CHILE: Pinochet recibe respaldo militar en antesala de juicio

El ex dictador Augusto Pinochet recibió hoy en Chile un inmediato respaldo del ejército, luego de que la Corte Suprema de Justicia le retirara su inmunidad como senador vitalicio y lo sentara en la antesala de un juicio por crímenes contra los derechos humanos.

La votación de 14 contra seis del pleno de la Corte Suprema a favor del desafuero legislativo de Pinochet dejó al juez Juan Guzmán facultado para abrirle proceso, si así lo solicitan los abogados querellantes en el caso de la llamada «caravana de la muerte».

Guzmán podría ordenar este miércoles exámenes médicos físicos y mentales al ex dictador de 84 años, y si Pinochet se negara a aceptarlos, se podría solicitar de inmediato la apertura del proceso, dijo uno de los abogados querellantes en el caso.

El presidente Ricardo Lagos formuló un llamado a respetar el veredicto de los tribunales, que fue recibido con manifestaciones de júbilo por agrupaciones de derechos humanos y por sectores de izquierda.

Los activistas que se apostaron desde temprano ante la Corte Suprema celebraron el fallo bebiendo champaña y luego marcharon hasta el monumento a Salvador Allende, el mandatario socialista derrocado por Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

Mientras tanto, familiares y simpatizantes del ex dictador, incluyendo a dirigentes de partidos de derecha y militares en retiro, reaccionaban con ira.

Lagos exhortó a todos los chilenos «a respetar lo que los tribunales han resuelto», en tanto «la alegría de unos significa la comprensión de otros», agregando que los acontecimientos de este martes serán finalmente juzgados por la historia.

«El mundo nos sigue observando a cada uno de nosotros, en cada uno de los roles, y sé cual es mi rol como presidente de Chile. Encarno a todos los chilenos. El mando definitivo de la patria descansa en lo que yo resuelva», dijo el mandatario socialista que gobierna con una coalición de centroizquierda.

Lagos despejó así versiones sobre una posible convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional por pedido de los comandantes del ejército, la marina, la fuerza aérea y la policía de Carabineros, que forman parte de ese organismo.

Apenas se confirmó el desafuero, los cuatro oficiales de superior jerarquía del ejército, encabezados por el comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, se trasladaron a la residencia del ex dictador para expresarle su respaldo.

Tanto el propio Izurieta como fuentes del palacio presidencial de La Moneda desmintieron que el presidente Lagos hubiera ordenado al militar abstenerse de visitar a Pinochet, quien estuvo al mando del ejército de agosto de 1973 a marzo de 1990.

Izurieta dijo que Pinochet «tendrá el sitial que se merece» y que su institución «seguirá trabajando, con todo nuestro esfuerzo, para cumplir con nuestro compromiso de buscar la solución de los problemas del pasado».

Marco Antonio Pinochet, hijo del general, dijo que éste no aceptará que se le someta a exámenes médicos para determinar si sufre de demencia senil u otra anomalía mental y excluirlo así de un juicio, declarándolo inimputable.

Con el rechazo de los exámenes «mi padre tendrá la oportunidad histórica de defenderse de esta gran mentira», señaló el hijo menor del ex dictador, quien sostuvo además que el fallo de la Corte Suprema «no es respetable y es poco serio».

Marco Antonio, el general retirado Luis Cortés Villa, director ejecutivo de la Fundación Pinochet, y el diputado Pablo Longueira, presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente, sostuvieron que el dictamen fue «una resolución política».

«Este es el último eslabón en una cadena de venganza (contra Pinochet) del socialismo internacional», sostuvo Cortés Villa, para quien el desafuero anula los avances logrados en junio en la llamada mesa de diálogo cívico-militar sobre derechos humanos.

En esa instancia se suscribió un acuerdo para lograr, bajo la figura del secreto profesional, que miembros de las Fuerzas Armadas entreguen antecedentes para ubicar los restos de unos 1.100 detenidos-desaparecidos.

El diputado Longueira coincidió con el hijo de Pinochet y con Cortés Villa en acusar al gobierno de avalar la «venganza» y el «juicio político» al ex general.

El presidente de la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, Walter Riesco, sostuvo así mismo que los acuerdos de la mesa de diálogo se verán afectados por el desafuero, que a su juicio repercutirá también negativamente en la economía chilena.

En una declaración leída por el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, se reiteró el llamado a respetar el fallo, en tanto es una muestra del funcionamiento e independencia de las instituciones en el Estado de derecho.

El presidente Lagos perseveró en su posición de restar dramatismo al caso Pinochet y este martes cumplió regularmente su agenda, que incluyó la inauguración de una muestra de arte en homenaje a los 50 años de la publicación del 'Canto General', obra cumbre del poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971.

En la sede del Senado en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de la capital, el presidente de esa cámara, Andrés Zaldívar, informó que Pinochet quedó suspendido de su cargo de senador vitalicio por el fallo de la Corte Suprema.

Zaldívar subrayó que el desafuero no implica en sí una sentencia de condena, sino exclusivamente la habilitación en este caso al juez Juan Guzmán para que abra proceso a Pinochet y que éste podría incluso ser absuelto.

El ex dictador acumula unas 150 querellas en su contra por violaciones de derechos humanos, pero se le retiró la inmunidad sólo por la primera de ellas, presentada el 12 de enero de 1998 por la secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín.

La demanda se fundamentó en los crímenes atribuidos a la «caravana de la muerte», una misión militar especial que Pinochet envió a varias ciudades de Chile a «agilizar» juicios contra prisioneros políticos tras el golpe de Estado.

La caravana dispuso el fusilamiento de unas 70 personas, pero en 19 casos no han aparecido los restos de las víctimas, lo cual permitió a Guzmán configurar el delito de secuestro, no cubierto por la amnistía que Pinochet expidió en 1978. (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/00

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