El jefe del ejército de Argentina, general Ricardo Brinzoni, calificó de "aberrante" e "imperdonable" el secuestro de niñas y niños durante la última dictadura militar (1976-1983) y manifestó su deseo de que los familiares encuentren a esos jóvenes.
Brinzoni -uno de los pocos oficiales que se opuso por escrito al golpe de Estado de 1976 y a la represión ilegal que le siguió- se hizo cargo en diciembre de la jefatura del Estado Mayor del ejército en reemplazo del general Martín Balza.
Balza fue autor de una histórica autocrítica del ejército por su responsabilidad en los secuestros, torturas y desapariciones que perpetró el régimen militar.
Los dos últimos jefes se inscriben en una línea de sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil y en una transformación que apunta básicamente a lograr una instrucción profesional de los militares, una estructura más pequeña pero más eficiente, y el reemplazo del recelo por la colaboración con los países vecinos.
Desde el comienzo de su gestión, Brinzoni adoptó una serie de medidas que provocaron malestar en algunos sectores del ejército, como la disolución de la jefatura de Inteligencia -un símbolo de la represión clandestina-, y el despido de unos 500 civiles que allí se desempeñaban.
Este mes instruyó a las 300 dependencias de la fuerza en todo el país a suspender su rutina para buscar documentación vinculada con el período dictatorial, a fin de colaborar con la justicia en las causas que se siguen por desaparición forzada de personas.
"Yo creo que en el ejército no hay documentación, pero puede haber recuerdos de muchos que participaron en la toma de decisiones y en la asunción de responsabilidades, y eso está dentro de la conciencia individual de cada uno", dijo Brinzoni.
El jefe militar propuso crear un "foro de discusión" o "lugares de reunión y conversación para, entre todos, cerrar heridas en lo que se pueda, respetando el dolor legítimo de tantísima gente".
La justicia federal lleva varias causas paralelas. En una de ellas se intenta averiguar el destino de los desaparecidos, aunque sólo para conocer la verdad, dado que los responsables de esos hechos fueron amnistiados, y en otra, se investiga el paradero de niñas y niños secuestrados o nacidos durante el cautiverio de sus padres.
La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo calcula que unos 500 menores fueron secuestrados y se alteró su identidad. Poco más de 60 fueron localizados e identificados por esa misma asociación, y devueltos a su familia.
Las Abuelas consideran que hubo un plan sistemático para proceder con los menores, y esa causa permitió procesar a comandantes de la dictadura como -entre otros- el ex general Jorge Videla o el ex almirante Eduardo Massera, quienes permanecen en situación de arresto domiciliario.
La justicia ordenó en reiteradas oportunidades que se rastree y entregue toda la documentación existente sobre el período en cuestión, pero durante la gestión de Balza, el resultado siempre fue negativo.
Balza señaló que, pocos días antes de la restauración de la democracia, en 1983, el general Cristino Nicolaides, entonces jefe del ejército, ordenó "incinerar" todos los documentos vinculados a lo que en términos castrenses se conoce como "lucha antisubversiva".
No obstante, Brinzoni dispuso la semana pasada una nueva búsqueda y fueron hallados algunos materiales que aún deben ser analizados por la justicia. Pero al margen de los libros detectados, se supo que en el día dispuesto para la búsqueda también fueron destruidos algunos documentos.
El general reconoció el lunes que se destruyó material, pero aseguró que se trataba de papeles sin vinculación con los tiempos de la dictadura. "Acepto que no fue oportuno hacerlo ese día, pero como en una casa, cuando se buscan papeles, se aprovecha también a hacer limpieza de armarios", justificó.
Brinzoni negó veracidad a la versión del diario Clarín que, basado en fuentes anónimas de inteligencia del ejército, afirmó que la documentación descartada incluía carpetas con fotografías de personas desaparecidas y un manual donde se explicaba como romperle el brazo a un detenido.
El jefe del ejército consideró que esa versión debió haber llegado a la prensa por "algunos de los hombres de esta fuerza que puedan estar molestos" porque no percibieron sus haberes en tiempo, debido a dificultades presupuestarias, "pero no es una información real", aseguró.
Brinzoni, que ordenó de todos modos la intervención de un juez militar para investigar el contenido del material destruído, dijo haber recibido la semana pasada un mensaje anónimo intimidatorio para advertirle que comenzará una campaña de difusión de datos confidenciales del ejército en medios de prensa.
"Ese anónimo fue remitido a la fiscalía federal, pero parece estar ligado al ajuste que realizamos en inteligencia militar, a fin de que la responsabilidad de esa área pase al Estado Mayor Conjunto", afirmó Brinzoni, para vincular esa amenaza a la información llegada a la prensa.
En cuanto a los casos de supresión de identidad de menores secuestrados, Brinzoni se refirió a ellos como "robo de bebés", como lo llama, dijo, "el común de la gente, entre quienes me incluyo".
"Es una cuestión imperdonable, que uno no comparte de ninguna manera", añadió. "Siempre dijimos que esa era una cosa aberrante y ojalá que los familiares que buscan a hijos o nietos puedan encontrarlos".
Por último, dijo que, a su juicio, no se trató de un plan sistemático para proceder con los menores secuestrados o nacidos en cautiverio, pero aclaró que aceptará el fallo de la justicia, aunque contradiga su opinión. (FIN/IPS/mv/ff/hd ip/00
