El grupo británico defensor de los derechos humanos Tapol lanzó el miércoles una campaña mundial por la creación de un tribunal internacional que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental.
Indonesia desea que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos le permitan completar su propia investigación de los abusos cometidos contra timorenses, pero Tapol advirtió que Yakarta podría evitar que generales de su ejército comparezcan ante la justicia por esos delitos.
La iniciativa se inscribe en el marco de las potestades del Tribunal Penal Internacional cuya creación acordaron 91 países en Roma, en julio de 1998.
"Un proyecto de ley que se presentará en Indonesia para crear un tribunal de derechos humanos busca proteger a los generales de ese país, para que no comparezcan ante la justicia por horrendos crímenes contra la humanidad cometidos en los últimos meses de la ocupación indonesia de Timor Oriental", afirmó Tapol en una declaración.
Milicias apoyadas por el ejército indonesio sembraron el terror en Timor Oriental luego del referendo de autodeterminación que se realizó el 30 de agosto del año pasado bajo supervisión de la ONU, y en el cual la amplia mayoría de los timorenses optaron por la independencia.
La acción de las milicias causó la muerte de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles al vecino Timor Occidental.
Los milicianos siguen intimidando a los refugiados para evitar que regresen a Timor Oriental, afirmaron funcionarios de la ONU.
A mediados de septiembre, el entonces presidente de Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, decretó la creación de un tribunal de derechos humanos para adelantarse a cualquier intento de la ONU de establecer un tribunal internacional.
El decreto ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia establecer de una Comisión para Investigar Violaciones a los Derechos Humanos en Timor Oriental (KPP-HAM).
Dos equipos visitaron Timor Oriental y Timor Occidental en busca de pruebas para juzgar a seis generales del ejército indonesio y a otros integrantes del ejército y la policía por la campaña sistemática de destrucción y violencia contra los timorenses.
Sin embargo, Tapol afirma que el trabajo de la KPP-HAM durante los últimos cuatro meses podría ser ignorado si el actual gobierno indonesio de Abdurrahman Wahid, quien fue elegido el 20 de octubre, aprueba una nueva ley para crear un tribunal de derechos humanos, sustitutiva del decreto de Habibie.
"El proyecto de ley (de Wahid) está formulado de manera que impide que todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Timor Oriental sean llevadas ante el nuevo tribunal de derechos humanos, el cual no actuará con retroactividad", dijo Carmel Budiardjo, director de Tapol.
El artículo 32 de ese proyecto estipula que "los casos de violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron antes de la creación del (nuevo) Tribunal de Derechos Humanos serán manejados por una Comisión de Verdad y Reconciliación (TRC)".
"Aún no se sabe nada acerca de las características que piensa dar el gobierno a esa TRC, pero quienes buscan justicia y asunción de responsabilidades no pueden aceptar a una comisión de verdad como alternativa a un tribunal constituido en forma adecuada", afirmó Budiardjo.
"¿Qué pasará con los casos en que la TRC no esté satisfecha con las explicaciones que reciba de un violador de los derechos humanos?", preguntó.
"El dilema legal es que la TRC tiene facultades retroactivas, pero el tribunal de derechos humanos (que se propone en el nuevo proyecto) no", explicó.
"La TRC no podrá trasladar casos al nuevo tribunal de derechos humanos, porque este último carecerá de poderes retroactivos. No importa lo que las personas digan ante la TRC, estarán seguras al saber que no se las puede enviar al tribunal para ser juzgadas", señaló.
"Todo el compromiso y trabajo arduo de la KPP-HAM serán dejados de lado si los sospechosos de crímenes contra la humanidad en Timor Oriental no son llevados ante un tribunal adecuado, con poderes apropiados para emitir veredictos", agregó.
"A falta de una señal de que Yakarta está dispuesta a crear un tribunal de derechos humanos con poderes para juzgar graves delitos recientes en Timor Oriental y en cualquier otra parte, la comunidad internacional debería presionar para que un tribunal internacional sea establecido, con o sin consentimiento del gobierno indonesio", alegó.
El 19 de enero, el canciller indonesio Alwi Shihab se reunió con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y explicó la oposición de Indonesia a un tribunal internacional para Timor Oriental.
Shihab dijo a Annan que debe darse a la KPP-HAM autoridad para manejar la cuestión de la responsabilidad por los crímenes cometidos en Timor Oriental, sin interferencias de ninguna institución, "incluyendo a la ONU".
El canciller también se reunió en la ONU con representantes de varios países, incluyendo a algunos que son miembros del Consejo de Seguridad del foro mundial. Shihab se entrevistó con diplomáticos de China, Portugal, Rusia y naciones de Medio Oriente y Asia, entre otros.
Según la agencia de noticias oficial de Indonesia, Antara, Shihab admitió que no podía ser "cien por ciento optimista" respecto de que Annan respalde la oposición indonesia al tribunal internacional.
"Es probable que Annan no tenga autoridad para decidir sobre esa cuestión por sí mismo. Sin embargo, creo que considerará mi argumentos, así como la opinión de unos 20 representantes de miembros de la ONU", declaró.
El canciller indonesio dijo en un discurso pronunciado en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Washington, tras una reunión con la secretaria de Estado de estadounidense, Madeleine Albright, que "un tribunal internacional" sobre Timor Oriental "podría ser contraproducente".
La creación de ese tribunal "dispararía la xenofobia o un sentimiento de nacionalismo excesivo, y en consecuencia quienes violaron los derechos humanos podrían envolverse en banderas", arguyó.
Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que su país desea que se establezcan responsabilidades. "No adherimos a un mecanismo en particular, pero seguimos teniendo el objetivo de que exista un mecanismo minucioso, creíble y transparente", explicó.
Tres relatores especiales de la ONU urgieron al Consejo de Seguridad a considerar el establecimiento de un tribunal penal internacional para Timor Oriental, tras visitar el territorio, en un informe divulgado en Nueva York en diciembre.
"Sería preferible que esto se haga con consentimiento del gobierno (de Indonesia), pero eso no debería ser un prerrequisito", señalaron.
"El tribunal debería tener jurisdicción sobre todos los crímenes definidos por normas internacionales, cometidos por cualquier parte en el territorio desde la partida de la potencia colonial (Portugal, en 1975, cuando las fuerzas armadas indonesias invadieron Timor Oriental)", agregaron. (FIN/IPS/tra- en/si/js/at/mp/hd ip/00
