Representantes de la sociedad civil de América Central recomendaron la revisión de un Tratado Marco de Seguridad Democrática para la cooperación y defensa conjunta de la región, a fin de que su contenido no contradiga la neutralidad del canal interoceánico.
El Tratado Marco fue suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en la cumbre presidencial realizada en la ciudad hondureña de San Pedro Sula el 15 de diciembre de 1995, y responde a una iniciativa para consolidar los procesos de paz, democracia y desarrollo en la región.
En una declaración difundida en Panamá, activistas de varias organizaciones reconocieron que ese acuerdo "representa un aporte" para consolidar la paz en la región, pero recomendaron que sea revisado en función del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.
La declaración fue aprobada el viernes 17, en el seminario denominado "Soberanía, seguridad y democracia", dos días después de cumplidas las ceremonias protocolares de transferencia del canal a Panamá por parte de Estados Unidos.
La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Mirna Perla, señaló a IPS que Costa Rica y Panamá no han ratificado el Tratado Marco de Seguridad Democrática, entre otras razones porque ambos países carecen de ejército para asumir los compromisos de defensa contenidos en ese acuerdo.
Perla estimó, por otra parte, que "Costa Rica y Panamá no deberían ratificar ese Tratado mientras no sea modificado", en especial en aspectos relacionados con las garantías democráticas.
El Tratado Marco de Seguridad Democrática estipula que "cualquier agresión armada de un Estado situado fuera de la región contra la integridad territorial, la soberanía o la independencia de un Estado centroamericano será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados centroamericanos".
También prevé que los países firmantes adopten "posiciones y estrategias conjuntas" para la defensa de sus ciudadanos en el exterior.
Sin embargo, el Tratado de Neutralidad del Canal, suscrito por Estados Unidos y Panamá el 7 de septiembre de 1977, señala que en tiempos de paz o de guerra la vía interoceánica "debe permanecer segura y abierta al tránsito pacífico de las naves de todas las naciones y en términos de entera igualdad".
Esto implica que no haya discriminación contra ninguna nación, sus ciudadanos o súbditos, y la exigencia de neutralidad es aplicable a naves de guerra y sus embarcaciones auxiliares, que en ninguna circunstancia pueden para ser sometidas a inspección, registro o vigilancia.
El catedrático panameño Julio Yau, experto en derecho internacional, explicó a IPS que la neutralidad permanente del Canal podría convertirse en un "enclave jurídico" dentro del Tratado Marco de Seguridad, si Panamá lo ratifica.
El experto opinó que ese hecho no debilitaría al Tratado de Neutralidad, pero sugirió que ambos pactos sean analizados en forma exhaustiva, en procura de una zona de paz en Centroamérica, libre de armas nucleares y neutral.
Yau recordó que el Tratado de Neutralidad compromete a Panamá a manejar, proteger y mantener abierta en todo momento la vía marítima, e indicó que el país tiene la obligación de cumplir ese compromiso pese a que sus Fuerzas de Defensa fueron desmanteladas tras la invasión estadounidense que derrocó al gobierno del general Manuel Noriega, el 20 de diciembre de 1989.
El director general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Juan Zúñiga, afirmó en noviembre que el acuerdo firmado en San Pedro Sula no ha sido ratificado "por falta de un profundo análisis sobre los pro y los contra" que implicaría su cumplimiento.
Zúñiga advirtió que espera respuestas de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Autoridad Nacional del Ambiente, que examinan implicaciones jurídicas, ambientales y económicas del Tratado Marco de Seguridad.
El sacerdote católico Conrado Sanjur, presidente de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, dijo a IPS que deben incorporarse consideraciones de carácter político al análisis de la neutralidad del Canal y de la seguridad regional.
Sanjur subrayó que a la sociedad civil le preocupa un informe divulgado a comienzos de noviembre sobre un posible acuerdo de seguridad e intercambio de información entre Estados Unidos y Panamá.
Las autoridades negaron al comienzo que tal acuerdo estuviera en discusión, pero tras recibir una ola de críticas admitieron que habían recibido asesoramiento de Estados Unidos para la elaboración de un plan estratégico de seguridad nacional que involucra aspectos de la protección de la vía interoceánica.
"A todas luces, se trata de una propuesta que no ha sido elaborada en función de los intereses panameños, sino por Estados Unidos", precisó el religioso, quien abogó por un proyecto distinto en materia de seguridad y neutralidad.
Yau opinó que esa propuesta añade un nuevo ingrediente a la cuestión de la seguridad, y obliga a los pueblos de América Central a reconocer la existencia de otros documentos que circulan entre los escritorios de los gobiernos de la región y del Departamento de Estado estadounidense. (FIN/IPS/dc/mp-mj/ip/99
