Estados Unidos, impedido de promover los derechos de los trabajadores mediante agencias multilaterales, debería vincular la protección de esos derechos a todos los acuerdos de comercio e inversión, instó el Instituto de Política Económica (IPE).
Washington sólo debería otorgar preferencias comerciales a aquellos países que respeten los derechos laborales fundamentales, exhorta un informe publicado el jueves por el IPE, un grupo de expertos vinculado con sindicatos.
Según la propuesta del IPE, todos los países que desearan exportar al mercado estadounidense, el mayor del mundo, tendrían que demostrar que sus leyes y prácticas permiten a los trabajadores ejercer sus derechos fundamentales.
Esos derechos incluyen el de organización y negociación colectiva y la prohibición del trabajo infantil y forzado.
"La vía de las negociaciones multilaterales está agotada", sostiene el informe, titulado "Codificando los derechos internacionales de los trabajadores: Una alternativa práctica".
"Paradójicamente, (…) la única forma de abrir las puertas cerradas de las negociaciones multilaterales es (…) la acción unilateral del gobierno de Estados Unidos, tanto respecto de acuerdos bilaterales como de su participación en agencias internacionales de comercio y finanzas", destacó el IPE.
El informe, redactado por Jerome Levinson, un experto en derecho internacional y ex asesor general del Banco Interamericano de Desarrollo, fue publicado tras un estancamiento de tres años en la política comercial de Estados Unidos.
El Congreso ha estado dividido entre, por un lado, los partidarios de nuevos acuerdos comerciales que no incluyan una fuerte protección de los derechos laborales, y por otro, una coalición de legisladores demócratas y un pequeño grupo de proteccionistas republicanos más exigentes sobre los derechos de los trabajadores.
El presidente Bill Clinton en general se ha unido a las fuerzas pro-comerciales contra la mayoría de su propio Partido Demócrata, aunque insiste en que él también es partidario de la protección de los derechos laborales.
En realidad, Clinton dependió durante su primer mandato del apoyo de la mayoría de los republicanos para la aprobación legislativa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Desde entonces, todos los esfuerzos del presidente por obtener autoridad para negociar nuevos acuerdos comerciales fueron obstaculizados por una gran mayoría de demócratas opuestos a nuevos tratados sin una fuerte protección de los derechos laborales.
Sin esta protección, temen esos legisladores demócratas, los gobiernos pueden sacrificar los derechos de los trabajadores en aras de la competencia mundial por las inversiones.
Tal situación crearía una "carrera hacia el fondo" en la que los trabajadores estadounidenses irían perdiendo derechos hasta igualarse con otros que no gozan de la misma protección.
Aunque Clinton presionó en favor de los derechos laborales en varios foros multilaterales (incluidos el TLC y la OMC), esos esfuerzos fueron infructíferos, según Levinson.
En el caso del TLC, las oficinas administrativas nacionales creadas para supervisar los derechos de los trabajadores no tienen poderes ejecutivos.
Mientras, en la OMC, un sólido bloque de países industrializados se opuso a toda iniciativa para establecer siquiera un "grupo de estudio" sobre derechos laborales, mucho más a la adopción de sanciones para aquellos países que infrinjan esos derechos.
La administración de Clinton intentó promover el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asignando más fondos para el programa de supervisión de la agencia.
Pero la OIT, al igual que las oficinas administrativas del TLC, carece de poderes ejecutivos, y hasta ahora nunca exhortó a condicionar los acuerdos comerciales al respeto de los derechos de los trabajadores.
Finalmente, señaló Levinson, representantes estadounidenses en instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ignoran en general las recomendaciones del Congreso para hacer valer los derechos laborales en los programas y políticas de esas agencias.
"Las políticas de crédito de esas instituciones debilitan las normas laborales fundamentales", afirmó Tony Freeman, representante de la OIT en Washington.
La OIT entabló conversaciones con ambas instituciones financieras para mejorar la coordinación de su trabajo con el mandato de la agencia de las Naciones Unidas, informó Freeman. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/ip-lb/99
