El mercado financiero argentino siguió hoy presa del pesimismo y la crisis se negó a ceder, a pesar del respaldo obtenido por el gobierno para su nuevo ajuste desde el oficialismo, la oposición, Estados Unidos y el FMI.
El indicador de riesgo país —la diferencia entre la tasa que pagan los bonos de la deuda externa argentina por encima de la de los bonos de Estados Unidos— se elevó este viernes más de seis por ciento, de 1.519 puntos del jueves a 1.612, lo cual revela la caída del valor de los títulos públicos.
Mientras, la Bolsa de Buenos Aires recuperaba 5,59 por ciento, insuficiente para neutralizar la caída de 8,2 por ciento de la víspera. Así, las perspectivas de una insolvencia para el corto plazo no logran despejarse del todo, a pesar de la puesta en marcha del drástico ajuste del gasto público.
El presidente Fernando De la Rúa habia conseguido en la madrugada de este viernes el difícil respaldo de la Unión Cívica Radical, el principal partido de la coalición gobernante que él mismo integra.
El plan divulgado el miércoles establece que el tesoro pagará desde este mes salarios, pensiones, bienes y servicios sólo con los ingresos que reciba, luego de deducir del presupuesto la cancelación de compromisos de la deuda externa.
Esto significa que las remuneraciones —incluídos planes de ayuda social a desocupados, pobres y discapacitados— fluctuarán en función de lo que pueda recaudar el Estado cada mes. Diversos economistas estiman que el recorte, que no discrimina los salarios más bajos, se ubicará en alrededor de 15 por ciento.
Pero este ajuste, considerado por expertos como el más drástico y severo de los siete impuestos en los 19 meses que lleva De la Rúa como presidente, no tuvo el efecto esperado en los mercados.
El ex jefe de Estado Raúl Alfonsín, actual presidente de la Unión Cívica Radical, aseguró en la madrugada de este viernes junto a De la Rúa que su partido «está absolutamente compenetrado en acompañar el esfuerzo del gobierno, y está con el presidente».
El apoyo había sido esperado durante todo el jueves y su demora pareció explicar la desconfianza de los mercados al cabo de la jornada bursátil. Los operadores y representantes de los bancos de inversión aseguraban que sin el apoyo de Alfonsín el ajuste fracasaría.
El Frente País Solidario, el otro sector de la coalición de gobierno, manifestó un apoyo crítico al nuevo ajuste a la espera de resultados, aunque sigue en curso un nuevo éxodo de dirigentes y legisladores que abandonan el oficialismo y se integran a distintos grupos opositores.
Sin embargo, este viernes los mercados mantuvieron la perspectiva negativa y atribuyeron la persistente desconfianza al temor a una reacción adversa del opositor Partido Justicialista, cuyos principales dirigentes, los gobernadores provinciales, se reunieron también con De la Rúa y le entregaron un documento.
Los dirigentes justicialistas consideraron necesario hacer un pacto con el gobierno para que el ajuste no caiga sobre los que menos tienen, una posición similar a la de Alfonsín, pero con su propuesta dejaron establecido que no obstaculizarán la marcha de este ajuste.
El ajuste también recibió el apoyo del FMI (Fondo Monetario Internacional). El portavoz del organismo, Thomas Dawson, aclaró que no habrá un nuevo desembolso extraordinario para salvar a Argentina de una suspensión de pagos, pero aseguró que el programa de restricciones está «bien encaminado».
El FMI considera importante lograr un fuerte respaldo político para las medidas de ajuste. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno en ese sentido no terminan de satisfacer a los tenedores de bonos y acciones.
El indicador de riesgo país, que en la víspera aumentó 230 puntos básicos respecto de la jornada anterior al anuncio, se elevó este viernes casi 100 puntos. La velocidad del alza parece haber descendido, aunque la tendencia sigue mostrando una depreciación del valor de los títulos de la deuda pública argentina.
La Bolsa de Comercio tuvo este viernes un comportamiento más errático, con alzas y bajas, pero también menos pronunciadas que en la víspera y finalmente cerró con un alza de cinco por ciento.
En principio, y ya antes del anuncio de recorte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires —el distrito mas populoso del país con un tercio de la población total— debió renunciar a emitir nuevos títulos de deuda debido a las altas tasas de interés que le exigía el mercado.
Pero el gobierno bonaerense ya anunció el lanzamiento de bonos para pagar salarios y otros bienes. La provincia es gobernada por Carlos Ruckauf, el dirigente justicialista con mejor imagen en el electorado.
Con este ajuste, Cavallo espera utilizar la recaudación mensual — estimada en 4.500 millones de dólares— para pagar todos los gastos del estado nacional, sin apelar a otros fondos.
«Hay un solo camino para resolver nuestros problemas: gastar sólo lo que tenemos», dijo De la Rúa al anunciar las medidas, a las que definió como el único modo de impedir la devaluación de la moneda o la interrupción de pagos de intereses a tenedores de títulos de deuda externa.
Argentina tiene un gasto público anual estimado en 50.000 millones y el gobierno se había comprometido ante el FMI a que su déficit este año superaría los 6.500 millones.
Pero en la primera mitad del año el desequilibrio ya ascendió a 5.000 millones, por lo que sólo queda margen para un déficit de 1.500. El mercado le hizo notar este desequilibrio pidiendole el martes al Estado tasas de interés de entre 14 y 16 por ciento para la colocación de letras del tesoro.
La deuda pública argentina es de 128.000 millones de dólares, equivalente a 47 por ciento de su producto interno bruto. Pero con una recesión que ya lleva tres años, las posibilidades de cancelación de vencimientos se hace cada vez más difícil.
Argentina, hoy ubicada en el epicentro de una crisis financiera de los mercados emergentes mundiales con coletazos en toda América Latina, Estados Unidos y Europa —en especial España—, tiene 96 por ciento de su deuda en dólares, atomizada entre tenedores de títulos no residentes en el país.
Algunos expertos consideraron que los mercados habrían preferido una reestructura del Estado y no un ajuste de salarios y gastos, dado su carácter recesivo.
Este jueves, la firma evaluadora de riesgo financiero Standard & Poors redujo la calificación de los títulos de la deuda externa argentina de largo plazo de B a B menos, por el temor a que el ajuste anunciado produzca un «debilitamiento de la cohesión dentro de la coalición gobernante» que bloquee su aplicación.
Argentina afronta hace tres años una severa recesión y una alta tasa de desempleo. La ley de convertibilidad, que permitió la estabilización de los precios en los años 90, restringe las posibilidades de una devaluación y origina la fuerte demanda de capitales externos para nutrir al sistema.
Esa ley, aprobada en los primeros años del gobierno del justicialista Carlos Menem (1989-1999) e impulsada por Cavallo, entonces también como ministro de Economía, creó una caja de conversión que contiene un dólar por cada peso argentino circulante, y estableció la paridad entre esas dos monedas.
Desde la segunda mitad de 1998, las inversiones mermaron por la crisis rusa y la depreciación del real en Brasil, y la economía argentina comenzó a replegarse, produciendose así un círculo vicioso por el que se encarece el crédito, el producto se estanca, la recaudación fiscal cae y el déficit fiscal crece. (FIN/IPS/mv/mj/if/01
