Las inundaciones de diciembre, las peor catástrofe natural de la historia de Venezuela, acumula un saldo inédito para este país de destrucción, damnificados, desaparecidos y muertos, que parece difícil de borrar.
Los venezolanos aún carecen de estimaciones oficiales sobre el número de muertos o desaparecidos por la catástrofe, y lo único disponible son un puñado de estimaciones según las cuales entre 10.000 y 30.000 personas perdieron la vida sepultados por aludes.
"Conocer la verdad sobre lo ocurrido no sólo es importante para las familias de fallecidos o desaparecidos. También es fundamental para la memoria colectiva", dijo a IPS Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), una organización de derechos humanos con sede en Caracas.
Las lluvias "atípicas" atribuidas al fenómeno climatológico de La Niña provocaron inundaciones y deslizamientos en diversas localidades del norte de Venezuela el 16 de diciembre, causando daños por 3.240 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Los daños más severos ocurrieron en el estado costero de Vargas, unos 40 kilómetros al norte de la capital, donde la geografía fue alterada por avalanchas que arrastraron viviendas y se precipitaron sobre el mar, sepultando para siempre a un gran número de personas.
Desde el comienzo de la emergencia, este país fue escenario de dolorosas escenas de personas que buscaban a sus familiares con fotos y llamados a través de los medios de comunicación. Aunque la tragedia ya dejó de ser noticia de primera página, esa búsqueda desesperada continúa.
La inexistencia de información oficial es evidente. Ni en la Defensa Civil ni en el Fondo Unico Social encargado de atender a los damnificados existen estimaciones sobre el total de desaparecidos, aun cuando ya pasaron casi 90 días desde el desastre.
Algunas autoridades que atendieron la emergencia plantearon que el número real de víctimas no se conocerá jamás, mientras se manejaba la propuesta, incluso enunciada por el presidente Hugo Chávez, de declarar camposanto algunas de las acumulaciones de lodo de Vargas.
Cofavic, que nació para precisar las responsabilidades por muertes y desapariciones en la represión de los distubios del 27 de febrero de 1989 ("Caracazo"), planteó días después de la tragedia la necesidad de hacer lo posible por recopilar información de las víctimas, y por evitar la creación de fosas comunes.
Ortega dijo este miércoles que hasta ahora no han recibido ninguna respuesta a su petición por parte de la fiscalía general, y reiteró que la información sobre fallecidos y damnificados es importante para los derechos humanos de sus familiares.
Pese a las estimaciones que hablan de miles y miles de personas que perdieron la vida en el estado de Vargas, una magnitud que no es negada por las autoridades, las cifras oficiales han sido incompletas.
El 7 de marzo un informe de médicos forenses publicado por el matutino El Universal hablaba de 505 cadáveres registrados como consecuencia de la catástrofe.
En medio de la emergencia se llegó a mencionar la cifra de 7.000 desaparecidos, aunque Defensa Civil comentó que muchas de esas personas "aparecieron" posteriormente. Pero, según informó el diario El Nacional el 6 de febrero, en un acto del Fondo Unico Social se publicó una lista con 14.000 desaparecidos.
Otro de los dramas humanos legados por la tragedia es el de los niños. Defensa Civil informó el 5 de marzo que 96 menores rescatados durante la emergencia aún esperan por la aparición de sus padres u otros familiares.
También hay al menos 50 familias que buscan a sus hijos. Entre estos casos figuran niños cuyos padres lograron alguna información sobre su paradero pero luego les perdieron el rastro.
El Instituto Nacional del Menor ya ha admitido la posibilidad de que algunos de estos niños hayan sido recogidos por otras personas en medio de la emergencia.
El legado de la catástrofe natural también incluye a 78.000 personas damnificadas, albergadas en refugios a la espera de un destino, después que sus casas fueron barridas por la naturaleza, a los cuales se debe añadir un número impreciso de personas alojadas en casas de familiares.
Y además incluye el complejo desafío de la reconstrucción.
El funcionario nombrado por el gobierno para dirigir la reconstrucción de Vargas, Carlos Genatios, admitió esta semana que aún no hay proyectos concretos de reconstrucción, porque es necesario completar primero las evaluaciones ambientales para incluir mecanismos de prevención que impidan desastres futuros.
La actividad del Estado se ha concentrado hasta ahora en atender la emergencia y luego en rehabilitar las zonas afectadas, pero ha sido difícil restaurar los servicios básicos debido a las dimensiones de la destrucción, y numerosas zonas del litoral de Vargas aún carecen de energía eléctrica, agua potable y cloacas.
Se estima que la reconstrucción demandará una inversión multimillonaria, para la cual el gobierno venezolano espera contar con fuentes externas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó que el desastre natural moderará el crecimiento económico de este país.
Cepal pronostica para 2000 un crecimiento de la economía venezolana de dos por ciento, 0,2 puntos porcentuales menor a la previsión inicial. (FIN/IPS/lc/mj/dv en/00
