Rebeliones simultáneas en 29 cárceles del estado de Sao Paulo en Brasil, controladas hoy luego de 24 horas de su estallido, dejaron al menos 15 presos muertos y una sensación de colapso en el sistema penitenciario.
El número de muertos puede ser mayor, admitió el secretario de Seguridad Pública, Marco Petrelluzzi, porque la inspección en la Casa de Detención, que concentra cerca de 7.300 presos, sólo concluirá este martes.
Al menos 12 muertes se habrían debido a disputas entre grupos rivales, según Petrelluzzi, en tanto cuatro policías resultaron heridos en los enfrentamientos, uno de ellos de gravedad, y no se produjo ninguna fuga.
Algunos visitantes también resultaron heridos, entre ellos un niño de cuatro años que se encuentra en estado grave, según las autoridades.
Los motines coordinados, que involucraron a más de 25.000 presos en el momento en que recibían a más de 10.000 visitantes, revelaron un poder de la organización delictiva Primer Comando de la Capital (PCC), que sorprendió a las autoridades.
El teléfono celular jugó un papel decisivo para la coordinación del movimiento en 25 prisiones y cuatro comisarías policiales, donde las personas sólo deberían permanecer detenidas a la espera de juicio pero gran cantidad de ellas quedan allí durante largos periodos debido a la superpoblación carcelaria.
Los teléfonos móviles están prohibidos en las cárceles, pero parientes de presos aseguraron que por un soborno de 150 dólares se puede hacer llegar un aparato a cualquier detenido.
El centro irradiador de las rebeliones estuvo en el Complejo de Carandirú, en el centro de Sao Paulo, donde se concentran 9.700 presos, divididos en tres unidades, una de las cuales es la Casa de Detención, la más explosiva, por la gran cantidad de condenados considerados peligrosos.
La transferencia de 10 jefes del PCC desde la Casa de Detención a prisiones del interior de Sao Paulo o a otro estado, que tuvo lugar el viernes, fue el motivo de la rebelión.
«Esperábamos una reacción, pero no en 29 unidades carcelarias, eso nos sorprendió», admitió Nagashi Furukawa, secretario de Administración Penitenciaria.
El único reclamo de los amotinados, el retorno de los 10 transferidos, «no fue ni será atendido», aseguró Furukawa, quien prometió medidas rigurosas para impedir la acción del crimen organizado dentro de las cárceles.
Los motines ocurrieron durante las visitas dominicales, involucrando a los familiares, incluso niños, «rompiendo una regla tradicional de los presos», observó el funcionario.
Las informaciones señalaban que los amotinados mantuvieron como rehenes a sus familiares, además de funcionarios carcelarios, pero la verdad es que los visitantes, al menos en el Complejo de Carandirú, decidieron permanecer junto a los presos para impedir la violencia policial.
En ese complejo penitenciario tuvo lugar en 1992 una masacre en la que murieron 111 detenidos ametrallados por la Policía Militar, supuestamente para soforcar un motín. Aunque ya se comprobó que las víctimas no ofrecían ninguna resistencia, el crimen permanece impune hasta hoy.
Por ese motivo, los familiares pasaron incluso la noche del domingo al lunes dentro del Complejo de Carandirú y sólo salieron en la mañana de este lunes, tras lograrse acuerdos para el fin de la rebelión, sin un ataque policial.
Aún así, una Comisión de Madres se mantuvo en el local para defender la vida de los presos.
Un grupo de parlamentarios entre los cuales se encontraba el senador Eduardo Suplicy también participó en las negociaciones entre presos y autoridades, buscando una solución sin violencia.
El gobernador en ejercicio del estado de SFo Paulo, Geraldo Alckmin, rechazó la calificación de «poder paralelo», atribuida por la prensa al PCC, ante su capacidad de acción coordinada en las cárceles.
La delincuencia organizada existe en las prisiones, pero no las controla y las medidas adoptadas debilitarán la actuación del PCC, sostuvo Alckmin.
En el estado de Sao Paulo se concentran cerca de 92.000 presos, más de la mitad de toda la población carcelaria de Brasil. El superpoblación en todas las cárceles es un motivo de frecuentes motines y la corrupción está muy presente, según admiten las autoridades y las organizaciones de derechos humanos.
La desactivación del Complejo de Carandirú, considerado una verdadera «bomba de tiempo» por la excesiva concentración de detenidos, es una vieja promesa del ministro de Justicia, José Gregori, desde la época en que se desempeñó como secretario Nacional de Derechos Humanos, entre 1996 y 1999.
La idea consiste en distribuir a los presos que se encuentran allí en presidios menores, en el interior. Pero la construcción de nuevas cárceles no acompaña la demanda, ante el ritmo acelerado del aumento de condenados.
Por este motivo, el gobernador Alckmin descartó la posibilidad de desactivar la Casa de Detención, la Penitenciaria del Estado y el Presidio de Mujeres, que componen el Complejo, abortando el proyecto de convertirlos en un centro cultural, como pretendía el ministro. (FIN/IPS/mo/ag/ip hd/01
