Un grupo humanitario denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el caso del pueblo Puerto Casado, en Paraguay, vendido junto con todos sus edificios y unas 400.000 hectáreas que lo rodea a una firma de la Iglesia de la Unificación, también conocida como secta Moon.
La Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos objetó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la transferencia del grupo empresarial Carlos Casado SA al grupo religioso fundado en 1954 en Corea del Sur por Sun Myung Moon.
La operación comercial constituye una aberración, porque el objeto del contrato de compraventa incluye el territorio del pueblo (ubicado a 550 kilómetros al norte de Asunción), con su casco urbano, la iglesia, calles y viviendas, y también a sus 6.500 pobladores, dijo Julen Arzuaga, vocero de la Liga.
El grupo Carlos Casado SA, constituido en 1886, llegó a poseer 5.700.000 hectáreas, equivalentes a 10 por ciento del territorio de Paraguay, y que es una extensión mayor que toda Suiza.
Con el producido de la venta de una parte de esas tierras, la empresa se dedicó desde 1910 a la explotación maderera de los bosques de su propiedad, en especial de los árboles de quebracho, de una dureza excepcional y que se emplean para la construcción y para la extracción del tanino usado en curtiembres.
La explotación del bosque, en la región del Chaco paraguayo, concluyó en 1997, «cuando acabaron con el último ejemplar de quebracho», sostuvo Rubén Domínguez, un músico nativo de Puerto Casado y radicado en Europa desde hace 24 años.
Arzuaga, en su exposición ante la Comisión de Derechos Humanos, denunció «la depredación del bosque y la expoliación de los recursos naturales», perpetrada por la empresa Carlos Casado, fundada en el siglo XIX por un español que se estableció en la ciudad argentina de Rosario.
La Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos indicó, además, que Puerto Casado sufrió la explotación de mano de obra de trabajadores e indígenas paraguayos en condiciones de esclavitud, marginación y miseria económica, con carencias en la salud, la educación, la vivienda y el trabajo.
En la región chaqueña, donde se asienta Puerto Casado, los pueblos indígenas representan 60 por ciento de la población, pero son propietarios de menos de dos por ciento de la superficie total.
Con la transferencia del pueblo y de las 400.000 hectáreas que lo rodean a Atenil SA, controlada por el grupo de Moon, se asegura la sucesión de la hegemonía sobre Puerto Casado de una empresa transnacional a otra similar, afirmó Arzuaga.
Los personeros de Atenil SA comunicaron a los pobladores de Puerto Casado que podrán permanecer en sus viviendas durante un año más.
Ese anuncio significa que los habitantes del pueblo no figuran en los proyectos de la firma de Moon, que ha presentado una propuesta «totalmente incierta», comentó Domínguez, miembro de la Coordinadora de Solidaridad por la Dignidad Casadeña.
La población de Puerto Casado, desde el cierre de la fábrica de tanino, vive de una precaria economía de subsistencia, basada en la caza y en la recolección.
Después de conocerse la transferencia de las tierras, en octubre, los residentes en Puerto Casado, con apoyo de todos los sectores sociales, religiosos, políticos y sindicales, reclamaron su derecho a la autogestión.
La propuesta incluye la posibilidad de aplicar políticas de desarrollo y de recuperación económica y social, sin ingerencias de poderes extraños, como son las empresas transnacionales, refirió Arzuaga a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Con ese propósito, los pobladores pidieron al Congreso de Paraguay la sanción de una ley de expropiación de 160.000 de las 400.000 hectáreas que formaron parte de la transferencia a Atenil SA.
El territorio demandado corresponde al casco urbano de Puerto Casado y a una porción de terreno imprescindible para asentamientos rurales, agrícolas, ganaderos y forestales, a fin de proyectar un futuro digno y garantizar un desarrollo económico, social y cultural sustentable.
La petición de los pobladores recibió el apoyo de los obispos católicos reunidos en la Conferencia Episcopal Paraguaya, que exigieron al Congreso y a las autoridades una «acción rápida en defensa de la soberanía del país» ante intereses transnacionales extranjeros.
Durante la sesión de la Comisión de la ONU, la Coordinadora de Solidaridad distribuyó un estudio del académico paraguayo Enrique Ibarra, que analiza las compras de grandes extensiones de tierra efectuadas por el grupo Moon también en Brasil.
El grupo de Moon, con sus propiedades en Paraguay y en el Pantanal, la gran reserva de agua ubicada en territorio brasileño, se ubica en lugar privilegiado para controlar las futuras canalizaciones en el Chaco y el Paraguay oriental y en el Mato Grosso Sur brasileño, afirma Ibarra. (FIN/IPS/pc/dm/hd if/01
