Tres organizaciones no gubernamentales (ONG) exhortaron hoy al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a concentrar en la defensa de los derechos humanos sus entrevistas y declaraciones en la ciudad colombiana de Cartagena, a la que llegará este miércoles.
Las ONG señalaron que Clinton debe condenar con firmeza los abusos cometidos por los militares colombianos y la complicidad de sectores del ejército con los paramilitares de derecha. Su silencio o debilidad envalentonaría a los oficiales que apoyan a los grupos paramilitares, advirtieron.
Las mismas ONG cuestionaron la semana pasada la decisión del presidente de pasar por alto condicionamientos relativos a los derechos humanos para aprobar una ayuda de 1.300 millones de dólares a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.
«Después de prescindir de las cláusulas de derechos humanos que condicionaban la ayuda», Clinton «debe destacar la preocupación (de Washington) por esos derechos", dijo José Miguel Vivanco, director del área de América de Human Rights Watch (HRW).
Al respecto, el presidente debe señalar los abusos que se atribuyen a las Fuerzas Armadas colombianas y los vínculos de éstas «con los grupos paramilitares», observó.
Vivanco estaba acompañado, al formular su declaración, por George Vickers, director de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Andrew Miller, de Amnistía Internacional.
La ayuda, aprobada en junio por el Congreso de Estados Unidos, es la contribución de Washington al Plan Colombia, de 7.500 millones de dólares, preparado por el presidente Andrés Pastrana y que también tendrá respaldo financiero de la Unión Europea (UE).
El Plan Colombia, según Pastrana, se implementará durante cinco o seis años y está diseñado para combatir el narcotráfico, ejecutar programas de desarrollo en las zonas de cultivo de drogas y lograr la paz con las dos principales organizaciones guerrilleras del país.
La mitad del gasto anunciado será dispuesto por el gobierno colombiano y el resto se completará con créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y por Estados Unidos y la UE.
La financiación estadounidense consiste principalmente en ayuda militar y policial, para apoyar el esfuerzo del ejército por devolver al Estado el control de zonas meridionales donde, según el mando castrense, los guerrilleros protegen a cambio de pagos el rápido crecimiento de la producción de coca y de adormidera, materias primas de la cocaína y la heroína.
Estados Unidos proporcionará 60 helicópteros de guerra, que aumentarán la movilidad, el alcance y la capacidad de fuego del ejército colombiano en zonas en las que actualmente no puede consolidar su presencia.
La aprobación de la ayuda debió sortear resistencias en el Congreso, debidas a las violaciones de derechos humanos que se atribuyen a los militares y a la complicidad de éstos con los paramilitares.
Las ONG humanitarias acusan a los grupos paramilitares, que surgieron para combatir a las organizaciones guerrilleras de izquierda, de la gran mayoría de las matanzas que todos los años son perpetradas en Colombia.
Los legisladores impusieron cinco condiciones al otorgamiento de la ayuda al Plan Colombia.
Entre esas cláusulas exigieron la inmediata separación de filas de todos los soldados colombianos de comprobada responsabilidad en abusos o «que hubieran ayudado o instigado a los grupos paramilitares».
También, la plena colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades en la investigación y persecución de esos casos, y el procesamiento en tribunales civiles de los paramilitares y de los soldados y oficiales que hubieran apoyado a éstos.
El Departamento de Estado debía «certificar» el cumplimiento de las condiciones impuestas. No obstante, quedó un resquicio que Clinton utilizó: el Congreso puntualizó que la asistencia se podría entregar, aunque no existiera la certificación prevista, si de ese modo se favoreciera la seguridad nacional de Estados Unidos.
El Departamento de Estado, después de pedir opinión e información a principios de este mes a ONG de derechos humanos entre las que se contaban HRW, WOLA y Amnistía Internacional, dictaminó que el gobierno colombiano sólo había cumplido una de las condiciones impuestas.
Pero, para consternación de las ONG, Clinton resolvió prescindir de las otras condiciones.
Esa facultad del presidente de prescindir de condiciones previas "bloquea el propósito de toda política orientada a mejorar lo derechos humanos», observó Vivanco.
Si se sabe que Estados Unidos, en nombre de la seguridad nacional, finalmente pasará por alto las condiciones establecidas para la ayuda, los oficiales más vinculados a los paramilitares fortalecerán su posición, advirtió.
HRW, WOLA y Amnistía Internacional divulgaron un memorándum de 34 páginas enviado al Departamento de Estado (cancillería) y en el que identificaron a cinco comandantes colombianos vinculados por agencias del gobierno a escuadrones de la muerte y grupos paramilitares.
Esos cinco militares debieron haber sido suspendidos, de acuerdo con la primera condición establecida por el Congreso, pero siguen en actividad.
El gobierno y el Poder Legislativo de Estados Unidos deberían usar otros casos específicos mencionados en el memorándum como puntos de referencia, según las tres ONG.
Entre esos casos figuran la investigación a 12 altos militares en actividad y retirados y a ocho conocidos paramilitares por violaciones de derechos humanos.
La inexistencia de acciones fuertes contra esos hombres debería determinar la suspensión de la ayuda, según las tres organizaciones humanitarias.
La próxima revisión está prevista para diciembre.
Activistas de derechos humanos muestran preocupación por las consecuencias de la decisión de pasar por alto las condiciones referidas a los paramilitares, implicados sólo este fin de semana en dos masacres con un saldo total de 22 muertes.
«No hay nada en el Plan Colombia que obligue al gobierno a hacer nada sobre los paramilitares. Las únicas referencias son en materia de derechos humanos, y esas condiciones se han pasado por alto», dijo Vickers, de WOLA.
Al igual que los restantes bandos en pugna en la guerra civil, los paramilitares protegen al narcotráfico y lucran con esa actividad, según Vickers.
El gobierno de Clinton defendió su decisión con el argumento de que Pastrana y las Fuerzas Armadas colombianas necesitaban más tiempo para cumplir con las condiciones.
La Casa Blanca declaró que no actuar con rapidez exacerbaría una «emergencia» en materia de narcotráfico «que afecta de manera directa a Estados Unidos».
En Cartagena, Clinton pondrá el acento en los problemas de derechos humanos debido a las críticas que ha recibido tras su decisión de la semana pasada, según analistas.
«El mensaje debe ser que es inaceptable continuar este tipo de abusos y que el corte de vínculos con los paramilitares es básicamente crítico», según Michael Shifter, un experto en asuntos colombianos de la organización Diálogo Interamericano.
«La principal lección de los últimos 40 años en Vietnam y en América Central es que no se puede derrotar al enemigo cuando un aliado comete violaciones de derechos humanos», dijo Vickers. (FIN/IPS/tra-eng/jl/ff-mj/ip/00
