Nina Pacari es la primera mujer que ocupa la vicepresidencia del Congreso unicameral de Ecuador, después de ser una de las candidatas al parlamento más votadas en las elecciones de 1998, y su caso cobra mayor resonancia por tratarse de una dirigente indígena.
"El hecho de haber sido nombrada vicepresidenta del parlamento ecuatoriano movió el piso de mucha gente, porque no estamos acostumbrados a ver a una indígena en la dirección de un poder tan importante", comentó la diputada.
Pacari pertenece a la nacionalidad kichwa, nació en 1961 en Cotacachi, localidad de la norteña provincia de Imbabura, y es abogada. En los últimos años 80 y primeros 90 encabezó las comisiones de tierras y territorios de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
"Para los indígenas, la tierra es la madre, y esa época fue muy importante, porque logramos la solución de 80 por ciento de los conflictos de tierras, que tenían nuestros hermanos con los hacendados", dijo.
En 1997 fue nombrada presidenta del Consejo Nacional de Planificación de los Pueblos Indígenas y Negros, creado para definir políticas de Estado relativas a los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos y planificar y ejecutar proyectos para su desarrollo.
Ese mismo año, en noviembre, resultó elegida miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que reformó la Constitución, y en 1998 encabezó la lista de candidatos al parlamento del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.
Elegida diputada, sus pares la designaron vicepresidenta del Congreso.
"Para el Movimiento Indígena, este hecho es histórico porque hasta el momento ni un solo compañero, y menos una mujer indígena, había ocupado ninguna dignidad del parlamento", advirtió Pacari.
Los indígenas ecuatorianos participan de las elecciones desde la creación en 1996 del Movimiento Pachakutik, que los aglutina junto a organizaciones no gubernamentales, ecologistas, grupos de mujeres y otros grupos sociales.
Los candidatos de cada municipio son designados luego de largas asambleas de Pachakutik en las que intervienen las comunidades de la localidad. El mismo sistema se utiliza en las provincias y a nivel nacional.
"Ecuador debe irse acostumbrando a ver indígenas y mujeres en espacios de decisión sin perder su identidad ni el compromiso con los sectores a los que representan", señaló la diputada.
Para Pacari, el Congreso es un frente más de la lucha de los indígena y las mujeres.
"El escenario legislativo es diferente de los poderes autónomos locales, donde nuestra propuesta comunitaria se puede desarrollar de mejor forma, pero no deja de ser importante para hacer conocer la visión indígena en lo social, político y económico", explicó.
Las administraciones municipales y el Poder Legislativo son espacios que el movimiento indígena ha ganado luego de "quinientos años de organización y lucha contra la opresión", agregó.
"En nuestra actuación hemos demostrado que no solamente exigimos y nos levantamos contra la injusticia, sino que hemos sido propositivos en temas sociales y económicos, hemos presentado alternativas que muchas veces no han sido escuchadas por los gobiernos", dijo Pacari.
Varios proyectos de ley de interés para las zonas rurales presentados por los diputados indígenas no fueron considerados por la legislatura anterior, que sesionó entre 1996 y 1998).
"Tenemos que intentar acuerdos (con otras fuerzas parlamentarias) que nos permitan llevar a cabo nuestras propuestas y debemos lograr que la opinión pública las conozca", arguyó Pacari.
La diputada también dijo que es necesario trabajar mucho para evitar que las mujeres y los indígenas no adquieran hábitos burocráticos al ingresar en el parlamento.
"Si bien el legislador o legisladora no puede participar activamente en la organización indígena, no debe perder su vinculación y coordinación con ella. Para eso están las visitas constantes a las comunidades y distintos mecanismos de articulación", indicó.
El equipo asesor de Pacari se divide en tres áreas: la primera se refiere a aspectos de organización social, la segunda, a cuestiones político-estructurales, y la tercera es eminentemente técnica.
En el área político-organizacional se articula el apoyo a las propuestas de las organizaciones indígenas.
"Un equipo trabaja esas propuestas a través de talleres y reuniones para luego llevarlas al Congreso. Lo mismo ocurre con la temática de la mujer. Nosotros, como diputados o diputadas, nos insertamos en un proceso y recogemos las propuestas que vienen de los movimientos sociales", dijo.
La unidad indígena se expresa en la Conaie, pero "los pueblos indios no son uniformes", puntualizó.
"Somos 11 nacionalidades con visiones distintas, procesos y estrategias diferentes, porque eso depende hasta del medio geográfico. Por ejemplo, no se puede pedir que en la Amazonia se implementen las mismas formas de reivindicativas que en la Sierra", señaló.
Pero también se ha logrado consenso para contemplar las peculiaridades de cada comunidad étnica. "Debemos tener presente que el hecho de tener criterios diversos en el movimiento no es sinónimo de división, sino de pluralidad", afirmó Pecari.
Los indígenas ecuatorianos lograron en los últimos ocho años poner sobre la mesa de debate la cuestión de la plurinacionalidad del país y, al respecto, han obtenido importantes logros.
La nueva Constitución reconoció los derechos colectivos de los pueblos aborígenes y el carácter pluriétnico y multicultural del país.
También se obtuvo el reconocimiento del derecho a la práctica de la medicina indígena, cuyo desarrollo debe ser apoyada por el Estado, según una cláusula constitucional.
"Hasta que fueron reconocidas las reformas constitucionales, nuestros yachags o chamanes eran perseguidos e iban a la cárcel, ahora ya no. De hecho, hay que establecer normas, porque deben ser controlados los abusos de gente no indígena que dice manejar nuestra medicina", advirtió Pacari.
Paralelamente a la reforma constitucional se dio aprobación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.
Ese convenio fue votado por la legislatura anterior como fruto de una ardua labor del diputado indígena Miguel Lluco, y significó un avance importante para los aborígenes, pues dio base jurídica a sus reclamos.
"Ahora queda claro que los jueces que tratan infracciones cometidas por indígenas tienen la obligación de acudir a normas, costumbres y la cultura indígena para que sirva de atenuante a la hora de sentenciar", dijo Pacari.
"Además, se reconoce que nuestros pueblos pueden, a través de sus autoridades, ejercer atribuciones jurisdiccionales, resolver conflictos, administrar justicia en base a nuestra tradición. Así se está reconociendo el ejercicio simultáneo del derecho indígena", observó.
También destacó la necesidad de armonizar leyes y establecer niveles de competencia para evitar contradicciones entre las tradiciones indígenas y las normas de carácter nacional.
La aprobación del convenio de la OIT consagra así mismo el uso oficial de las lenguas indígenas. Si un indígena que pretende realizar algún trámite en oficinas públicas no habla castellano, tiene el derecho a ser atendido en su propio idioma.
Pacari confía en que la participación de las mujeres y de los indígenas en los poderes del Estado siga en aumento.
"Un Estado que admita esa participación se irá transformando en plurinacional, y será mucho más equitativo", afirmó. (FIN/IPS/kl/ff/ip dv/00
