La decisión de la justicia estadounidense de continuar la investigación del asesinato en Washington del ex canciller de Chile Orlando Letelier y su secretaria, en 1976, podría llevar a involucrar en el crimen al ex dictador Augusto Pinochet, dijo el abogado y diputado socialista Juan Bustos.
La Corte Distrital de Columbia, a cargo de la causa por el doble asesinato cometido con una bomba puesta en el automóvil en que viajaban las víctimas el 21 de septiembre de 1976, pidió el miércoles a la justicia chilena interrogar a 46 ex funcionarios y colaboradores de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
En la nómina figuran antiguos directivos y agentes de la policía secreta del régimen militar, así como ex ministros que también aparecen en la lista de "extraditables" del juez español Baltasar Garzón.
El pedido que la justicia estadounidense envió mediante exhorto (escrito diplomático) a la Corte Suprema de Justicia en Chile fue conocido este martes y causó alguna sorpresa en círculos políticos y judiciales y entre los propios afectados.
Para la justicia chilena el "caso Letelier" es "cosa juzgada", luego de que el 30 de mayo de 1995 la Corte Suprema condenara a prisión a los dos principales acusados como instigadores del asesinato.
El general retirado del Ejército Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue condenado a siete años de presidio, y su segundo en ese organismo represivo, el brigadier retirado Pedro Espinoza, a seis años.
El hecho de que en el atentado cometido por agentes de la DINA y anticastristas cubanos hubiera muerto la secretaria de Letelier, Ronnie Moffit, ciudadana de Estados Unidos, mantiene abierto el caso en ese país, explicó Bustos, representante de la viuda y los hijos de Letelier.
En 1978 la Corte Suprema de Chile rechazó la extradición a Estados Unidos de Contreras, Espinoza y del capitán Armando Fernández, también agente de la DINA, aunque luego éste colaboró con la justicia estadounidense bajo el sistema de protección de testigos.
Lo mismo hizo el estadounidense Michael Townley, también agente del organismo represivo y fabricante de la bomba que hizo estallar el automóvil en que circulaban Letelier y Moffit, entregado en 1978 a Estados Unidos por la dictadura.
A la reapertura del caso Letelier en la Washington contribuyó la desclasificación (revelación pública) de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Estados y otros organismos gubernamentales de Estados Unidos.
También se habrían allegado antecedentes aportados por el juez Garzón, quien investiga desde 1996 crímenes contra la humanidad cometidos por las antiguas dictaduras de Chile y Argentina (1976- 1983).
El magistrado español comenzó haciéndose cargo de acusaciones contra los ex dictadores argentinos, pero amplió la causa a Pinochet y sus colaboradores en el marco de la Operación Cóndor, que coordinó aparatos represivos en Sudamérica en las décadas de los años 70 y 80.
Garzón logró el 16 de octubre de 1998 que la justicia británica arrestara en Londres a Pinochet y luego que España pidiera la extradición del ex dictador chileno de 84 años, quien, sin embargo, fue liberado hace 13 días por razones humanitarias, debido a su supuesto mal estado de salud.
Bustos señaló que con los testimonios pedidos por la justicia estadounidense se busca aclarar si los ex funcionarios y agentes dictatoriales tuvieron conocimiento de la forma en que se preparó el asesinato de Letelier y Moffit y su posterior encubrimiento.
A través de este procedimiento se podrían establecer responsabilidades no sólo de algunos de los requeridos, sino del propio Pinochet, quien goza de inmunidad en Chile por su cargo de senador vitalicio.
El ex dictador podría ser despojado de ese privilegio si la Corte de Apelaciones de Santiago acoge una solicitud de desafuero hecha por el juez Juan Guzmán, quien investiga 74 querellas criminales presentadas en Chile contra Pinochet.
Soledad Alvear, ministra de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno de Ricardo Lagos, que comenzó el sábado, y ministra de Justicia de la anterior administración de Eduardo Frei, dijo que las autoridades garantizan la independencia del Poder Judicial chileno para resolver sobre el exhorto estadounidense.
Joaquín Billard, titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, está a cargo de tramitar ahora los exhortos para que cada uno de los identificados por la justicia estadounidense preste su declaración desde Chile.
Entre las 46 personas que la Corte Distrital de Columbia quiere interrogar figuran cuatro ya fallecidas.
Se trata del ex comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh, el ex ministro y general Raúl Bejares, el general de la policía de Carabineros Rigoberto González y el ex senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por un comando de extrema izquierda.
Entre los requeridos están Contreras y Espinoza, así como otros jefes de la DINA y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), ex altos mandos del Ejército y varios ex ministros de la dictadura, así como Sergio Rillón, principal consejero de Pinochet.
Figura igualmente el general retirado Raúl Iturriaga, actualmente detenido, cuya extradición es reclamada por Italia, que lo condenó en rebeldía a 18 años de prisión por el atentado cometido en Roma en 1975 contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno.
Entre los ministros de Pinochet aparece la ex ministra de Justicia y Educación Mónica Madariaga, quien está también en la nómina de ex funcionarios dictatoriales cuya detención podría ser solicitada por Garzón si viajan fuera de Chile.
A comienzos de este mes, Madariaga presentó en los tribunales chilenos una querella contra el presidente de Cuba, Fidel Castro, por su supuesta complicidad en el asesinato del general Carol Urzúa, realizado en 1982 en Santiago.
Esta acción fue considerada una réplica de la derecha chilena ante el prolongado arresto de 503 días de Pinochet en Londres. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/00
