A fines de 2002, los trabajadores de un lavadero de lana ubicado al sur de la capital argentina no habrían imaginado un fin de año como éste, con trabajo, tranquilidad y dinero para llevar a sus hogares.
En esa época, como cientos de miles de argentinos, luchaban por conservar su fuente de trabajo, una empresa que entonces se desintegraba y que hoy es una cooperativa sin deudas, que capitaliza ganancias y tiene proyectos de exportación.
Lejos de allí, en el viejo barrio de Palermo, en Buenos Aires, Gabriela Farace y otras seis maestras se aprestaban el miércoles a celebrar su primer fin de año como dueñas del jardín de infancia que las empleaba y del que se hicieron cargo cuando estaba a punto de desaparecer, debido a un gran endeudamiento y una mala administración.
Situaciones similares se viven en distintos puntos del país, en unas 130 fábricas metalúrgicas, de alimentos, textiles, papeleras y de cerámicas recuperadas en la provincia de Buenos Aires, en la austral de Tierra del Fuego y en la capital, así como en dos diarios que se editan en la central provincia de Córdoba.
”Hace unos días, los trabajadores de la cooperativa 'La Prensa' (el ex diario Comercio y Justicia de Córdoba) obtuvieron judicialmente los derechos sobre ese medio, las máquinas y las marcas”, informó Caro a IPS.
”Lo hicieron con créditos oficiales y en la puja también participaron dos importantes diarios económicos de la Capital, Infobae y Ambito Financiero, pero ganaron los trabajadores”, agregó.
Esos establecimientos, que se hallaban en quiebra o habían sido abandonados por sus dueños, pertenecen ahora a unos 10.000 trabajadores, integrantes de cooperativas agrupadas en el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR).
Ese movimiento es presidida por el abogado católico Luis Caro, delegado de la pastoral social de la diócesis de Avellaneda-Lanús, dos populosos distritos fabriles de la provincia de Buenos Aires.
El MNFR mantiene relaciones con otras organizaciones no gubernamentales, con los grupos de ”piqueteros” (desempleados que cortan rutas para protestar), con centrales obreras y con sindicatos, pero no tiene filiación política ni religiosa.
El lunes, con apoyo del movimiento y asesoramiento de Caro, y tras ocho meses de lucha, los 58 obreros de la fábrica textil Brukman consiguieron que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires expropiara las instalaciones de la empresa, las declarara de utilidad pública y las cediera en comodato a la cooperativa de trabajadores que se constituyó.
Fue el último logro en 2003 del movimiento de recuperación de fábricas por parte de sus trabajadores, iniciado en agosto de 2000, cuando la agudización de la crisis determinó que cierres y despidos se multiplicaran en el cordón industrial del Gran Buenos Aires (área metropolitana de la capital).
En esa oportunidad, y desde su trabajo pastoral, Caro acompañó la resistencia de los trabajadores de una fábrica metalúrgica de Avellaneda, despedidos en el marco de la quiebra fraudulenta de esa empresa.
Los trabajadores se ampararon en sus derechos constitucionales, permanecieron en huelga en la planta, denunciaron judicialmente a los propietarios y exigieron que con los activos se garantizara el pago de sus salarios.
La justicia hizo lugar a sus reclamos, declaró de utilidad pública la planta y la expropió. Así surgió la primera cooperativa del movimiento, ”Unión y Fuerza”, que se dedica a la producción y exportación de tubos metálicos.
Desde entonces, miles de trabajadores adoptaron la misma actitud. Fallos judiciales y decisiones de las legislaturas provinciales o comunales, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, multiplicaron el proceso de recuperación de fábricas, con diferentes modalidades.
Según Veraz, una organización privada que certifica riesgos crediticios y financieros en escala nacional, ”la suba en los totales de quiebras decretadas superó este año en 75 por ciento las de 2002”.
Hay que tener en cuenta que muchas sentencias corresponden a procesos por quiebra iniciados el año pasado, pero los analistas económicos consideran que los datos son alarmantes.
Los concursos preventivos (llamado a acreedores para negociar deudas), mecanismos a los que las empresas recurren para poder afrontar sus dificultades financieras, crecieron este año 14,3 por ciento y la mayoría de los solicitados finalizaron en quiebras, de acuerdo con la calificadora de riesgo Fidelitas.
En los primeros 11 meses de 2003, sólo en la ciudad de Buenos Aires, hubo 2.680 quiebras, mientras que en ese mismo periodo en 2002 sumaron 1.299, según Fidelitas.
”Desde el año 2000 los trabajadores han tomado la decisión de no dejar las fábricas cuando se decreta la quiebra o cuando son abandonadas por sus dueños”, destacó Caro.
”Los trabajadores están demostrando en todo el país que es posible recuperar miles de puestos de trabajo en el marco de un sistema solidario, donde las necesidades mutuas son las que motorizan una economía básica de subsistencia”, afirmó.
Gregorio López es el presidente de la cooperativa Lavalan, ”donde todos los trabajadores, desde los profesionales hasta los que barren, tienen el mismo sueldo, y donde todas las decisiones las toma la asamblea, que es soberana”.
López recordó la resistencia de los 60 trabajadores del lavadero de lana abandonado el año pasado por sus dueños, quienes ni siquiera pagaban el consumo de agua, indispensable para el funcionamiento de la planta.
López y sus compañeros trabajaban ”de 14 a 18 horas diarias para percibir menos de 500 pesos (170 dólares) mensuales”. Hoy trabajan ocho horas por día y ganan tres veces más, la cooperativa no tiene deudas y este año van a capitalizar excedentes para adquirir maquinarias más modernas, ya que en el futuro quieren exportar.
El ingreso promedio de los trabajadores de las cooperativas es 350 dólares, aunque ”hay una en la que los compañeros ganan alrededor de 1.000 dólares mensuales, y este año cada uno recibirá casi 5.000 dólares extra por excedentes. Eso después de dos años de asumir el manejo de la planta”, dijo López a IPS.
La experiencia de Farace y sus compañeras no es muy diferente. Ellas trabajaban en un jardín de infancia mal administrado, sin mantenimiento, que iba a ser desalojado por no pagar el alquiler.
Con apoyo del MNFR, lograron mantener funcionando el jardín en otra casa, y con la ayuda de los padres, que confiaron en el proyecto de la cooperativa y donaron cunas y juguetes, pintaron y arreglaron el nuevo lugar.
El Jardín de Palermo es una cooperativa de maestras desde febrero. ”No tiene deudas, el servicio se ha optimizado y se ha triplicado el número de niños, de 45 días a cuatro años, que concurren al establecimiento”, destacó Farace.
La maestra indicó que ella y sus compañeras trabajan ahora ”menos horas y en mejores condiciones que antes”, brindan un servicio más completo y, además, perciben sus salarios con regularidad.
Pero a la situación actual no se llegó fácilmente. López recuerda la oposición de algunos sindicatos. ”Estaban totalmente en contra de las cooperativas porque perdían afiliados, y en algunos casos hubo agresiones y golpes”.
El proyecto de recuperar fábricas también tuvo que enfrentar la embestida de algunos bancos y estudios jurídicos, interesados en que no se formaran las cooperativas porque ”ganan mucho liquidando las empresas que se declaran en quiebra”, apuntó Caro.
No obstante, el movimiento logró atraer la atención de funcionarios, legisladores, profesionales, académicos, técnicos y estudiantes.
A las cooperativas se acercan profesores y estudiantes universitarios, no sólo para ofrecer colaboración, sino también para conocer profundamente los procesos de estas nuevas formas organizativas, que han surgido como un mecanismo de defensa social frente a la crisis.
De acuerdo con Javier Ona, un ingeniero que integra el Grupo de Apoyo Técnico del movimiento, se trata ”del capital social de una Argentina que no se resigna, que crea con sus propias capacidades empresas competitivas desde las cenizas”.
Un aspecto especialmente interesante del proceso es las mismas empresas que quebraron o fueron inviables cuando las administraron sus dueños, resultaron rentables cuando la gestión fue asumida por los trabajadores.
En ese sentido, Caro consideró que ”después de haber sido financistas de los empleadores, los trabajadores comienzan una nueva etapa que se maneja con una lógica económica distinta a la anterior”.
”En estas fábricas los trabajadores han optado por organizarse en cooperativas, pero con modalidades particulares, han tenido en cuenta las malas experiencias de las cooperativas tradicionales”, agregó.
”Todas las decisiones se toman por asamblea, es una democracia casi directa, y no se aceptan gerencias externas, esa tarea es realizada por los trabajadores”, explicó Caro.
”Los trabajadores no ceden la comercialización, ni la administración.. Todo se decide en la asamblea”, y no prosperaron algunos ofrecimientos de asistencia financiera provenientes del exterior, ”porque querían convertirse en socios capitalistas”, subrayó.
A comienzos de diciembre, después de reunirse con Caro y dirigentes de las cooperativas, el presidente Néstor Kirchner anunció que destinaría dos millones de dólares para una línea de créditos blandos, con un máximo de 65.000 dólares por empresa, sin garantía real y a una tasa anual de siete por ciento, para que las fábricas recuperadas puedan mejorar su desempeño.
En octubre, el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires resolvió respaldar los procesos de recuperación de fábricas, y eximió a las cooperativas correspondientes de pagar impuestos, las autorizó a usar las marcas comerciales que distinguían a las empresas antes de las quiebras, y estableció que los trabajadores pagaran por máquinas y equipos los precios que se obtendrían por ellos en un remate.
El defensor del pueblo nacional, Eduardo Mondino, redactó un proyecto para modificar la ley de quiebras vigente, de manera que también se considere como acreedores a los trabajadores.
El Poder Ejecutivo también ha manifestado su interés en modificar la ley de quiebras, tal como lo expresaron funcionarios de los ministerios de Trabajo y Justicia.
Para Caro, ”es fundamental terminar con el vacío legal que existe en relación con estos procesos, ya que hay unas 5.000 fábricas que están paradas y podrían ser recuperadas por los trabajadores”.
”Es imprescindible reformar la ley de quiebra, para que una fábrica continúe funcionando administrada por la cooperativa de trabajadores, los créditos laborales puedan adjudicarse a la adquisición de máquinas, se asigne directamente a los empleados las instalaciones y se resguarden sus derechos”, alegó.
Pero también hacen falta otros cambios, algunos de tipo cultural. ”Porque poner el lucro como motor de la economía llevó a la Argentina a su mayor contradicción: que en el país de las vacas y el campo, los niños se mueran de hambre”, concluyó Caro.
