ARGENTINA: Cómo y dónde oponerse al ALCA

A medida que se acortan los plazos para la puesta en marcha del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) crece en Argentina la oposición social a ese proyecto de integración hemisférica, y con ella el debate sobre el mejor camino para enfrentarlo.

Entre el 20 y el 26 de noviembre, la Autoconvocatoria No al ALCA, que reúne una cantidad creciente de agrupaciones, realizará una consulta popular sobre el proyecto, la deuda externa argentina y el presunto ingreso de tropas estadounidenses al país, aspectos que considera estrechamente vinculados.

”Los tres ejes están relacionados”, explicó a IPS el economista Julio Gambina, de ATTAC-Argentina (Asociación por la Tasación a las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana) y uno de los coordinadores de la consulta.

A su juicio, el Plan Colombia, financiado por Washington para combatir el narcotráfico y la insurgencia en ese país, está en sintonía con la voluntad estadounidense de aumentar el control militar en la ”triple frontera” que comparten Argentina, Brasil y Paraguay, con el establecimiento de bases militares en Ecuador y con ejercicios bélicos en Argentina.

Ecuador cedió en 2000 su base aérea de Manta a Estados Unidos por un plazo total de 10 años, para la operación de aviones militares que participan del Plan Colombia.

El gobierno de Argentina rechazó en octubre el reclamo de Estados Unidos de inmunidad para el personal estadounidense que debía participar en las prácticas militares conjuntas ”Aguila III”.

Según Gambina, en la medida en que Estados Unidos consiga afianzar su poder en la región a través de un acuerdo de libre comercio, logrará mayor control de recursos naturales estratégicos como el petróleo o el agua.

La insistencia de Washington por las presuntas células terroristas en la llamada triple frontera esconde el interés de controlar esa región sudamericana que alberga el acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, con una extensión de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, alegó.

El ALCA, impulsado por Estados Unidos, busca crear para 2005 una zona de libre comercio con 34 países de América, todos menos Cuba, que suman 800 millones de habitantes y un producto interno bruto de más de 11 billones de dólares. ATTAC, la Central de Trabajadores Argentinos, el Movimiento de Trabajadores de Empresas Recuperadas, la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa y las Madres de Plaza de Mayo, son algunas de centenares de organizaciones sociales, sindicales y políticas que adhieren a la Autoconvocatoria.

”El ALCA no es un proyecto de libre comercio sino una pieza fundamental del proyecto norteamericano (estadounidense) de dominación y saqueo de recursos naturales, que busca transformar a América Latina en un mercado de consumidores y proveedores de recursos naturales”, dice uno de sus documentos.

Estados Unidos pretende imponer normas que obstaculicen la capacidad de los países de controlar las inversiones extranjeras, y lograr que grandes empresas transnacionales reciban un trato igual al de las pequeñas y medianas firmas nacionales, arguye.

El colectivo, creado en abril de 2002, fue creciendo con el interés de la población por conocer detalles del proyecto de integración.

Este interés se vincula al lugar prioritario que tiene el asunto en la agenda de la política exterior del gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de asumir su cargo en enero, Lula se manifestó contrario a un ALCA que significara una mera anexión de América Latina a Estados Unidos. Su gobierno ha asumido posiciones muy críticas a la marcha de las negociaciones.

Una encuesta de la consultora Gallup realizada en Argentina en 2001, señalaba que 57 por ciento de los consultados ignoraba la existencia del ALCA.

Del resto, la mitad consideraba que la integración con Estados Unidos favorecería ”poco” o ”nada” al país. Este año, según otra consulta de la misma firma, sólo 16 por ciento de los encuestados apoya el proyecto.

El acuerdo debería entrar en vigor el 1 de enero de 2005, pero los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela ya señalaron que los plazos podrían alargarse, a fin de conseguir una integración más equilibrada.

Entretanto, la sociedad civil comenzó a involucrarse más en el debate de sus contenidos.

La semana próxima, los obispos argentinos de la Iglesia Católica resolverán si convocan en bloque a participar en la consulta popular, que ya cuenta con el aval de varios prelados.

A inicios de septiembre, los obispos católicos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) Bolivia y Chile, reunidos en Montevideo, opinaron que el ALCA parece un plan ”neocolonialista” que arrasará con las comunidades más pobres y no respetará la soberanía de los países.

En Brasil (por tres años consecutivos sede del globalifóbico Foro Social Mundial) se efectuó el año pasado una consulta popular informal sobre el ALCA, en la que participaron 11 millones de votantes.

”Para Argentina, el equivalente a ese nivel de participación sería 1,5 millón de votantes, pero no nos interesa la cantidad de adhesiones sino el hecho de que se realice una campaña de esclarecimiento sobre lo que implica el ALCA”, dijo Gambina.

De acuerdo a un estudio divulgado en mayo por Fundes —una red de consultoría de pequeñas y medianas empresas latinoamericanas— la integración al ALCA significaría, en una escala de cero a 10, un riesgo de 7,9 para las pequeñas empresas argentinas exportadoras, pues compiten con producciones de Estados Unidos.

Aunque el No es la opción de las organizaciones de la Autoconvocatoria, no todas están de acuerdo en la forma de oponerse al proyecto, en los argumentos, en la relación con los gobiernos, ni en los escenarios que se buscan para el debate.

El Foro de Participación Ciudadana FOCO, miembro de la Autoconvocatoria y que apoya la consulta, también acepta participar en otros ámbitos de discusión con gobiernos y organizaciones financieras multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El gobierno argentino de Néstor Kirchner y el de Lula en Brasil sostienen una serie de reclamos fuertes y la sociedad civil ”tiene que fortalecer esas acciones”, dijo a IPS, el presidente de FOCO, Jorge Carpio.

”Hay otra integración posible, con otros ejes, que debe plantear un freno a las grandes corporaciones económicas, pero también decimos que hay que discutir en todos los espacios, no quedarse aparte y criticar desde afuera como hacen otras organizaciones”, subrayó con relación a ATTAC.

Es muy importante informar a la opinión pública mediante una consulta popular, pero también participar de foros como el que convocó en octubre FOCO, junto con el BID, bajo el lema ”La Participación de la Sociedad Civil en el Mercosur y en las Negociaciones Comerciales”, dijo Carpio.

El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil —impulsado por la cancillería argentina para canalizar la participación no gubernamental—, es otra vía para incidir en las discusiones, agregó.

Desde la asunción de Kirchner a la presidencia en mayo, el hasta entonces casi inactivo Consejo se abrió a las propuestas de organizaciones no gubernamentales y puso a disposición de ellas los documentos oficiales de la negociación, antes mantenidos en secreto.

Para ATTAC, la participación en esos foros es ”una manera de legitimar” una negociación que debe ser rechazada a priori.

”Nos convocan para discutir democráticamente, y después ignoran las propuestas y hacen lo que ellos quieren”, remarcó Gambina en referencia al BID.

La consulta popular es una forma de campaña de información sobre las consecuencias de una eventual integración comercial continental. Se colocarán urnas en lugares públicos, la votación será sin padrón y abierta a niñas y niños.

Un grupo de delegados de la Autoconvocatoria, encabezados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se reunió en septiembre con Kirchner. Desde entonces, todas las semanas se llevan a cabo audiencias públicas en distintas provincias, debates en las plazas y charlas en escuelas y universidades.

La consulta coincidirá parcialmente con la reunión de ministros de Comercio de las Américas, a celebrarse en la sudoccidental ciudad estadounidense de Miami el 20 y 21 de este mes, para revisar la marcha de las conversaciones.

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