BRASIL: "Fiscales comunitarias" contienen violencia doméstica

Las mujeres del barrio Bom Jesus de la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, lograron en pocos años reducir a la mitad los casos de violencia doméstica de que son víctimas junto con sus hijos.

Este es el principal resultado de las actividades del Servicio de Información a la Mujer (SIM), de orientación y apoyo legal a la población local, según Maria Helena Mello da Silva, una de sus fundadoras.

Todo comenzó en 1993, cuando Mello da Silva participó, junto con otras 30 mujeres de Porto Alegre, en el primer curso de "promotoras legales populares" ofrecido por la organización no gubernamental Themis Asesoría Jurídica y Estudios de Género.

Durante seis meses recibió nociones básicas de derecho de familia, de trabajo, reproductivo y constitucional, además de talleres sobre enfermedades sexualmente transmisibles, cuestiones de género y captación de recursos.

Su misión, como una especie de fiscal comunitaria, comenzó por el vecindario donde vivió desde niña, un conjunto de casas pobres denominado Villa Nuestra Señora de Fátima, una de las comunidades más violentas de la ciudad.

Con sus conocimientos legales ayuda a las mujeres agredidas a formalizar denuncias en la policía, aprendió a argumentar en su defensa ante las autoridades, que las desdeñaban. Escribe requerimientos variados y ayuda a la gente a obtener los documentos necesarios.

También es llamada para intervenir en casos en que los hombres se resisten a reconocer la paternidad de hijos fuera del matrimonio y se esfuerza en convencerlos sin recurrir a la justicia. "A veces, con un buen diálogo, no hace falta ir al tribunal, basta enviar a la terapia familiar", señaló.

Esta actividad puso de manifestó una vocación de Mello da Silva, de 41 años, quien recuerda haberse revelado en su adolescencia y se atrevió a reprender públicamente a un policía que abofeteó a la madre de un joven detenido.

Hija de un policía y sobrina de un narcotraficante, conoció la violencia desde niña y sus consecuencias cuando trabajaba como enfermera, asistiendo a mujeres agredidas por sus maridos.

La activista conoce casi todas las personas del barrio, trata de recuperar a los drogadictos y logró hacerse respetar incluso por los narcotraficantes.

Entre las iniciativas que el SIM pretende poner en marcha este año se encuentra una campaña para evitar el desperdicio de alimentos y ropa vieja, en favor de los más pobres. Otra, junto a sicólogos de las cárceles, consiste en combatir las agresiones que sufren las mujeres al visitar a sus compañeros presos.

"Las víctimas no denuncian porque temen ser sustituidas por otras en las visitas", afirmó Mello da Silva.

Themis ya formó 150 promotoras populares en Porto Alegre y otras 93 en las ciudades vecinas de San Leopoldo y Canoas, informó Samantha Buglioni, asesora técnica de la ONG.

La acción de esas defensoras informales puede ser individual, pero logra coordinación y mayor amplitud con los SIM, distribuidos en seis áreas de la ciudad. En el caso del barrio Bom Jesus, se instaló en una Escuela Municipal de enseñanza primaria.

Muchas promotoras consolidaron su liderazgo comunitario con su elección para órganos públicos, como los Consejos Tutelares que protegen los derechos de los niños y adolescentes, de acuerdo a una ley específica.

El éxito de la experiencia fue reconocido por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, que decidió financiar su ampliación en el estado de Río Grande del Sur, del que Porto Alegre es capital, y su extensión a otros ocho estados del país, con el proyecto Multiplicación de Agentes de Ciudadanía.

El proyecto ya comenzó con un seminario a fines de julio en Salvador, capital del nororiental estado de Bahia, con la participación de otras 24 ONG que actuarán en los ocho estados, informó Patricia Audi, coordinadora del Programa Nacional de Derechos Humanos impulsado por la Secretaría.

Las ONG recibirán capacitación para impartir los cursos en derechos fundamentales, humanos y de la mujer. El modelo desarrollado por Themis, de 80 horas de clases durante cuatro o cinco meses, será común, pero adaptado a condiciones específicas de cada local, señaló Buglioni.

La violencia inframiliar, física, sexual y sicológica es un problema generalizado en el mundo. En América Latina afecta entre 30 y 50 por ciento de las mujeres, según varios estudios, entre los que se cuentan algunos elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En Brasil, el hecho logró "visibilidad" con las Comisarías de la Mujer, según Buglioni. Pero aún son pocas y en Porto Alegre sólo hay una, lo que limita su alcance.

Las promotoras populares, además de actuar junto a las comunidades, moviliza a las mujeres para que recurran a las comisarías comunes y a la justicia, en defensa de sus derechos, concluyó la asesora de Themis. (FIN/IPS/mo/ag/hr/99

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