Al menos 50 personas, entre policías, guerrilleros y civiles, murieron en Colombia a causa de ataques de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra siete localidades.
El enfrentamiento más importante se registró el sábado en Vigía del Fuerte, en el departamento de Antioquia, al noroeste del país, en el que resultaron muertos 21 policías y ocho civiles, entre ellos dos menores y el alcalde, Pastor Perea.
El jefe de comunicaciones del ejército, mayor Oscar Anzola, dijo este lunes a la emisora Radionet que los insurgentes incineraron a varios agentes policiales, en una acción "que causó estupor entre los habitantes de la localidad".
Por su parte, el comandante de las fuerzas armadas, general Fernando Tapias, responsabilizó directamente a Iván Márquez, uno de los jefes de las FARC, de planificar la agresión armada contra un lugar que "estaba en la totalidad indefensión".
Tapias anunció que denunciará a los rebeles ante organizaciones internacionales de derechos humanos por este hecho, que calificó de "terrorista y demencial contra campesinos indefensos, a los que se le destruyeron sus viviendas y causaron la muerte mientras dormían".
Informó, además, que la estación de policía y varias casas fueron destruídas con bombas fabricadas con cilindros de gas, granadas y otros explosivos.
Este ataque también fue condenado por el presidente de la Asociación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, quien precisó que Perea es el cuarto alcalde asesinado por grupos armados irregulares en lo que va del año.
Toro dijo a IPS que los atentados contra jefes de gobierno municipales constituyen también un ataque contra la democracia, ya que esos cargos son elegidos de manera libre por la ciudadanía.
Indicó que "es increíble como se complica la situación" y destacó que los más afectados por la guerra civil son los municipios más pobres y alejados de las grandes ciudades.
Vigía del Fuerte, una de las zonas más pobres de Antioquia, tiene cerca de 1.200 habitantes en su centro urbano y sólo es posible llegar al lugar por vía aérea o navegando por el río Atrato, lo cual dificultó la llegada del ejército, que sólo este lunes pudo asumir el control de la localidad.
El ataque de los rebeldes fue atribuido por una fuente que pidió el anonimato a represalias de la guerrilla contra sectores acusados de ayudar a los paramilitares de derecha.
A su vez, la localidad de Bellavista, ubicada en la margen izquierda del río Atrato y frente a Vigía del Fuerte, también fue víctima este domingo de la acción de presuntos guerrilleros, que dejaron como saldo dos agentes de policía muertos.
En otros ataques a cinco municipios atribuidos a las FARC, la principal fuerza guerrillera de Colombia, y al ELN, el segundo en importancia, murieron unas 20 personas, entre ellas seis insurgentes.
Estas acciones armadas de las FARC, que negocian la paz con el gobierno de Andrés Pastrana, fueron condenadas por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, que piden el cese del fuego.
A pesar de que "la dinámica del proceso de negociación con las FARC contempla la negociación en medio de la guerra", sería conveniente que la guerrilla atendiera "este clamor nacional (de cese del fuego), cuando el objetivo termina siendo la población civil", dijo el ministro de Interior, Néstor Martínez.
El funcionario agregó que estos hechos "profundizan más la guerra" y se constituyen en una gran contradicción "cuando se apartan de los dictados del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Los grupos guerrilleros y los paramilitares de derecha fueron señalados como los principales responsables de las violaciones de los derechos básicos en Colombia en el informe a la Comisión Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la 56 sesión que realiza en Ginebra.
En 1999 murieron 1.865 personas en masacres ocurridas en distintas partes de Colombia, 900 de ellas a manos de paramilitares, señaló un documento de la Defensoría del Pueblo (ombudsman). (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
