Casi 10.000 empleos rurales se perderán en Colombia a raíz de la decisión confirmada este lunes por la Unión Europea de eliminar las preferencias arancelarias al ingreso de flores, frutas y hortalizas colombianas y costarricenses.
El Consejo de Ministros de la UE oficializó en Luxemburgo el llamado mecanismo de graduación para la aplicación de aranceles a partir del 1 de noviembre sobre algunas importaciones de Colombia y Costa Rica, beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) del bloque para países que luchan contra las drogas.
Ese nuevo cronograma arancelario para productos procedentes de países beneficiarios del SGP que han alcanzado un alto nivel de competitividad en el mercado europeo había sido aprobado la semana pasada en Bruselas por los embajadores de los 15 países miembros de la UE.
Así, las flores, hortalizas y frutas colombianas comenzarán a pagar desde el 1 de noviembre 4,2 por ciento de derechos aduaneros en la UE y seis meses después esos aranceles se aumentarán a 8,5 por ciento.
La decisión del bloque europeo afectará severamente la producción y el empleo en la agricultura y en el sector agroindustrial de Colombia, señaló a IPS el presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano.
El empresario calificó de lamentable la medida, pues entiende que ella colocará los productos de su país en desventaja en la UE, lo cual hará mermar las exportaciones y por consiguiente aumentará el desempleo rural, que sobrepasa la media nacional de 16 por ciento.
Sin embargo, Solano saludó igualmente la gestión del gobierno de Alvaro Uribe que, aunque no logró el objetivo de exceptuar a Colombia de la graduación, consiguió evitar que el mecanismo fuera puesto en marcha el 1 de junio como había sido propuesto inicialmente.
Colombia es el cuarto proveedor de flores de la UE con ventas anuales de 60 a 70 millones de dólares, que lo ubica como un sector de buena capacidad de empleo femenino, mientras que las exportaciones de frutas y hortalizas a ese mismo mercado europeo suman cerca de 20 millones de dólares anuales.
En tanto, las ventas a la UE de Costa Rica, el otro país afectado por la medida, suman casi 300 millones de dólares al año.
La floricultura, que emplea a 88.300 personas y otras 75.000 de modo indirecto, ocupa el primer lugar entre las exportaciones no tradicionales del país y el cuarto en el total de las ventas externas, cuyo promedio anual ronda los 10.000 millones de dólares.
En ese marco, los ingresos por las ventas a la UE alcanzaron el año pasado a 1.625 millones de dólares, 82 millones de dólares menos que en 2001, según el Fondo para la Promoción de las Exportaciones (Proexport).
Una fuente gubernamental de Colombia, que pidió reserva de su nombre, dijo a IPS que es difícil entender la eliminación por parte de la UE de las preferencias arancelarias para la compra de productos agrícolas incluidos en el sistema arancelario especial (SGP).
Colombia y sus socios en la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) América Central y Pakistán están incluidos en el programa SGP, que la UE puso en marcha en base al principio de corresponsabilidad por el problema del narcotráfico.
En este caso, el otorgamiento de las preferencias arancelarias involucra también una decisión política, que no debería modificarse con un argumento comercial como el que está aplicando la UE, puntualizó la fuente de Bogotá.
Los ministros de la UE aprobaron también este lunes una declaración en la que prevén discutir este año la posible modificación del sistema de graduación, que tenga en cuenta a la Comunidad Andina de Naciones y a América Central como beneficiarias del SGP-Drogas.
Según la declaración, la lucha contra la droga es una corresponsabilidad política esencial que debe apoyarse como prioridad, por lo que es necesario que en la próxima revisión del SGP se examinen todas las posibilidades, incluido el tema del principio de graduación.
El Consejo de Ministros también eximió del aumento de tarifas a los países que en el último año hayan sufrido una caída del producto interno bruto de al menos tres por ciento.
