Diniz, practicó en 2002 extorsiones contra un empresario de lotería diciendo que los recursos financiarían campañas electorales del PT.
Desde entonces se multiplicaron las manifestaciones encontradas de los ministros, indicando dificultades administrativas. El Jefe de la Casa Civil, José Dirceu, considerado brazo derecho de Lula, sufrió presiones para dejar temporalmente el gobierno, ya que Diniz era su hombre de confianza.
El escándalo parece haber afectado la capacidad administrativa del gobierno, reconoció el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, el empresario Luiz Fernando Furlán.
La tensión laboral debe agravarse en abril, cuando el gobierno debe decidir el reajuste del salario mínimo, actualmente de 240 reales (82,50 dólares). Siempre hay presiones por un aumento superior al que concede el gobierno, que trata de limitarlo para no agravar el déficit del sistema de previsión social, cuyas pensiones, en su inmensa mayoría, corresponden al salario mínimo.
