Los gobiernos de Chile y Bolivia acordaron solicitar un peritaje con el fin de definir cuánto deben pagar las empresas privadas chilenas que usufructúan las aguas del Silala, el flujo de agua nacido en suelo boliviano. La información fue confirmada en Santiago por fuentes de la cancillería, quienes aclararon que el Estado de este país no está comprometido en ese pago, sino que correspondería asumirlo a las compañías que usan las aguas para venderlas para el consumo en el norte. El Silala es considerado un río por los chilenos, lo cual haría que su utilización no ameritara pago alguno, pero los bolivianos señalan que es un manantial y con ello obligado a pagar por el uso de ese recurso hídrico.
