Un tribunal militar de México procesó a dos generales por el asesinato de 143 opositores políticos en los años 70, y familiares de las víctimas creen que la decisión fue un modo de proteger a los acusados de la acción de la justicia civil.
El general de división Francisco Quirós y el general brigadier Arturo Acosta se presentaron el lunes ante un consejo de guerra, integrado por antiguos amigos y camaradas de armas, que les comunicó los cargos de asesinato y narcotráfico que pesan en su contra.
El consejo fallará antes de este viernes si los militares son culpables o inocentes del delito de narcotráfico, el primero presentado en contra de los generales. Mientras, el proceso por asesinato continuará hasta principios de 2003.
Los juicios militares están armados para exculpar a los generales con el argumento de que los asesinatos políticos prescribieron, dijo a IPS Julio Mata, portavoz de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México.
De lo que quizá no se salven Quirós y Acosta, por la contundencia de las acusaciones, es de la condena por sus vínculos con el narcotráfico, apuntó.
Se trata de los primeros militares mexicanos enjuiciados por la llamada guerra sucia de los años 70 y parte de los 80, cuando 482 personas, vinculadas en su mayoría a grupos guerrilleros, fueron detenidas y luego desaparecieron.
Para investigar esos hechos, el presidente Vicente Fox instaló a inicios de año la fiscalía especial Para movimientos sociales y políticos del pasado, que aún no ha librado ninguna acusación, pero que analiza la responsabilidad del ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), entre otros.
Mata estima que los jueces militares fallarán que Quirós y Acosta no pueden ser condenados por asesinato, pues el delito de homicidio calificado prescribe en 10 años.
El portavoz de la Asociación de Familiares arguye que la fiscalía especial no podrá más tarde acusar por los delitos a Quirós y Acosta, por el principio jurídico que prohíbe enjuiciar dos veces a una persona por el mismo cargo.
El escritor e historiador Carlos Montemayor comparte esa opinión. El proceso contra Acosta y Quirós bloqueará el trabajo de la fiscalía que lleva el caso de la guerra sucia y evitará además que se abra una averiguación paralela a la del ejército, expresó.
Pero para el fiscal especial Ignacio Carrillo para movimientos sociales y políticos del pasado, el proceso judicial militar iniciado contra los generales añade elementos a sus investigaciones y reafirma la seriedad de los casos que aborda.
En los años 60, 70 y parte de los 80, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) controlaba todos los poderes del Estado, incluso la presidencia, el congreso legislativo, las gobernaciones estaduales y los municipios, surgieron células de lucha armada que fueron rápidamente aniquiladas.
Según declaraciones de testigos, entre ellos varios ex soldados, los dos generales encausados por la justicia militar habrían detenido, torturado y asesinado a docenas de guerrilleros y colaboradores de los grupos armados.
Los cuerpos de los muertos fueron arrojados al mar desde aviones militares, indican los testimonios.
Ambos jerarcas son acusados de haber prestado en forma simultánea protección a narcotraficantes, una colaboración que se extendió presuntamente hasta los años 90.
Todo es una patraña, se demostrará que las acusaciones no tienen sustento, declararon Quirós y Acosta ante el consejo de guerra.
En este tribunal de cinco miembros, participa un compañero de armas de los acusados y otro oficial que fue secretario particular del ex secretario de Defensa Enrique Cervantes, amigo de Quirós.
En 2001 la organización internacional Human Rights Wacht (HRW) pidió al gobierno de Vicente Fox, el primero que no pertenece al PRI en siete décadas, que retirara de los tribunales militares todos los casos de violaciones de derechos humanos, pues no ofrecen garantías de que sus magistrados hagan justicia.
No se puede confiar en la justicia militar cuando se trata de casos de violaciones de los derechos humanos, sostuvo HRW, organización con sede en Nueva York.
En el documento Injusticia militar, el fracaso de México en castigar los abusos del ejército, la organización indicó que una de las fallas principales de la justicia militar es su falta de transparencia, que inhibe el control ciudadano de los procesos.
Los militares protegen a los suyos y no debe esperarse que hagan justicia en el caso de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, apuntó el grupo humanitario Agustín Pro Juárez de México. (FIN/IPS/dc/dcl/hd/ip/02
