Unos 9.500 empleados públicos serán despedidos este año en Bolivia por efecto de la racionalización del gasto y la privatización de empresas del Estado.
Se trata del personal del que prescindirán la administración central, los gobiernos municipales y departamentales y las empresas públicas que pasarán al área privada.
Funcionarios del gobierno expresaron este jueves su esperanza en que las empresas privadas, y en particular la industria, absorban a los trabajadores que perderán su empleo en el sector público. Pero la respuesta inmediata de los aludidos fue un rotundo "no".
"La industria no puede absorber a esos trabajadores ahora. Estamos en una coyuntura difícil. Las industrias luchan para sobrevivir y no podrían absorber mayor cantidad de gente, salvo casos excepcionales de personal calificado", advirtió Roberto Mustafá, presidente de la Cámara de Industrias.
Mustafá señaló que los industriales podrían verse también obligados a prescindir de algunos trabajadores, a causa de la recesión económica.
El despido de empleados públicos fue anunciado el miércoles por el presidente Hugo Banzer y el ministro de Hacienda, Herbert Müller.
"Si queremos una Bolivia mejor, tenemos que reducir el aparato administrativo y dar cabida a los bolivianos al trabajo productivo", dijo Banzer en una reunión con los líderes de los partidos que apoyan su gobierno.
Müller, por su parte, dijo que el gobierno impulsa el redimensionamiento y la renovación del Estado, para volverlo más pequeño y moderno, y que en función de ese proyecto se prescindirá este año de 9.500 empleados.
Mientras, la actividad privada se redujo a causa de la recesión, al extremo de que 50.000 trabajadores fueron despedidos el año pasado, según información del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Trabajo.
La crisis económica se traduce en el estancamiento de la producción y la caída de los ingresos por exportaciones y de las ventas al consumo.
El Instituto Nacional de Estadística sitúa el desempleo global en 15 por ciento de la población económicamente activa, pero organizaciones no gubernamentales (ONG) lo elevan a 30 por ciento.
Las ONG señalaron que la destrucción de 50.000 puestos de trabajo en el área privada se refiere sólo a las empresas legalmente establecidas, y deja al margen el mercado laboral informal, que según las estadísticas concentra 65 por ciento del empleo urbano.
El anuncio de despidos en el sector público se conoció cuando varias instituciones nacionales señalan la generación de empleo permanente como la principal tarea para el gobierno en el año que comienza.
La Iglesia Católica considera que si bien se ha logrado la estabilidad de precios, persisten factores adversos al desarrollo.
"Hay estabilidad, pero tiene un alto costo social. Faltan empleos y no hay credibilidad para las inversiones", dijo Jesús Juárez, secretario general de la Conferencia Episcopal católica.
Milton Gómez, máximo dirigente de la Central Obrera Bolivia, urgió a los gobernantes a destinar todos los recursos del Estado a la creación de fuentes de trabajo permanente.
En cuanto a los empresarios, afirman que sólo el crecimiento de la economía puede habilitar la generación de empleo.
"No estamos para tener otro año con un crecimiento inferior a uno por ciento, como en 1999. O se encara de una vez el crecimiento de la economía o nos vamos todos al diablo", declaró Alejandro Yaffar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. (FIN/IPS/ac/ff/lb/00
