ARGENTINA: Kirchner abre caja de Pandora de atentado

La investigación en torno al atentado en 1994 contra una organización de la comunidad judía argentina puede dar un vuelco fundamental, tras la decisión del nuevo gobierno de poner en manos de la justicia los documentos al respecto de su servicio de inteligencia.

Familiares de las víctimas y dirigentes de la colectividad judía manifestaron satisfacción y muchas expectativas por la posibilidad de que se pueda lograr ahora el esclarecimiento del ataque terrorista contra la Asociación de Mutuales Israelitas de la Argentina (AMIA) y el de la embajada de Israel en 1992.

Hasta ahora no ”hubo voluntad política de investigar y eso es lo mismo que haber puesto la bomba”, recordó a IPS Adriana Reisfeld, la presidenta de Memoria Activa, que agrupa a los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

”Nosotros siempre hemos reclamado que se abran los archivos” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), precisó Reisfeld, quien consideró que ”esto va a servir para establecer qué fue lo que pasó y saber si ese organismo sabía y no quiso investigar”.

Por su parte, el presidente de la AMIA, Abraham Kaul, sostuvo que el anuncio de abrir los archivos de inteligencia respecto de los atentados ”es la noticia casi más trascendente que ha ocurrido en los 11 años” desde que transcurrieron desde el atentado a la embajada israelí.
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Esta noticia que resalta Kaul es la firma del decreto del jueves en el cual el presidente Néstor Kirchner ordena a la SIDE abrir sus archivos y releva del ”secreto de Estado” a 14 de sus ex agentes.

La decisión de Kirchner, quien asumió el 25 de mayo, obliga a esos ex funcionarios de inteligencia a declarar en la causa judicial donde se investiga el atentado que destruyó la sede de la AMIA y provocó la muerte de 85 personas.

Memoria Activa y directivos de la AMIA habían intensificado su reclamo de apertura de los archivos de la SIDE, luego de que trascendiera que esa secretaría había sido advertida de la posibilidad de un atentado 48 días antes de que se concretara el 8 de julio de 1994 el ataque contra la AMIA.

Kirchner comunicó el jueves por la noche, en una reunión con Kaul y otros dirigentes de la AMIA en la casa de gobierno, su resolución que elimina los obstáculos para que se presenten ante los tribunales 14 agentes y cinco ex directores de la SIDE.

Entre esos funcionarios se encuentra Hugo Anzorreguy, el titular de la SIDE durante parte del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien deberá declarar en el juicio que se le sigue a los policías de la provincia de Buenos Aires acusados de haber participado en el atentado.

El juicio oral que hace 20 meses enfrentan cuatro policías y un civil, acusados de haber intervenido en el atentado, entró en su etapa final.

La información que pueda brindar la SIDE y sus ex agentes también sería relevante para la causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio, en relación a la actuación policial, de esa secretaría y de la propia justicia en el curso de la investigación de los atentados.

Así, se espera con especial interés la apertura del sumario interno instruido por la SIDE a raíz de la presentación efectuada por un secretario de un juzgado, quien denunció la existencia de diferencias entre los agentes de inteligencia que investigaban el ataque a la AMIA.

”Si la SIDE tuvo un alerta, significa que antes del atentado estaba investigando y, si del sumario interno surge que luego hubo desvíos en la investigación, ocultamiento de pruebas y obstrucción de la justicia, estaremos mucho más cerca de conocer la verdad”, comentó Kaul.

Por eso los ”responsables políticos” del atentado son Anzorreguy y el entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf, aseguró Kaul en conferencia de prensa realizada en la propia casa de gobierno.

Según trascendió, los documentos de la SIDE confirmarían el envío por parte de la embajada argentina en el Líbano a la cancillería en 1994 información acerca de las amenazas de un líder espiritual de la organización islámica Hezbollah, que habían sido publicadas el 31 de mayo en un diario local.

En ese artículo, se aseguraba que los combatientes musulmanes ya habían demostrado ”que sus manos podían llegar a la Argentina”. La cancillería, al parecer, le transmitió ese mismo día a la SIDE copia de la información recibida de la representación diplomática en Beirut.

La pregunta que se hacen los jueces es qué fue lo que hizo la SIDE con esa información, pues no habría alertado sobre la posibilidad de un atentado y tampoco intervino para que se reforzara la seguridad de los establecimientos judíos en Argentina.

No obstante, la justicia dispone de documentos que demuestran que una semana después de recibir ese informe, la SIDE intervino sin orden judicial los teléfonos de la embajada de Irán y de su oficina cultural, ambas en Buenos Aires.

Por eso, la decisión de abrir los archivos se considera clave, aún cuando el actual director de la SIDE, Sergio Acevedo, aclaró que esos documentos serán entregados a la justicia con los nombres censurados y quienes los lean deberán mantener en reserva su contenido.

”Entendemos que, en la medida que los jueces puedan dictaminar la verdad, podremos acceder también a aquellas responsabilidades políticas que tuvieron que ver con el ocultamiento o la desviación de los elementos de juicio que nos podrían haber llevado a la resolución del caso”, destacó Kaul.

La medida del nuevo gobierno fue bien recibida también por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

”La medida es buena siempre que se llegue a algo concreto, que se profundice”, señaló a IPS la secretaria de Asociación Madres de Plaza de Mayo, Evel Petrini.

”En los temas judiciales nosotras tenemos reservas por lo ocurrido con los asesinos de la dictadura”, agregó la dirigente de la organización que reúne a madres de personas desaparecidas durante ese régimen militar (1974-1983).

Petrini destacó que Madres están ”expectantes”, porque Kirchner ha tomado ”algunas medidas muy buenas, pero todavía hay que ver a qué llegan”.