La Iglesia Católica, sindicalistas y partidos de izquierda de Brasil intentan nuevamente movilizar a la población contra el pago de deudas del gobierno, exigiendo que los recursos se destinen a políticas sociales.
Un plebiscito informal promovido por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil finalizó el jueves, Día de la Independencia brasileña.
Los organizadores preguntaron a los ciudadanos si el gobierno debe mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y seguir pagando las deudas externa e interna.
Cincuenta mil urnas fueron distribuídas en 3.000 de los 5.500 municipios del país para la votación, abierta al público el 2 de de este mes. El resultado del escrutinio será divulgado el próximo miércoles.
No hay duda de que el «no» fue ampliamente mayoritario en el caso de las tres preguntas presentadas, ya que los votantes fueron principalmente personas que deseaban manifestar su protesta.
El primer punto de la consulta pública expresa el rechazo al FMI, cuyas recomendaciones económicas, acogidas por el gobierno, son consideradas por los organizadores del plebiscito una de las causas del aumento de la pobreza y de la desigualdad social.
En segundo lugar, se preguntó si se debe pagar la deuda externa, «sin la auditoría prevista en la Constitución de 1988», y por último, si se acepta que gran parte del presupuesto público sea destinado a pagar la deuda interna «a los especuladores».
El fin de la votación coincidió este jueves con el «Grito de los Excluidos», otra iniciativa de la Iglesia Católica, que se remonta a 1995 y coincide con el aniversario de la independencia nacional.
El Grito de los Excluidos comprendió manifestaciones por todo el país y tuvo participación de varias organizaciones sociales, como el Movimiento de los Sin Tierra y la Central Unica de Trabajadores.
El principal acto reunió a 85.000 personas en la localidad de Aparecida, a 170 kilómetros de Sao Paulo, un tradicional centro de peregrinación católica. El arzobispo local, cardenal Aloisio Lorscheider, afirmó que este no es un dia de conmemoraciones, ya que Brasil sigue sin independencia, especialmente económica.
El coordinador del área social de la Conferencia Nacional de Obispos, Joacyr Braido, aclaró que los organizadores del plebiscito exigen, más que la suspensión del pago a los acreedores de Brasil, una «actitud responsable» en el caso.
Lo que pretenden es transparencia, que las autoridades aclaren cómo se acumuló una deuda externa de más de 230.000 millones de dólares y qué uso se dio a ese dinero.
El presidente de la conferencia episcopal, Jaime Chemello, considerado un obispo progresista, pidió la semana pasada en entrevista con el presidente Fernando Henrique Cardoso, por lo menos una auditoría de la deuda externa, ante la imposibilidad de reducir los pagos.
Brasil pagó desde 1995 unos 128.000 millones de dólares en concepto de servicio de la deuda, suma que bastaría para construir 15 millones de viviendas populares, según el economista Reinaldo Gonçalves, de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
O, como alternativa, financiar una reforma agraria para asentar a 5,8 millones de familias y poner fin así a la cuestión de los campesinos sin tierra, dijo Gonçalves.
El ministro de Hacienda, Pedro Malán, calificó de «tontería» la nueva campaña, que intenta reponer en la agenda del país un asunto, la deuda externa, que concentró el interés del gobierno y de la opinión pública en los años 80, pero que ya se considera «resuelto» y recibió escasa atención en la última década.
Las autoridades económicas destacan que la mayor parte de la deuda externa corresponde hoy al sector privado, al contrario de hace 18 años, cuando comenzó en América Latina la llamada «década perdida».
Toda medida unilateral en esa cuestión puede provocar una fuga de los capitales necesarios para el desarrollo del país, arguyen representantes del gobierno y economistas no alineados con la izquierda.
En cuanto a la deuda interna, se señala que los altos intereses pagados por el gobierno son el principal factor de desequilibrio fiscal e impiden al Estado realizar inversiones sociales y reducir la pobreza y la desigualdad.
El Grito de los Excluídos se extendió a otros países de América y se incluye hoy en una serie de acciones de una Alianza Social Continental, como la Marcha Mundial de Mujeres que arribará a Nueva York el 15 de octubre y el Jubileo Sur 2000, que promueve tribunales contra la deuda externa en varios países.
La movilización finalizará con un acto continental el 12 de octubre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, con la participación de grupos nacionales y regionales, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y la Federación Continental de Organismos Comunales. (FIN/IPS/mo/ff/dv/00
