La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo propuso en esta capital, al cumplir hoy cinco años de actividad, la creación de un tribunal de la deuda externa, por considerar que esa carga posterga el desarrollo social y en muchos casos fue contraída indebidamente.
El secretario técnico de la organización, el boliviano Adalid Contreras, dijo a IPS en Caracas que la deuda «es un factor principal, de carácter estructural, que atenta contra el desarrollo social y humano» de América Latina y el Caribe.
La Plataforma, creada el 16 de noviembre de 1995, tiene en la actualidad su coordinación en Bolivia y delegaciones en otros nueve países, en las que participan organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.
Contreras participó en la capital venezolana de un seminario sobre derechos económicos, sociales y culturales, convocado por Provea, una de las principales organizaciones venezolanas de defensa de los derechos humanos.
El activista comentó en la reunión la constitución de un Tribunal Andino a la Deuda Externa, impulsado por las delegaciones de Plataforma de región.
«América Latina destina, en promedio, 35 por ciento del producto interno bruto de cada país al pago de los servicios de la deuda. Eso limita los planes nacionales de ahorro e inversión y posterga el desarrollo de políticas sociales», indicó.
Un documento de esta instancia de articulación indica que la deuda mantiene su peso sobre las economías a pesar de que «sólo entre 1980 y 1990 América Latina desembolsó 375.000 millones de dólares por el concepto del servicio del endeudamiento».
La cuestión de los adeudos de la región se inscribe en la política de Plataforma de privilegiar el trabajo a favor de los derechos económicos, sociales y culturales.
El director ejecutivo del Centro de Asesoría Legal del Perú (Cedal), Ercilio Moura, quien también asistió al foro, indicó a IPS que esos derechos «son el motor de esta Plataforma y constituyen una guía de acción para el trabajo conjunto de las organizaciones sociales».
El seminario realizado en Caracas, el primero que aborda en forma integral estos derechos, contó con la participación de 30 miembros de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos de Venezuela.
El director de Cedal recalcó que no existe reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, Cedal logró que la CIDH aceptara un caso de presunta violación de esos derechos a jubilados y pensionados peruanos, debido «a la ausencia de justicia» en ese país y después de haber sido recorridas todas las instancias locales posibles, con sentencias favorables a los perjudicados.
Moura entiende que casos como estos marcan precedentes en la defensa de los derechos humanos, concebidos en su forma integral, con la demanda de educación, salud, vivienda y seguridad social, entre otros aspectos.
También manifestó que Cedal ha sido en Perú una entidad pionera en el manejo de esta visión integral de los derechos humanos, y que desde el capítulo peruano de Plataforma se ha generado una instancia de formación e intercambio sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Por su parte, María Isabel Bertone, coordinadora de Educación de Provea, dijo a IPS que el tema de estos derechos, entre los cuales se inscribe los efectos de la deuda externa, estarán «en primer plano» en el caso venezolano.
De hecho, el seminario organizador en Caracas fue pensado para evaluar la cobertura de esos derechos a la luz de la nueva Constitución de Venezuela.
«Las grandes mayorías siguen teniendo insatisfechas sus necesidades básicas», dijo Bertone.
Aseveró, además, que esa población de escasos recursos «está en un período de esperanza» ante las promesas del gobierno de Hugo Chávez, con la expectativa de que «a corto plazo se satisfagan esos derechos».
En tanto, Contreras, quien tiene varias publicaciones centradas en comunicación y desarrollo, llamó a «seguir en el terreno de las utopías positivas» para formular «nuevos derechos» a ser defendidos en el marco del proceso de la globalización.
Comentó que el impacto de la globalización, con «la creciente pobreza y exclusión», es un ámbito «para seguir creando derechos», así como son los efectos de «la deuda externa, del comercio internacional dominado por las transnacionales, las migraciones, el sida, y la problemática de los indígenas».
«Partimos desde situaciones locales a desafíos universales», dijo Contreras, para quien la iniciativa de Plataforma puede ser el espacio apropiado para la articulación y coordinación continental de las entidades que defienden los derechos humanos en el escenario de la globalización. (FIN/IPS/ac/dm/hd/00
