El presidente que surja de las elecciones de octubre de Brasil deberá comenzar a trabajar al día siguiente como si ya ocupara el cargo, para detener la crisis financiera y prepararse para gobernar sin apoyo parlamentario.
Inmediatamente después de divulgarse el resultado de los comicios se harán sentir las presiones para que el vencedor anuncie sus orientaciones y autoridades económicas, en especial al presidente del Banco Central, con el fin de defender entre otras cosas el valor de la moneda nacional, el real.
Esa falta de definiciones, por ejemplo, empujó al alza la cotización del dólar, que el viernes se vendió a 3,87 reales por unidad, 68 por ciento más caro que a comienzos de año.
La presidencia y vicepresidencia de Brasil se pondrán en juego en la primera vuelta electoral del 6 de octubre, pero en caso de que ninguna fórmula logre la mayoría absoluta de los sufragios válidos las dos parejas de candidatos más votadas competirán en una segunda ronda prevista para el 27 del mismo mes.
El presidente elegido en alguna de esas dos instancias asumirá el 1 de enero para un mandato de cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva, como ocurriera en 1998 con el actual presidente Fernando Henrique Cardoso.
Este será el cuarto gobierno elegido por voto directo, modalidad instaurada con la Constitución aprobada en 1988, cuando se suprimió el Colegio Electoral. En 1990 triunfó Fernando Collor de Melo, luego destituido por el Congreso y reemplazado por Itamar Franco, y en 1994 y 1998 fue el turno de Cardoso.
En los comicios generales del 6 de octubre también se renovarán por los próximos cuatro años los 513 escaños de la Cámara de Diputados, 54 senadores (dos tercios de ese cuerpo que tienen mandato por ocho años), los 27 gobernadores estaduales y 1.050 miembros de los respectivos parlamentos provinciales.
Para estos comicios están habilitados para votar unas 115 millones de personas, que equivalen a 68 por ciento de la población del país.
La intranquilidad del mercado cambiario, que causó el aumento de la inflación y dificultades en los negocios, llevó a muchos empresarios a anhelar que la presidencia se defina en la primera vuelta, aunque triunfe el opositor Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Las oscilaciones en la cotización del real frente al dólar, con bajas y alzas de más de cinco por ciento algunos de los últimos días, son atribuidas en parte al creciente favoritismo de Lula en las encuestas de intención de voto.
Sin embargo, también responde a la especulación de los inversionistas poseedores de títulos de deuda pública fijados en dólares.
El vencimiento de obligaciones por 1.250 millones de dólares el próximo martes desató esta semana presiones devaluadoras sobre el real. Debido a que los títulos serán pagados por el tipo de cambio del lunes, los bancos e inversionistas intentan lograr buenas ganancias empujando la cotización del dólar al alza.
La alternativa sería la refinanciación de esa deuda, pero el Banco Central ha rechazado esa posibilidad hasta ahora ante los exagerados intereses que pretenden cobrar los bancos, que en algunos casos se ha propuesto hasta 50 por ciento anual.
El presidente Cardoso consideró absurdas las oscilaciones cambiarias, acusando a los especuladores de provocarlas. También el ministro de Hacienda, Pedro Malán, criticó el mercado por su codicia y miedo contagiosos y desconocimiento de la realidad económica del país.
Pero las turbulencias se mantendrán o agravarán en los próximos meses por el vencimiento de los llamados títulos cambiarios, corregidos según la cotización del dólar y que suman casi un tercio de la deuda pública interna.
Esa deuda, en consecuencia, crece con la depreciación del real y ya equivale a 62 por ciento del producto interno bruto (PIB), superando la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esas serán sólo algunas de las dificultades que enfrentará el futuro presidente brasileño, que estará obligado desde el momento que gane las elecciones a asumir ciertos compromisos para no agravar la crisis.
A esos problemas se le suman la brusca caída de las inversiones extranjeras directas y de los créditos para las exportaciones, y al cuadro internacional negativo.
El próximo gobierno, además de los problemas económicos, comenzará su periodo en condiciones políticas menos favorable que las que encontró Cardoso, apuntó el sociólogo Brasilio Sallum Junior, profesor de la Universidad de Sao Paulo, en una entrevista publicada por el diario Folha de Sao Paulo.
Sallum Junior explicó que ninguno de los posibles sucesores de Cardoso dispondrá de mayoría parlamentaria propia y deberá contar solo con la coalición que lo postuló, ya que le será difícil ampliarla como para obtener una mayoría tranquila.
Lula, quien lidera todas las encuestas, es candidato de una coalición conformada por el PT y el pequeño Partido Liberal (PL), cuyas fuerzas parlamentarias sumadas difícilmente puedan pasar de un quinto de los 513 diputados y de los 81 senadores.
Por su parte, el candidato oficialista, José Serra, encabeza una coalición muy reducida respecto de la que respaldó a Cardoso.
Serra ya perdió formalmente el apoyo de uno de los tres grandes partidos, el Frente Liberal, mientras que el Movimiento Democrático Brasileño se dividió entre su candidatura y la de Lula.
Sallum Junior precisó, además, que el futuro gobierno no contará con un instrumento que le sirvió mucho a Cardoso en momentos de debilidad de apoyo parlamentario, como fue el uso ilimitado de las llamadas Medidas Provisionales, especie de decreto-ley de vigencia inmediata.
Esas Medidas Provisionales, que tienen una duración de 30 días, podían ser prorrogadas por tiempo indefinido, potestad ésta que fue acotada por el Congreso a fines del año pasado a sólo dos renovaciones consecutivas y pierden validez si no cuentan con la aprobación parlamentaria.
Además, ahora la existencia de esos decretos pendientes de votación impide la aprobación de otros proyectos.
Otro escollo que encontrará quien asuma la presidencia el 1 de enero será el compromiso asumido por los principales candidatos de cumplir el acuerdo firmado por Cardoso con el Fondo Monetario Internacional, que fija metas duras.
Una de ellas es presentar un superávit fiscal primario de 3,75 por ciento del PIB, para evitar un aumento de la deuda pública.
Esa condición limita las inversiones gubernamentales y las posibilidades de cumplir las promesas electorales de recuperar el crecimiento económico y de atender las fuertes demandas sociales, un compromiso al que no escapó ningún candidato. (FIN/IPS/mo/dm/ip/02
