Organizaciones no gubernamentales pedirán este mes a Estados Unidos suspender el desembolso de la asistencia militar a Colombia, por considerar que el país sudamericano no cumple con las condiciones exigidas en materia de derechos humanos.
La acción de grupos humanitarios y sociales trata de detener la entrega a Bogotá de 30 millones de dólares, parte de los 250 millones de ayuda anual ampliada votada para 2003 por el Congreso de Estados Unidos, que está prevista para antes del 30 de este mes, cuando finaliza el año fiscal en ese país norteamericano.
Washington no debe ordenar el desembolso de esos fondos porque ”no se ha cumplido con los criterios establecidos por la ley” que habilitó la asistencia, dijo a IPS un portavoz de las organizaciones que pidió no ser identificado por razones de seguridad.
Entre los grupos no gubernamentales solicitantes se encuentra la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el Centro de Investigaciones y Educación Popular, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
La norma estadounidense exige para hacer efectiva esta ayuda militar que el Departamento de Estado (cancillería) confirme que Colombia cumplió con el cuidado de los derechos humanos, que según los activistas no ha ocurrido, señaló a IPS Luis Valencia, profesor de Ciencia Política de universidades bogotanas.
Algunas de las condiciones impuestas por la ley son que los jefes de las Fuerzas Armadas colombianas suspendan del servicio activo al personal acusado de violaciones de los derechos humanos y que se investigue y castigue a los responsables de esos delitos.
También demanda que los militares cooperen con la justicia civil en las investigaciones al respecto y que corten todo vínculo con los paramilitares de derecha.
”Varios militares y policías continúan en servicio activo pese a estar formalmente vinculados a investigaciones penales y disciplinarias, acusados de graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó el portavoz de los grupos humanitarios
El listado de casos incluye la ejecución extrajudicial de siete personas en una escuela rural de Mocoa, en el meridional departamento de Putumayo, por la cual la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dictó resolución de acusación contra dos miembros de la Policía Nacional, que siguen en servicio activo.
El escrito que las organizaciones colombianas presentarán al secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powelll, y al que tuvo acceso IPS, narra que el 23 de enero de 1991 policías de Putumayo llevaron a cabo una operación en la escuela rural de Mocoa, donde mataron a un maestro, dos trabajadores y a cuatro vecinos del lugar.
Los policías luego vistieron a las víctimas ”con uniformes militares y las presentaron como guerrilleros muertos en combate, quemaron sus ropas y amedrentaron a varios testigos”, se agrega en relación a este hecho, por el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó un fallo condenatorio contra Colombia.
Otro caso detallado es el ocurrido en el municipio de Tibú, en el nororiental departamento de Santander, donde en 1999 unos 60 miembros de las derechistas Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU) asesinaron a por lo menos 32 personas.
Además, los solicitantes sostienen que aún no fueron resueltas las denuncias que presentaron en febrero y en junio ante el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las masacres de Chengue, en norte de Colombia, y de Santo Domingo, en el sudoriental departamento de Arauca, y el secuestro y asesinato de Nidia Bautista.
Por el asesinato de una treintena de campesinos de Chengue, en febrero de 2001, está acusado el contralmirante de la Armada Rodrigo Quiñónez, pese a lo cual no fue separado del cuerpo.
Quiñónez se desempeñó como agregado militar en la embajada de Colombia en Israel hasta el 25 de noviembre y pidió su retiro luego de que le fuera cancelada su visa de ingreso a Estados Unidos por su supuesto vínculos con el narcotráfico, señalaron activistas humanitarios.
En tanto, en la causa por secuestro y ejecución extrajudicial en agosto de 1987 de Nidia Bautista, ex integrante del legalizado grupo M-19, están vinculados los sargentos Mauricio Angarita y Luis Hernández, quienes también continúan en servicio activo.
Muchos de estos y otros casos fueron denunciados en julio por las organizaciones humanitarias ante la vicepresidencia, encargada del asunto y que dijo no conocer varios de ellos.
El vicepresidente Francisco Santos, quien tiene a cargo la política de derechos humanos, indicó que se estudia caso por caso ”a fondo con la Fiscalía para ver qué está pasando”.
”La instrucción que tienen todos los funcionarios es respetar y garantizar el trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos”.
Así, los activistas esperan que esta ayuda militar, que debe ser desembolsada antes de fin de mes, no salga de las arcas estadounidenses.
Esta asistencia fue aprobada luego de Powell señalara que Colombia estaba cumpliendo con los criterios establecidos en el resguardo de los derechos humanos y para que las fuerzas de seguridad cortaran vínculos con el paramilitarismo.
En esa ocasión Washington tuvo en cuenta el retiro de más de una docena de oficiales del Ejército acusados por violación de los derechos humanos o lazos con paramilitares.
Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rigths Watch, con sede en Nueva York, la Oficina en Estados Unidos para Asuntos Colombianos, Wola, y Amnistía Internacional dijeron que ”por quinta vez en tres años” Estado Unidos certifica a Colombia ”a pesar de la contundente evidencia de incumplimientos frente a las condiciones (que fija la ley)”.
El presidente de Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), Jorge Rojas, comentó a IPS su confianza en que se suspenda este último desembolso del año fiscal.
Pero lo importante, agregó, es que debido a las denuncias que se han hecho ”ya hay en el Congreso estadounidense mayor interés por asegurarse de que se cumplan los requisitos de la norma”.
Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel y Egipto, y para el año fiscal 2004, que comienza el 1 de octubre, recibirá cerca de 600 millones de dólares.
Esta asistencia es independientes del aporte al Plan Colombia, de lucha antidrogas y contrainsurgente, que totaliza unos 2.000 millones de dólares, la mayor parte para pertrechos y entrenamiento militar.
En opinión de Rojas, la presión en el Congreso estadounidense va a aumentar y se tendrá que exigir a Colombia mayores resultados en el acatamiento a las recomendaciones en derechos humanos.
