Un juez español procesó hoy a un ex presidente constitucional, dos ex dictadores y dos ex ministros de Guatemala por los delitos de genocidio, torturas, terrorismo, asesinato y detención ilegal, a raíz de una denuncia presentada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
El juez Guillermo Ruiz Polanco puntualizó que parte de los delitos se cometieron en la embajada española en Guatemala, "esto es, en España", y que con su decisión no pretende eludir "la jurisdicción territorial primigenia" del país centroamericano.
La decisión fue adoptada contra la posición de la Fiscalía, para la cual lo sucedido en Guatemala se enmarca en "un conflicto armado interno", y que apeló la resolución de este lunes.
El juez replicó que esa afirmación está aún pendiente de prueba. "Los hechos denunciados ostentan la luminosa apariencia de genocidas. Y ello es suficiente por ahora", sostuvo en autos.
La Fiscalía también se opuso, desde 1996, a que se concretaran los procesos iniciados ante los jueces Manuel García Castellón y Baltasar Garzón contra las dictaduras del Cono Sur de América Latina.
Pero una instancia superior, la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo de Justicia, falló a favor de la competencia del Poder Judicial español en esos crímenes. El proceso tuvo entre sus consecuencias una larga detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, cuya extradición a España finalmente se frustró.
La denuncia presentada el 2 de diciembre de 1999 por Menchú sobre los hechos ocurridos en la embajada de España en Guatemala en enero de 1980 refuerza la jurisdicción española, según el juez Ruiz Polanco.
En aquella oportunidad, la policía guatemalteca rodeó la embajada, donde estaban refugiados medio centenar de indígenas, la atacó e incendió, provocando la muerte de 37 personas. Entre los asesinados figuran un diplomático español, Francisco Ruiz del Arbol y el padre de Rigoberta Menchú.
El embajador Máximo Cajal, quien estaba entonces a cargo de la representación en Guatemala y que resultó herido durante el ataque, fue citado por el juez y será uno de los primeros testigos en declarar, a comienzos de abril.
Además del caso de la embajada, Ruiz Polanco abrió diligencias por otros dos. Uno de ellos es la persecución sufrida por la familia Menchú, ya que además del padre, dos hermanos fueron asesinados y su madre torturada en fechas diversas.
El otro responde al asesinato de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonso Fernández y Carlos Pérez Alonso.
Los hechos sujetos a investigación ocurrieron entre 1962 y 1996, año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de Guatemala. Las negociaciones comenzaron en Madrid en 1987, con la intermediación del gobierno español, presidido entonces por el socialista Felipe González.
Ruiz Polanco dirige su instrucción contra ocho personas, entre ellas Fernando Romeo Lucas, ex presidente constitucional de Guatemala hoy residente en Venezuela.
También están acusados dos ex presidentes que accedieron al poder mediante golpe de Estado, los generales Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejías, y los ex ministros de Defensa, Angel Aníbal Guevara, y de Gobernación (Interior), Donaldo Alvarez.
El juez reconoció "la jurisdicción territorial primigenia" de Guatemala, pero añadió que ella no es excluyente, ya que "en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz debe ser suplida por tribunales que —como los españoles— sostienen la persecución universal de los delitos contra los derechos humanos".
El paso de 20 años sin que hayan sido juzgados los responsables de la agresión a la embajada española es suficiente para que se dude de la eficacia y honradez de la justicia guatemalteca.
Basándose en ese precedente, Ruiz Polanco dijo en su resolución que no aceptar el inicio del juicio en su juzgado "no sería otra cosa que una alcahuetería imperdonable y prevaricadora".
El juez puntualizó que "no cabe presumir que la petición de justicia a los tribunales españoles se haga por los denunciantes por razón de capricho o frivolidad".
"Pese a las grandes palabras, las reticencias de los Estados en la materia que nos ocupa obligan a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, a sus herederos, a sus familias y a quienes representan el sufrimiento de todos ellos, a un costoso peregrinaje judicial internacional", agregó.
Estas largas gestiones son determinadas "por la pasividad — cuando no la complicidad— de los jueces llamados en primer lugar a asumir el principio de territorialidad".
Aunque dijo no tener dudas de que los jueces guatemaltecos son quienes deberían investigar los hechos denunciados, Ruiz Polanco señaló que cuando se abstienen de hacerlo "mal puede el Estado en cuyo territorio se ejecutaron hechos constitutivos de delito de persecución universal aducir injerencias en su soberanía".
Los tribunales españoles, al asumir esta investigación, "lejos de invadir soberanías ajenas hacen valer la propia en función de la preservación de intereses comunes de la humanidad civilizada", concluyó. (FIN/IPS/af/mj/hd/00
