Activistas por los derechos humanos criticaron una decisión adoptada el jueves por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que negó competencia a jueces belgas en casos de genocidio y crímenes de guerra cometidos en otros países.
La CIJ invalidó una orden internacional de arresto emitida por Bélgica contra Yerodia Aboulaye Ndombasi, ex canciller y actual ministro de Educación de República Democrática del Congo, y afirmó que las cortes belgas no pueden privarlo de inmunidad diplomática, aunque sea para un juicio por actos ajenos a su cargo.
Esa orden de arresto fue consecuencia de una ley de Bélgica que otorgó a los tribunales de ese país competencia para juzgar crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo, aunque no tengan relación alguna con Bélgica.
La ley dio lugar al inicio de procesos contra un creciente número de gobernantes y ex gobernantes, entre ellos el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y el presidente de Cuba, Fidel Castro.
Ndombasi fue acusado de incitar a la masacre de cientos de integrantes de la etnia tutsi en 1998, cuando integraba el gobierno encabezado por el presidente Laurent Kabila, y la orden de arresto fue emitida en 2000, cuando era ministro de Relaciones Exteriores.
Especialistas en derecho internacional que analizaron el pronunciamiento de la CIJ, con sede en La Haya, coincidieron en que sienta un precedente protector de los gobernantes acusados en Bélgica, entre los cuales están también los presidentes de Congo- Brazzaville, Costa de Marfil, República Centroafricana y Ruanda.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí elogió la decisión de la CIJ en una declaración oficial, en la cual pidió a Bélgica que detenga el proceso judicial en curso contra Sharon.
«La CIJ ha definido con claridad que altos funcionarios de gobierno y jefes de Estado gozan de total inmunidad», admitió Jan Devadder, asesor legal de la cancillería belga.
El presidente de la CIJ, Gilbert Guillaume, indicó en su resumen del caso que ese organismo había «concluido que la ley internacional no admite excepciones a la inmunidad contra procesos criminales en tribunales de otros países» que protege a quienes ocupan u ocuparon altos cargos de gobierno.
Guillaume citó como precedente la decisión británica de 1999 que permitió el regreso a Chile de Augusto Pinochet, ex dictador de ese país (1973-1990), preso en Londres debido a un pedido de arresto y extradición del juez español Baltasar Garzón, quien quería juzgarlo por crímenes contra la humanidad.
El juez belga que desea procesar a Ndombasi «no puede apoyarse en un criterio de jurisdicción internacional que no es reconocido por la ley internacional», sostuvo.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias internacionales expresaron su decepción ante ese pronunciamiento y alegaron que hace evidente la necesidad de que comience a actuar la prevista Corte Penal Internacional (CPI), con plenos poderes para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
El Protocolo de Roma que autorizó la creación de la CPI ha sido ratificado hasta ahora por 52 países, y es necesario que lo ratifiquen ocho más para entre en vigencia, lo cual es esperado para mediados de año por la mayoría de los especialistas en el asunto.
«Es poco probable que altos funcionarios de gobierno responsables de atrocidades sean juzgados en sus propios países, y esta decisión implica que también sean impunes en otras naciones», comentó Reed Brody, de la ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Es urgente establecer la CPI, que «podrá investigar y juzgar incluso la actuación de jefes de Estado acusados de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, cuando las cortes de sus países no quieran o no puedan hacerlo».
La ONG Amnistía Internacional también deploró la decisión de la CIJ, y afirmó que «se opone a una creciente tendencia de la ley internacional y a significativos esfuerzos desde las jurisdicciones nacionales para poner fin a la impunidad».
«Nadie debería gozar de inmunidad en casos de violación de la ley internacional, tan graves que la comunidad internacional ha aceptado que es responsabilidad de todos los países llevar a los responsables a juicio», opinó.
La ley belga en cuyo marcó se intentó juzgar a Ndombasi fue aprobada en 1993 y ampliada en 1999, con la intención declarada de cumplir convenciones internacionales que establecen jurisdicción universal en casos muy graves de violación de los derechos humanos, como el genocidio.
Hasta ahora se ha realizado sólo un juicio en ese marco, el de cuatro ruandeses, entre ellos dos monjas católicas, a quienes un jurado civil halló culpables de complicidad en el genocidio cometido en 1994 en Ruanda.
Ese juicio, realizado poco después de que Gran Bretaña permitiera el regreso de Pinochet a Chile, atrajo considerable atención de los medios de comuniación, y sentó el precedente para una avalancha de denuncias presentadas ante cortes belgas contra gobernantes y ex gobernantes de otros países.
Entre esas denuncias, la que ha recibido más destaque periodístico es la presentada contra Sharon, acusado el año pasado por su papel en la masacre en 1982 de cientos de palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila, en Beirut, cometida por milicianos derechistas libaneses.
Sharon era en aquel momento ministro de Defensa de Israel, y había planeado la invasión israelí de Líbano, que implicó el control de los campos de refugiados en ese país.
Una comisión investigadora oficial israelí concluyó que el actual primer ministro había sido «responsable indirecto» de la masacre y eso lo obligó a renunciar a su cargo ministerial.
El proceso en Bélgica contra Sharon es incómodo para el gobierno de ese país y para el israelí. A fines del año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores belga pidió al parlamento que revisara la ley de 1993, por lo menos para asegurar inmunidad a altos funcionarios extranjeros en funciones. (FIN/IPS/tra- eng/jl/aa/mp/hd ip/02
