Un juez condenó este lunes en primera instancia a prisión perpetua a un mayor retirado del ejército de Chile, como autor material del asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez, y pidió penas menores contra otros 10 militares y un civil implicados en el caso.
La pena de presidio perpetuo recayó en el mayor Carlos Herrera Jiménez, un agente de los servicios secretos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), involucrado también en la salida clandestina del país del químico Eugenio Berríos, también agente represivo, cuyo cadáver apareció en abril de 1995 en Uruguay.
El dictamen emitido por el juez especial Sergio Muñoz, luego de tres años de investigaciones, incluye además condenas contra cuatro generales retirados del ejército, entre ellos el ex auditor (fiscal) Fernando Torres Silva, uno de los hombres más cercanos al general Pinochet.
El asesinato de Jiménez, un sindicalista moderado de orientación socialdemócrata, es uno de los casos más emblemáticos de crímenes contra los derechos humanos cometidos en Chile, no protegidos por la ley de amnistía que el régimen dictatorial promulgó en marzo de 1978.
Jiménez, presidente en ese entonces de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, fue secuestrado el 25 de febrero de 1982 y degollado en el interior su propio automóvil, luego de que formulara un llamado público a la unidad sindical para oponerse a la política económica de Pinochet.
Sergio Valenzuela Patiño, un cuestionado juez que inició la investigación del homicidio en marzo de 1982, dispuso en abril de 1985 el cierre temporal del proceso sin identificar culpables y mantuvo el caso congelado hasta que en 1999 fue sustituido por Muñoz, un joven magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Las sentencias emitidas este lunes constituyen el primer paso del cierre final del proceso, ya que tanto los acusados como la parte acusadora pueden presentar recursos de revisión ante el tribunal de apelaciones y ante la Corte Suprema de Justicia.
El hijo del asesinado sindicalista, que lleva su mismo nombre, consideró que se ha hecho justicia a medias, considerando que las penas pedidas por el juez Muñoz contra los demás implicados, aparte de Herrera Jiménez, son blandas.
El magistrado condenó a 10 años de cárcel al general Ramsés Alvarez, quien en 1982 encabezaba la Dirección de Inteligencia del Ejército, el organismo en el que se planificó el homicidio de Jiménez.
El brigadier Víctor Pinto y el teniente coronel Francisco Ferrer, de la misma repartición castrense, fueron sentenciados a ocho años de presidio.
Los suboficiales Manuel Contreras y Miguel Letelier, acusados como autores materiales del crimen junto a Herrera Jiménez, recibieron condenas de seis años de cárcel.
Como cómplices del delito fueron acusados el mayor Juan Carlos Arraigada y el civil Jorge León Alessandrini, para quienes el juez pidió tres años de presidio.
Como encubridores, con penas remitidas de 800 días de presidio, fueron condenados los generales Torres Silva, Hernán Ramírez Hald, ex jefe de la sección de Contrainteligencia del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, y Hernán Ramírez Rurange, director de la Dirección de Inteligencia del Ejército en 1991.
El coronel Enrique Ibarra, subordinado de Torres Silva, en la Auditoría General del Ejército, recibió también como encubridor una sentencia remitida de 541 días de cárcel.
El presidio remitido consiste en que los sentenciados deben presentarse a firmar periódicamente en dependencias carcelarias mientras dure la sentencia.
Por último, el juez Muñoz absolvió en el caso al ex mensajero de la asociación sindical de Jiménez, así como al brigadier de ejército Roberto Schmied, al capitán de la policía de Carabineros Miguel Hernández, y al mayor de Ejército Alvaro Corbalán.
Este último, sin embargo, está condenado en primera instancia a presidio perpetuo por el asesinato en 1993 del modesto carpintero Juan Alegría, un crimen con el cual se pretendió ocultar el origen del homicidio de Tucapel Jiménez.
El actual presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, coincidió con el hijo de Jiménez al declararse decepcionado por las bajas penas solicitadas para la mayoría de los implicados en el caso.
Creo que las penas que hoy se han entregado a los culpables son muy bajas. Yo creo que se la han llevado barata. Para nosotros no está terminada esta etapa. Finalizó la investigación, pero ahora viene la apelación, que la haremos con todas nuestras fuerzas, como lo hemos hecho en estos 20 años, dijo De la Puente.
El sindicalista agregó que el ejército debe dar una explicación porque no es una sola persona la que cometió el crimen, sino una dependencia armada que se entendía directamente con el comandante en jefe, es decir con Pinochet.
El gobierno de Ricardo Lagos comentó que con la sentencia de este lunes se está relegitimando la justicia frente a la ciudadanía en Chile.
Aquí se está estableciendo la verdad, se está haciendo justicia, hay apelaciones pendientes y el proceso judicial tendrá que continuar de manera normal como corresponde a un Estado de derecho, dijo el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Heraldo Muñoz.
El funcionario declinó pronunciarse ante los reclamos de la familia de Jiménez y de De la Puente por el volumen de las penas dictadas por el juez de instrucción, señalando que al Poder Ejecutivo no le compete opinar sobre los fallos judiciales.
Desde ya nosotros simplemente respetamos la decisión del juez. Será el propio proceso judicial el que permitirá acoger o rechazar las apelaciones, apuntó el ministro y portavoz presidencial. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
