El 22 por ciento de las estudiantes de secundaria de Ecuador son víctimas de acoso sexual por parte de sus profesores, según una investigación realizada por un organismo dependiente de la Presidencia.
El estudio, realizado por la Corporación de Promoción de la Mujer (Conamu) en 36 colegios privados y públicos, es el primero de este tipo que se realiza en Ecuador y el preámbulo de un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para buscar mecanismos de sanción a los agresores.
La investigación determinó también que el 38 por ciento de los estudiantes conocen hechos de abuso que afectaron a compañeros o compañeras, pero temen denunciarlo.
Los jóvenes explican el acoso sexual como parte de las relaciones de poder que se establecen entre docentes y alumnas en la mayoría de los colegios. Varias estudiantes dijeron que muchas veces los profesores les ofrecen buenas calificaciones a cambio de acostarse con ellos.
Tatiana Cordero, una las investigadoras que realizó el informe, expresó que frente al acoso sexual, los docentes culpan a las víctimas y naturalizan el delito.
También aseguró que muchos colegios tienen estructuras discriminatorias que permiten a los agresores seguir ejerciendo, mientras las víctimas se ven obligadas a abandonarlo.
"Hay ausencia o minimización de las sanciones, y casi siempre se privilegia la reputación del colegio por sobre los derechos de las víctimas", dijo Cordero.
La presidenta de Conamu, Lola Villaquirán, indicó que el estudio fue el primer paso para que el Ministerio de Educación puediera constatar la realidad de los colegios e implementar formas adecuadas para sancionar a los docentes.
"No puede seguir habiendo niñas que van a los colegios confiadas por sus padres a los profesores, y ellos violen su dignidad personal", señaló Villaquirán.
La máxima autoridad educativa de la provincia costeña de Guayas, la más poblada del país, fue la primera en pronunciarse a favor de normas que permitan castigar a los profesores que cometan cualquier tipo de violencia contra los y las estudiantes.
La subsecretaria de Educación de Guayas, Mariana Roldós, anunció que a partir de la investigación las sanciones serán mucho más severas y añadió que también deben establecerse mecanismos de prevención", porque no se debe esperar que los hechos ocurran para tomar medidas.
Para Roldós el informe es la herramienta que faltaba para dar una visión más real de lo que está ocurriendo en las aulas. También aseguró que es necesario unificar criterios en cuanto a las normas legales a instrumentar y llamar a la participación activa de padres y madres.
"Que padres y madres se involucren, porque muchas veces las cosas no se denuncian, se callan. Ellos tienen que dar confianza a sus hijos para que denuncien", comentó.
De las 25 denuncias semanales que llegan a la Dirección de Educación de Guayas, dependiente de la Subsecretaría, al menos tres son sobre acoso sexual.
Aunque no existen estadísticas sobre el número de profesores sancionados por esta causa, según el departamento de Asesoría Jurídica de la Dirección, en los últimos nueve años sólo 12 docentes fueron "destituidos de sus cargos por diferentes irregularidades".
El proceso de investigación sobre denuncias de acoso sexual cometidas por los profesores lleva de tres meses a un año y requiere de confrontación de opiniones entre el acusado y la víctima, exponiendo demasiado a ésta que muchas veces termina desistiendo en medio del proceso.
Otra traba es que muchos padres "temen que sus hijos sean sacados de clases o no les concedan matrículas", dijo Graciela Mayorga asistente técnica de la Dirección de Educación provincial.
Frente a esta realidad, la acción contra los culpables es casi nula.
Villaquirán considera que el problema consiste en que no hay conciencia de que el acoso sexual sea un delito y las estudiantes resultan perjudicadas por los largos procesos administrativos, por lo que se debe acelerar esos procesos.
El proceso comienza en el Departamento de Defensa del Educando, de la Dirección de Educación, que encarga a un funcionario la investigación por medio de encuestas en el colegio del profesor acusado.
Otros funcionarios entrevistan a las partes y a allegados. Después de meses de careos y comprobaciones, si los funcionarios involucrados en la investigación creen que existió acoso, inician un sumario administrativo a través del Departamento de Asesoría Jurídica.
La jefa de ese Departamento, la abogada Concepción Narváez, aseguró que "hay que actuar con cautela y primero comprobar el hecho", porque el acoso sexual propiamente dicho no está tipificado en la Ley de Carrera Docente.
Para juzgar a un profesor por esa causa se invoca un artículo según el cual el docente puede ser sancionado por "conducta inmoral reñida con su función".
De acuerdo a la gravedad las sanciones establecidas son amonestación, multa, suspensión y destitución del cargo. En caso de llegarse a la suspensión y destitución debe ser analizado en una Comisión de Defensa Profesional, donde se da oportunidad a que el profesor vuelva a dar sus explicaciones.
Esta comisión se conforma con tres delegados de la Subsecretaria de Educación, uno de la Unión Nacional de Educadores y otro de los profesores de la provincia donde trabaja el acusado.
Jenny Romero, subdirectora de Educación de Guayas y miembro de la Comisión de Defensa Profesional de esa provincia, asegura que a la hora de juzgar a un profesor se deja de lado la amistad o el espíritu de cuerpo.
Sin embargo, Pablo Pacheco, delegado de los docentes en la misma comisión, aseguró que muchas veces los profesores se valen de padrinos de alto nivel que dificultan la labor de investigación. (FIN/IPS/kl/ag/hd/99
