El ministro de Salud de Perú, Fernando Carbone, se pronunció este jueves por profundizar la investigación del programa de control de la natalidad del ex presidente Alberto Fujimori, acusado en un informe oficial de promover la esterilización forzosa de más de 200.000 personas.
Según la investigación presentada al Congreso por Carbone, 10 por ciento de 506 personas entrevistadas admitieron haberse sometido voluntariamente a la esterilización, pero el resto sostuvo que no entendió la explicación sobre la intervención quirúrgica.
El programa de control de la natalidad de Fujimori, que gobernó entre 1990-2000, fue elogiado en 1998 por la Organización Mundial de la Salud y respaldado por el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos.
Su resultado fue la reducción del crecimiento demográfico peruano de más de tres por ciento a 1,7 por ciento, meta alcanzada en 1998.
De acuerdo con la investigación divulgada por Carbone, entre 1996 y 2000 se efectuaron 215.000 ligaduras de trompas a mujeres y más de 16.000 vasectomías a hombres.
Funcionarios del Ministerio de Salud realizaron la encuesta luego de que el primer ministro Luis Solari dijera que se estudiaba una indemnización para las mujeres que denunciaran haber sufrido daños físicos o psicológicos como consecuencia de las esterilizaciones quirúrgicas.
La encuesta fue efectuada a numerosas mujeres que se presentaron voluntariamente a testimoniar, y tenemos los informes de cada uno de sus casos. Ellas dijeron que no denunciaron antes por temor a perder la ayuda alimentaria que les proporciona el Estado, dijo Carbone este jueves en una entrevista del Canal 6 de televisión.
El programa de control de natalidad de Fujimori utilizó procedimientos negativos, como el convertir las metas de intervenciones quirúrgicas anticonceptivas que debía alcanzar el Sistema Nacional de Salud en cuotas de esterilizaciones, sostuvo.
Las cuotas impuestas al ministerio por presión de Fujimori fueron distribuidas a los médicos del sistema, muchos de los cuales incurrían en irregularidades para cumplirlas, agregó.
El ministro, un católico conservador, admitió su oposición a los programas de control de natalidad, pero aseguró que su ministerio no obstaculiza la difusión de los métodos anticonceptivos, una política iniciada durante el gobierno de Fujimori.
Medios de prensa nacionales e internacionales que divulgaron el miércoles el informe de Carbone ante una subcomisión parlamentaria que investiga el programa de paternidad responsable de Fujimori, se refirieron a un presunto crimen de genocidio cometido por el ex mandatario, exiliado en Japón.
No utilicé el término genocidio ni dije que las mujeres fueron obligadas a aceptar ligaduras quirúrgicas, esa es una expresión empleada por el congresista Héctor Chávez. Pero creo que debe ser investigada la forma como se llevó a cabo la campaña promovida por Fujimori, dijo Carbone.
El ministro de Salud durante el gobierno de Fujimori, Marino Costa Bauer, dijo a IPS que el programa de paternidad responsable se propuso reducir la mortalidad materno-infantil, que en consecuencia bajó sensiblemente.
La acusación de genocidio es muy grave, implica una política de exterminio contra una comunidad étnica, cuando el resultado fue el contrario, porque redujimos la tasa de mortalidad materno- infantil, se defendió Costa Bauer.
Se trata de una acusación de propósito político doble: por un lado incriminar a Fujimori y a sus ministros, y por otro satanizar los programas anticonceptivos para revertirlos, añadió.
Todas las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas en hospitales y centros oficiales de salud, por personal responsable, dijo uno de los médicos que trabajó en el programa de Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias, que no quiso dar su nombre.
Si la acusación fuera honesta y no tuviera intenciones políticas tendrían que acusarnos de complicidad criminal a los médicos que participamos en el programa, apuntó el médico.
Son inexactas las declaraciones del ministro de Salud, quien menciona 200.000 mujeres afectadas, cifra que no corresponde a ninguna investigación seria que se haya hecho sobre el tema, sostuvo este jueves el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, organización que denunció en 1997 las irregularidades del programa de esterilizaciones.
La organización feminista consideró preocupante que dentro de las recomendaciones que se establecen en el documento, se mencione la de retirar las anticoncepciones quirúrgicas voluntarias de la oferta de anticonceptivos.
Se trata de una alternativa científicamente probada e inocua, y su eliminación como método anticonceptivo reconocido oficialmente afectaría a las poblaciones más pobres, y constituiría una práctica de privilegio, realizada solo en el sector privado, agregó el comunicado divulgado por el Centro Flora Tristán.
El Estado no debe promover prácticas de control de la natalidad, ni impedirlas. El Ministerio de Salud sigue ofreciendo información y servicios sobre procedimientos de regulación de la natalidad, dijo el ministro Carbone.
Se realizaron más de 200.000 esterilizaciones quirúrgicas y sólo se conocen 18 casos de muerte en complicaciones posteriores no precisadas, un porcentaje muy bajo en términos internacionales, sostuvo la dirigente feminista y periodista del Canal 6, Rosa María Palacios, durante la entrevista a Carbone.
Palacios recordó que una encuesta a 5.600 mujeres esterilizadas, efectuada en 1998 por el gobierno de Fujimori y controlada por la Defensoría del Pueblo y algunos organismos internacionales, reveló que más de 90 por ciento de las mujeres (entrevistadas) habían aceptado voluntariamente la intervención.
Habrá que ver cómo se hizo dicha encuesta. Así como se ofrecía alimentos y regalos a las mujeres de los estratos más pobres para que aceptaran ser esterilizadas, tal vez se las convenció con similares promesas para que respondieran que estaban a favor de dichas esterilizaciones, replicó el ministro. (FIN/IPS/al/dcl/he/02
