La pugna entre ecologistas, indígenas, empresarios y autoridades por la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco es otro de los conflictos que espera al futuro presidente de Chile, Ricardo Lagos.
El actual mandatario, Eduardo Frei, entregará el cargo a Lagos dentro de tres semanas, sin haber resuelto el problema planteado por la empresa hispano-chilena Endesa, que el viernes anunció la paralización de las obras de la polémica central.
En una decisión duramente criticada por los ambientalistas, Frei otorgó en enero la concesión eléctrica para dar la luz verde final a la construcción de Ralco, pero la Contraloría General de la República objetó el respectivo decreto gubernamental.
Esta fue la razón aducida públicamente por Endesa para detener las obras del embalse de la central en el curso superior del río Bío-bio, el más importante de Chile, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
La paralización de las obras de Ralco dejará sin empleo a 1.400 trabajadores y podría repercutir en un aumento de las tarifas eléctricas para el público, ya que alterará los planes oficiales de producción de energía desde 2003.
Ralco ha tenido una accidentada historia desde que Endesa anunció en 1994 la decisión de construir esta central, rechazada por organizaciones ambientalistas y por un sector de los indígenas pehuenches que habitan en el Alto Bío-bio.
El ministro de Economía, Jorge Leiva, y el abogado Roberto Celedón, que representa a familias pehuenches contrarias al proyecto, informaron este lunes que las objeciones de la Contraloría responden a que están pendientes varias diligencias judiciales.
Existen por lo menos tres recursos de protección presentados contra Endesa en los tribunales chilenos, además de la demanda por etnocidio entablada contra su matriz, Endesa-España, en 1999 en la justicia de Madrid.
El presidente Frei, firme partidario de la construcción de Ralco, no podrá ver materializada la concesión eléctrica para la central en las tres semanas que le restan de mandato y el problema será, entonces, heredado por Lagos.
Frei, demócratacristiano, y Lagos, socialista, pertenecen a la misma coalición política, la Concertación por la Democracia, pero es probable que el nuevo mandatario sea más receptivo a la oposición a Ralco de ambientalistas e indígenas.
El mandatario saliente insistió el domingo en que Chile debe continuar y reforzar la política de producción de energía sobre la base de la hidroelectricidad, en tanto el país carece de yacimientos propios de petróleo y gas natural.
Ralco es la central más grande proyectada en le historia de Chile, con un potencial de producción de 570 megawatts, que aumentarían 18 por ciento la actual oferta de energía eléctrica cuando entre en operaciones en 2003.
El embalse de la central, en el curso cordillerano del río Bío- bio, con un muro de 155 metros de altura, tendría una capacidad de 1.222 millones de metros cúbicos de agua e inundaría 3.467 hectáreas de tierras.
En el área del embalse habitan 91 familias pehuenches, de las cuales 80 aceptaron permutar sus tierras por otras propiedades que les ofreció Endesa, mientras una decena de grupos familiares indígenas se niega a abandonar sus territorios ancestrales.
El Grupo de Acción por el Bío-bio (GABB), una red de organizaciones ambientalistas, indígenas y sociales, sostiene que la construcción de Ralco significará un ecocidio, al destruir un ecosistema fluvial único en el mundo.
El GABB también sostiene que el proyecto es un etnocidio, en tanto destruirá el habitat cultural de los pehuenches, una rama de la etnia mapuche, y acusa a Endesa de haber obtenido los acuerdos de permutas de tierras mediante engaños.
Cristián Opazo, dirigente del GABB, advirtió que el anuncio de Endesa de paralización de las obras de Ralco puede constituir una presión sobre las autoridades para obtener definitivamente las concesiones.
Opazo acusó a Frei de no haber actuado en este conflicto como presidente de Chile, sino "como un empresario del sector eléctrico" y planteó que lo más adecuado es poner fin ahora a Ralco, por ser "un proyecto inviable legal y políticamente".
Los ambientalistas sostienen que la oferta eléctrica se puede incrementar al ritmo de aumento de la demanda en el país mediante centrales térmicas a gas natural, combustible que desde 1998 llega en abundancia por gasoductos desde Argentina.
En el gobierno y las Fuerzas Armadas existe resistencia a que la generación eléctrica dependa de un insumo importado desde Argentina, mientras el presidente Frei advierte los problemas que para la termoelectricidad representa el alto precio del petróleo.
Pero en rigor tampoco la hidroelectricidad da plenas garantías a la seguridad nacional, como quedó demostrado con la crisis eléctrica que afectó a Chile entre fines de 1998 y comienzos de 1999 como consecuencia de una prolongada sequía.
En el conflicto de Ralco, los factores ambientales y étnicos aparecen en pugna con una política energética que, según los grupos ecologistas, es necesario revisar desde sus fundamentos para desarrollar efectivamente fuentes alternativas.
Los ambientalistas demandan también la revisión de las concesiones de aguas (explotación de los caudales de ríos) que la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) otorgó en 1987 a Endesa, cuando esa antigua empresa estatal fue privatizada.
En torno de Endesa se gestó el consorcio Enersis, que a comienzos de 1999 pasó a ser controlado por Endesa-España mediante la adquisición de un paquete mayoritario de acciones. (FIN/IPS/ggr/mj/en/00
